La investigación del caso Koldo está lejos de mostrar toda la presunta corrupción que tuvo lugar alrededor del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, hasta 2021, y bajo la influencia del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, después.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está siguiendo el rastro del dinero para poder hacer una fotografía completa de la causa. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, no descarta que, en el curso de la investigación, puedan aparecer más obras de las que se cobrasen mordidas por parte de Ábalos, Cerdán y el exasesor Koldo García. Y en eso están los agentes.

Los investigadores rastrean a los empresarios implicados. Buscan en sus empresas, actuales y pasadas dentro del marco temporal de la investigación, si pudieron comprar más adjudicaciones de las ya expuestas en el último informe entregado al magistrado y que implicó de lleno a Cerdán en la trama.

Por el momento hay tres empresas salpicadas: Acciona, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR). De esta última, en el citado informe los agentes señalan, por ejemplo, que uno de sus administradores, Antonio Fernández Menéndez, era apoderado de Construcciones Pérez Jiménez entre 2016 y 2023. En esa época es cuando entró en contacto con Koldo.

Según los mensajes analizados del exasesor, el cuñado de Fernández, Antonio Merino (responsable de Acciona e implicado en la trama), escribió a Koldo para presentarle a su familiar político. El 11 de diciembre de 2018, Merino le preguntó por la localización de una reunión a la que asistiría Fernández. La Guardia Civil señala que le envió un correo de parte de la empresa Construcciones Pérez Jiménez. Ahí se pedía una cita con la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a la que iría Fernández en calidad de director gerente de la constructora.

Aunque esa otra constructora no está implicada, es un ejemplo de cómo la UCO está revisando la trayectoria laboral y empresarial de los investigados. Al mismo tiempo, rebuscan en la vida de los políticos investigados para encontrar el dinero. Y no sólo de ellos, si no también de familiares y amigos por si actuasen como testaferros para esconder las supuestas mordidas.

Como ya contó El Independiente, la Guardia Civil ha recopilado una lista que incluye 400 cuentas bancarias en 35 entidades financieras en nueve países, entre los que están Marruecos, Brasil o Ecuador. En ese último país tienen tres cuentas dos de los empresarios que se habrían beneficiado de la trama: Daniel Fernández Menéndez, director de la empresa OPR y hermano del citado Antonio Fernández; y José Ruz, propietario de LIC y quien hablaba con Koldo a través de comunicaciones encriptadas. Los hermanos y este último constructor están citados este viernes en el Tribunal Supremo.

Las obras

En el informe Cerdán, la UCO puso el foco en varios empresarios vinculados a adjudicaciones irregulares de obra pública. Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR), junto a Acciona, son las empresas que están bajo la lupa por su posible vinculación con otras compañías implicadas en las investigaciones. Según las pesquisas, obtuvieron contratos millonarios que ahora están siendo objeto de seguimiento.

José Ruz figura como administrador de LIC, una constructora con sede en la Comunidad Valenciana que acumuló adjudicaciones públicas por un total de 78,8 millones de euros, según el informe del Instituto Armado.

Entre los proyectos bajo investigación se incluyen obras de emergencia ejecutadas en 2020 para estabilizar taludes en la línea de ancho métrico de Asturias (592.053 euros), trabajos de conservación de carreteras en Teruel adjudicados en 2021 (5,77 millones), y un contrato valorado en 72,4 millones otorgado en 2019 para la autovía A-12 del Camino de Santiago, entre La Rioja y Burgos.

En este último caso, la empresa logró la puntuación global más alta a pesar de presentar la decimocuarta oferta más cara, gracias a los 100 puntos obtenidos en el apartado de juicio de valor, un criterio que ha llamado la atención de los investigadores.

Los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez están al frente de OPR, una firma especializada en obras hidráulicas y de regadío que también aparece en el centro de las pesquisas. Según la Guardia Civil, esta empresa se adjudicó al menos tres contratos públicos. El único con importe conocido asciende a 7,38 millones de euros y corresponde a la adaptación parcial de la autovía A-63 en Asturias, en 2019.

Los otros dos contratos, adjudicados en 2019 y 2021 en Úbeda (Andalucía) y Monforte-Lugo (Galicia), no tienen cuantía detallada. En uno de ellos, los agentes destacan que OPR presentó una oferta técnica "muy, muy floja", según trasladó el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, a Koldo. Aun así, la compañía se llevó el contrato. En una conversación intervenida, Herrero llegó a reconocer que estaban "enredando" para "tener más control" en futuras licitaciones.