El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado del 'caso Koldo', ha acordado la imputación formal del hasta ahora secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por delitos de corrupción relacionado con el cobro de mordidas en amaños de obra pública y ha aplazado su declaración como él pedía hasta el próximo 30 de junio, para que su nuevo abogado pueda estudiarse la causa. Además, el juez ha decidido que la Guardia Civil rastree todas sus cuentas, inmuebles y bienes que tenga en el registro.

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El alto tribunal ha autorizado este viernes a la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado a que rastree cuentas y productos bancarios en los qeu Cerdán figure como titular, autorizado o representante, excluyendo las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias. También deberán seguir el rastro de los bienes inmuebles y los vehículos a su nombre.

En total, los agentes de la unidad de élite deberán analizar casi 500 cuentas vinculadas al político y a todos los empresarios y empresas que están acusados de pagar mordidas a Cerdán, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García.

Cerdán, comenzó siendo defendido por el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda que defiende al PSOE en el 'caso de los hidrocarburos', pero éste dejó su defensa una vez el imputado renunció a su acta en el Congreso de los diputados la psada semana. Ahora, la defensa la ha asumido Benet Salellas, un abogado catalán que, según fuentes jurídicas, es muy meticuloso y metódico y buscará los posibles fallos que haya en la instrucción. Salellas pidió esta misma mañana el aplazamiento de la declaración que estaba prevista en el Supremo para el próximo miércoles 25 de junio.

El juez lo ha aceptado dándole una semana más, pero ya no le permite que la cita sea voluntaria, sino que decide imputarlo y tendrá que declarar como investigado. Esto quiere decir que el magistrado podrá imponerle las medidas cautelares que desee: desde retirada de pasaporte o comparecencias quincenales en el juzgado, hasta prisión provisional. El escrito judicial recuerda que el alto tribunal es el competente porque Ábalos continúa aforado como diputado y, por extensión, allí se debe llevar también a todos los imputados que estén estrechamente ligados al actual diputado del Grupo Mixto. Así, en el órgano de máxima instancia se investiga a Koldo, Ábalos Cerdán y al empresario Víctor de Aldama.

Además, Puente ha requerido al PSOE que facilite a los agentes de la UCO la entrada en sus instalaciones en la sede de Ferraz para proceder al acceso y grabado del email del político. Lo mismo que en el Ministerio de Transportes para acceder al de Ábalos y en Adif para la expresidenta Isabel Pardo de Vera. Sobre esta última también hay novedades judiciales y es que el juez remite a la Audiencia Nacional --donde ella está imputada-- la documentación que podría evidenciar que ella también participó en los amaños.

Citación de cinco empresarios

El instructor acuerda también citar entre el 4 y el 7 de julio como investigados a cinco empresarios, a la mayoría de ellos ya se les practicó una entrada y registro la pasada semana, el mismo día que la UCO entró en casa de Ábalos. Se trata de Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz y Joseba Antxon Alonso.

El juez dice que "en su condición, al menos de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de estas de concretas obras públicas a cambio de precio". Para el magistrado todos ellos pudieron "haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa".

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