Es la gran pregunta: ¿en qué situación queda el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, que borra una década de delitos vinculados al procés? La respuesta es que, de momento, nada cambia, salvo que decida volver a España. La corte de garantías aún no se ha pronunciado sobre la malversación, porque el recurso del PP resuelto en este primer fallo no la mencionaba.

PUBLICIDAD

Esta cuestión es clave, ya que la interpretación que el Tribunal Supremo hace de este delito impide aplicar la amnistía a los cabecillas del independentismo, como Puigdemont u Oriol Junqueras. La amnistía excluye la malversación cuando existe un "propósito de enriquecimiento", entendido como beneficio patrimonial personal. El Supremo interpreta que el referéndum ilegal del 1-O, al financiarse con fondos públicos, supuso un ahorro económico para Puigdemont, y ese ahorro constituye un beneficio patrimonial. Por tanto, en su caso, no cabe aplicar la ley del perdón.

En todo caso, ¿qué sucedería si decidiera regresar mañana? Al pisar territorio español se activaría la orden de detención que pesa sobre él desde que huyó de España en 2017: sería arrestado, y tendría que declarar ante el instructor Pablo Llarena. Después, él puede decidir si concluye el sumario --al que sólo le falta la declaración del investigado-- y pasa la pelota al tribunal del procés, que preside Manuel Marchena, o si decide él sobre las medidas cautelares. Las fuentes consultadas explican que el expresident puede estar inicialmente en prisión, pero lo más probable es que esa situación no se alargara, habida cuenta de que la amnistía está en vigor. Lo más probable, aclaran, es que quedase en libertad con medidas cautelares.

No obstante, Puigdemont aún tiene una bala en la recámara: el recurso de amparo. Minutos después de conocerse el fallo del Constitucional, su abogado, Gonzalo Boye, anunció que presentará ese recurso para que se le aplique la amnistía —malversación incluida— y pedirá, como medida cautelar, el levantamiento de la orden de detención. Para resolverlo, el tribunal que dirige Cándido Conde-Pumpido deberá pronunciarse sobre el encaje de la malversación en la ley, que previsiblemente también avalará.

Si ocurre, el Supremo puede optar por no acatar de forma inmediata una eventual resolución del Constitucional favorable a la aplicación de la amnistía por malversación. Entre sus opciones está plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), alegando que dicha resolución podría entrar en conflicto con el derecho europeo. También puede decidir simplemente suspender su aplicación hasta que Europa se pronuncie sobre las cuestiones que ya tiene sobre la mesa en relación con el procés.

En cualquier caso, incluso si el Constitucional concluye que se han vulnerado derechos fundamentales al denegar la amnistía por malversación, ello no implicaría automáticamente que Puigdemont pueda volver sin que se la aplique ninguna medida cautelar. Antes de alcanzar ese escenario, será clave lo que determine el TJUE, cuya interpretación del derecho europeo es vinculante para todos los tribunales nacionales, incluido el Supremo.

PUBLICIDAD