El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente pretende avanzar con cierta celeridad en la investigación que acorrala al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al que fuera su asesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Y para ello, fuentes cercanas a la investigación, aseguran que se está planteando desgajar la causa para, por un lado, seguir con las diligencias relativas a los amaños de obra pública y, por otro, terminar de cerrar la instrucción de todos los demás indicios que existen desde el inicio como la contratación presuntamente irregular de Jésica Rodríguez o el cobro de comisiones por mascarillas.

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Ni en el alto tribunal ni en el Ministerio Público quieren que este asunto se eternice en la instrucción y algunas voces consideran que hay una parte del 'caso Koldo' que ya se ha terminado de esclarecer y puede ir cerrándose, es decir, encaminándose hacia juicio. La idea, dicen estas fuentes, es que la investigación principal, que llegó al Tribunal Supremo desde la Audiencia Nacional y que apunta a irregularidades en la contratación de Soluciones de Gestión, propiedad del empresario Víctor de Aldama, para surtir de mascarillas a Transportes en plena pandemia, pueda darse por terminada pronto.

Apuntan a que no quedan prácticamente ya diligencias encaminadas a comprobar dichas irregularidades porque ya se ha pedido y analizado toda la documentación al Ministerio y se ha escuchado la versión de todos los afectados. Lo mismo ocurre con la contratación de Jésica Rodríguez, la que fuera pareja de Ábalos, por parte de dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec). Ella declaró durante la investigación que nunca había acudido a trabajar y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido de las conversaciones intervenidas a los investigados que pudo falsear su horario.

Las empresas públicas, en cambio, aseguran que Rodríguez sí realizó labores durante el periodo en el que estuvo contratada. Ineco, por ejemplo, con quien mantuvo una relación laboral como auxiliar administrativa entre marzo de 2019 y febrero de 2021 aseguró que la joven había registrado 3.684 horas de trabajo y que hacía partes semanales sobre lo que la ocupaba. Lo cierto es que poca diligencia más se puede realizar para conocer la verdad, más allá de las que ya constan en el sumario, y algunas fuentes consideran que todos los indicios de un lado y del otro están listos ya para exponerse en un juicio. Lo mismo ocurriría con la contratación de la que fuera Miss Asturias en 2017 Claudia Montes.

Otro de los vértices de estas pesquisas que creen que puede estar finiquitado es el de las supuestas prebendas de la trama de Aldama hacia Ábalos. Por un lado, el piso en Plaza de España que el socio de Aldama, Alberto Escolano, pagó a Jésica Rodríguez durante años, según confirmó él mismo. Un inmueble cerca de Ferraz que ella también explicó que se le había sufragado entre marzo de 2019 y 2021, y así lo apuntalan los wasaps que constan en la causa. Para la Fiscalía Anticorrupción esto es un claro pago con el que los empresarios de mascarillas o hidrocarburos agasajaban al político para conseguir un trato favorable.

Lo mismo ocurre con el chalé de La Alcaidesa (Cádiz) que fue comprado, de nuevo, por una empresa del conglomerado societario de Aldama por valor de 526.000 euros y en el que Ábalos pasó un verano de alquiler. Él asegura que pagó religiosamente las mensualidades, pero la Fiscalía cree que fue otra manera de pago de la trama. Como lo considera de la villa de 1.200 euros en Marbella en la que el diputado del grupo mixto se alojó unos días. "Esto sale gratis por las molestias generadas", le dijo Koldo García, según consta en el sumario. Anticorrupción sospecha que fue como agradecimiento de los empresarios después de que el Gobierno se comprometiera a rescatar Air Europa.

Además existen otros pisos que han estado en el foco de la investigación, como el del Paseo de la Castellana número 164 que Aldama compró para que luego, supuestamente, se lo recomprara el ministro. Para el juez Puente se le ofreció por un precio "aparentemente muy inferior al mercado" (tenía 250 metros cuadrados y la compra-venta estuvo estipulada en 750.000 euros), si bien el exministro se defendió alegando que nunca llegó a firmar el contrato ni le dieron las llaves del piso.

Las versiones entre los investigadores y las defensas, como suele ocurrir, no coinciden, pero para las fuentes consultadas poca gestión más se puede hacer para esclarecerlas. El sumario cuenta con wasaps, conversaciones y documentación de todos estos extremos y el juez ha escuchado las versiones de todos los protagonistas. Quedaría por saber, eso sí, si en el teléfono móvil que a prinicipios del pasado mes de mayo la UCO le clonó a José Luis Ábalos durante el registro de su vivienda queda algún indicio más que aportar a la instrucción.

En cualquier caso, el juez Puente puede terminar de atar estos hilos y conducir el asunto hacia la siguiente fase, quedándose con la investigación de todo el amaño de obras públicas. El juez de la Sala de lo Penal abrió para ello una pieza separada en la que ahora la Guardia Civil seguirá aportando toda la documentación. Aquí sí quedan numerosas diligencias por practicar. Comenzando por escuchar a los empresarios propietarios de las constructoras bajo el foco que declaran entre este viernes y el próximo lunes.

La UCO todavía tiene que analizar toda la documentación encontrada en sus viviendas y sus empresas y cruzar los datos con las licitaciones públicas. Las obras supuestamente manipuladas pueden crecer, incluyendo las que había apuntado Aldama. Si el PSOE terminara imputado o alguna otra persona se viera implicada sería, siempre, en el marco de esta pieza y no de la investigación principal y, por eso, esta última puede avanzar a otra velocidad.

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