La Fiscalía se opone a que el Tribunal Supremo acepte la petición del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de investigar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presuntos delitos de falso testimonio y malversación en el 'caso Begoña Gómez'.

Fuentes con acceso al recurso del Ministerio Público explican a El Independiente que el fiscal ha descartado que existan indicios suficientes como para abrir una causa penal contra Bolaños. En su informe ante la Sala de Admisión del alto tribunal, considera que el juez instructor no ha acreditado que la asistente de la mujer del presidente del Gobierno en Moncloa, Cristina Álvarez, realizara tareas privadas ajenas a su función pública, ni tampoco en qué medida Bolaños —que entonces era secretario general de la Presidencia— tenía responsabilidad sobre dichas actuaciones en caso de haberse producido.

Según estas mismas fuentes, el fiscal echa en falta que Peinado concrete qué actividades privadas desempeñó Álvarez al margen de su marco laboral, así como que acredite el conocimiento por parte del ministro de esas supuestas funciones. Añaden que tampoco detalla la relación jerárquica entre ambos que pudiera implicar alguna responsabilidad por parte de Bolaños, ni el control que ejercía sobre los fondos públicos presuntamente malversados.

Peinado acudió a la Sala de lo Penal del Supremo, la única competente para decidir sobre la apertura de una investigación contra un miembro del Gobierno, alegando que existen "indicios razonables, sólidos y cualificados" contra Bolaños. Basaba el delito de falso testimonio en las contradicciones que apreció tanto en su declaración como testigo como en la del responsable de personal de Moncloa, Raúl Díaz.

El instructor citó al ministro tras recoger el testimonio de Alfredo González, que era vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno cuando en julio de 2018 se contrató a Álvarez, porque éste apuntó a Bolaños como su superior jerárquico del momento, del que dijo que dependían realmente los nombramientos discrecionales. El ahora ministro se desmarcó de la designación de la asesora de Gómez, indicando que el responsable "sería la persona que envió un certificado con las funciones de la misma", mencionando en este sentido a Díaz.

Sin embargo, éste lo negó declarando ante Peinado hasta dos veces para darle "la posibilidad de que recabara la información suficiente" para "facilitar el nombre de la persona que el juzgado pretende conocer" pero en ambas ocasiones "indicó que lo desconocía". Con todo, el juez considera que Bolaños "ha omitido, con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones, que respondieran a una verdad, que conocía, cuando se le han hecho preguntas, como testigo, y bajo juramento".

En cuanto a la malversación, Peinado razonó que Bolaños era el responsable de velar por los fondos públicos con los que se pagó a Álvarez para que asistiera a Gómez no solo en su faceta de mujer del presidente del Gobierno sino también en sus actividades privadas. Así las cosas, el instructor sostiene que Bolaños "ha podido participar directamente en el nombramiento de Álvarez como personal eventual y ha conocido o no ha controlado las tareas llevadas a cabo por la misma, percibiendo sus retribuciones de una partida de los Presupuestos Generales del Estado".