Desde que se hizo público el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo', tanto Pedro Sánchez como varios de sus ministros —entre ellos, Félix Bolaños y Óscar López— han negado tajantemente que el PSOE se haya financiado de manera ilegal. Pese a esta negativa, el presidente del Gobierno anunció en su primera comparecencia una auditoría externa de las cuentas del partido. Lo hizo, además, subrayando que tomaba esta medida "a pesar de los informes positivos del Tribunal de Cuentas".

PUBLICIDAD

No obstante, este movimiento tiene una segunda lectura, más allá de arrojar luz sobre las supuestas actividades ilícitas en relación con las cuentas del PSOE: también puede interpretarse como un intento del jefe del Ejecutivo de proteger al partido de una hipotética condena en el Tribunal Supremo por un delito de financiación ilegal en relación con las presuntas mordidas cobradas por los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Fuentes jurídicas consultadas por El Independiente aclaran que el mero hecho de no realizar un control riguroso sobre las cuentas puede ser ya un indicio "de que no se están haciendo las cosas claras".

Según ha informado el PSOE, la auditoría examinará con "riguroso detalle" todas las fuentes de financiación del partido, tanto públicas como privadas, así como "todo el proceso de aportaciones de cargos públicos según la normativa legal y la normativa interna". En un comunicado, el partido aseguró que su objetivo es despejar "cualquier atisbo de duda" sobre sus cuentas, y que la revisión se centrará de forma "más concreta, detallada y específica sobre los elementos críticos de la formación".

Tal y como explica a este periódico el abogado Juan Ignacio Apoita, socio director del despacho Apoita Carvajal, impulsar una auditoría activa una de las circunstancias atenuantes previstas en el Código Penal. "La ley expone las cuestiones que pueden ser atenuantes de la persona jurídica, entre ellas establecer antes del juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos".

En concreto, el artículo 31 contempla medidas que permitan identificar y corregir irregularidades internas una vez cometidos los hechos, siempre que se adopten antes de la apertura del juicio oral. Incluso si se ponen en marcha tras descubrirse las anomalías, estas actuaciones pueden tener efectos a la hora de reducir la responsabilidad penal. Aunque la norma menciona expresamente medidas adoptadas "antes del juicio oral", el letrado subraya que lo relevante es que si, durante el procedimiento se abriera esta línea de investigación, el partido acreditase cambios significativos en su estructura. "Las atenuantes de la persona jurídica son posteriores al delito", aclara.

La ley de Partidos Políticos establece, en su artículo 9, que las formaciones deben adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión del cumplimiento del mismo. Aunque esta exigencia no conlleva sanciones automáticas, puede adquirir peso en el ámbito penal si el partido se enfrenta a un proceso judicial.

Asimismo, el letrado destaca la importancia de revisar los sistemas internos del partido. "Lo que debería hacer es una auditoría interna de riesgos penales y ver qué deficiencias hay y, a partir de ahí, una externa podría servir para descubrir el delito. Pero lo importante es ver cómo se refuerza el sistema de funcionamiento interno para prevenir los delitos".

El PSOE también ha introducido cambios en su estructura organizativa tras la salida de Cerdán. Sánchez ha sustituido el modelo unipersonal con un solo secretario de Organización por una dirección de cuatro miembros. "La directiva que han hecho ahora de cuatro miembros, que ha visto que hay riesgos en esa figura unipersonal, a todas luces, y si la gente actúa debidamente, es eficaz para evitar que donde mandaba uno, ahora haya cuatro y más control".

Sin embargo, insiste en que la efectividad de la auditoría dependerá de quién la realice. "Debe ser por un agente externo. Puede ser interno, pero en un caso de estas características, si se le quiere dar un verdadero valor, hay que acudir a un externo independiente".

Si bien la UCO no menciona expresamente las palabras "financiación irregular" en su informe de 490 páginas, sí sugiere la existencia de indicios suficientes para que se abra la vía de la financiación ilegal por parte del PSOE en el Supremo. Frente a ello, Pedro Sánchez ha negado tajantemente cualquier práctica ilegal en el partido y ha insistido en que el informe no contiene "ninguna derivación o señalamiento" que implique a su partido.

PUBLICIDAD