Fue un oxígeno frágil, de dudosa calidad. El presidente del Gobierno lo sabe. La semana pasada el pleno en el que Pedro Sánchez tuvo que dar explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción en el PSOE no convenció del todo a sus socios. En especial al PNV. Los nacionalistas aseguraron que su grado de confianza hacia el Ejecutivo va “camino de la UCI” y que echan en falta muchas explicaciones. Pero por el momento, los nacionalistas no le dejarán caer. No hasta que cumpla los compromisos a los que se comprometió al recabar su apoyo a la investidura en 2023 y que ahora, un débil presidente parece dispuesto a satisfacer a la mayor brevedad en aras a asegurar su supervivencia.

Este lunes la cita del Gobierno es con Salvador Illa para apuntalar los apoyos en Cataluña y un día después, el encuentro será de Sánchez con el lehendakari para hacer lo propio en Euskadi. En poco más de un año en el cargo, Imanol Pradales ya se ha visto en más ocasiones que Urkullu en su último mandato. Este martes volverá a visitar el Palacio de La Moncloa en una cita con la que el Ejecutivo vasco y el PNV confían en dar el último empujón a la principal promesa pendiente que tiene Sánchez: el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika.

El PNV escenifica que su apoyo a Sánchez se ha debilitado. En ocasiones insinúa que pende de un hilo, o de otro informe negativo de la UCO, pero ahora sólo es eso. Los nacionalistas han dejado claro que su desconfianza con el PP es absoluta y que por el momento aún le resta algo de crédito al presidente del Gobierno como para seguir apuntalándolo. En Sabin Etxea saben que la oportunidad quizá no vuelva a repetirse y que es tiempo de apretar y procurar que los acuerdos se cumplan.  

El acuerdo de los acuerdos sería completar el Estatuto de Gernika. El camino en este objetivo ha sido largo. Se inició con la primera investidura de Sánchez en 2019 que el PNV apoyó y se ha tenido que reafirmar con la última, la votada en 2023. En todos estos años el objetivo de los nacionalistas ha sido arrancar a Sánchez todas las transferencias pendientes recogidas en el Estatuto de Gernika de 1979, 37 en total al inicio de los gobiernos de Sánchez. Los plazos para su cumplimiento completo se han ido retrasando.

Un apoyo 'ley a ley'

El último compromiso firmado por el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se remonta a noviembre de 2023. En él Sánchez accedía a que en 2025 el Estatuto de Gernika estuviera cumplido. Por el momento, el PNV ya ha logrado traspasos relevantes como la gestión de las prisiones o de los servicios de Cercanías. También la gestión del litoral, la gestión de Ingreso Mínimo Vital (IMV), la acogida de inmigrantes o la vigilancia de los puertos, entre la casi una veintena de materias ya cedidas.

La oportunidad los nacionalistas la consideran histórica. La reivindicación de desarrollo íntegro de un Estatuto incumplido desde hace 45 años ha sido una constante los últimos años. Pero el PNV teme que el tiempo no sea el que marque la legislatura, que los acontecimientos se precipiten y los plazos para obtener réditos del Gobierno Sánchez se acorten. De ahí que ambas partes hayan pisado el acelerador, unos necesitados de apuntalar el apoyo y los otros de lograr réditos sin demora.

El temor a que el escándalo en torno al PSOE siga creciendo está sobre la mesa. Ayer el presidente del PNV, Aitor Esteban, aseguró que su apoyo no es pleno. Los nacionalistas han rebajado mucho su discurso de respaldo a Sánchez: “Iremos ley a ley y día a día”, aseguró en una entrevista al Grupo Vocento. Esteban recuerda que sigue pendiente de dar más explicaciones. También de cumplir el acuerdo de investidura que firmó con Ortuzar el 10 de noviembre de 2023. El presidente del EBB añade que el PNV ya ha hecho su parte –apoyar la investidura y al Gobierno- pero que en cambio el Ejecutivo sigue sin cumplir: “Nosotros no tenemos que cumplir más, el acuerdo no dice que tengamos que apoyar todas las leyes, pero Sánchez sí tiene parte del acuerdo sin cumplir”.   

La cita de este martes es especialmente relevante. En ella se abordará el cierre de otra de las grandes transferencias históricamente reclamadas por el Gobierno vasco: la gestión económica de la Seguridad Social. Por el momento será sólo un primer paquete que incluirá las prestaciones no contributivas. En ellas se cederá a Euskadi la gestión de prestaciones como las ayudas por nacimiento, por acogida de hijos menores con discapacidad, por familia numerosa, por familia monoparental o por cuidado de padres o madres con discapacidad, entre otras. El Estado mantendrá la prerrogativa para legislar sobre estas materias, pero Euskadi pasará a gestionarlas íntegramente. En lo relativo a las políticas activas de Empleo el País Vasco las gestiona desde 2010 y ahora reclama poder hacer lo mismo con las políticas pasivas de empleo o con las prestaciones del paro.

Encuentro bilateral con amplia agenda

El Gobierno de Pradales lleva meses apelando a la necesidad de erradicar “miedos” que perpetúan la resistencia a hacer cesiones en materia de Seguridad Social. Recuerdan que la gestión económica está recogida en el Estatuto Vasco y que en ningún caso supondrá “romper la caja única” ni alterar el principio de “unidad y solidaridad”.

Sánchez sabe que ahora su prioridad es restablecer la confianza maltrecha con sus socios. En el ambiente seguirá sobrevolando la amenaza de los nuevos informes de la UCO que puedan complicar aún más el escenario hasta hacerlo insostenible. Pero hasta que eso pueda ocurrir o no, la pretensión es seguir adelante, aspirar a agotar la legislatura y a arrancar cesiones al Ejecutivo. Los nacionalistas catalanes han resucitado la urgencia de la cesión de la financiación singular de Cataluña que el Gobierno está ahora dispuesto a atender y los nacionalistas vascos sumarán mañana más capítulos a sus demandas, además del cumplimiento del Estatuto de 1979.

En el orden del día de la reunión entre Sánchez y Pradales también figuran cuestiones importantes para los nacionalistas vascos como la oficialidad del euskera en la Unión Europea, la creación de la ‘macrorregión’ atlántica, la gestión migratoria o la inversión en redes eléctricas. También cuestiones relacionadas con la conectividad en Euskadi, la red ferroviaria, infraestructuras viarias o la descarbonización.

En el trasfondo del encuentro estará la reclamación que el PNV viene realizando para que el Estado impulse la operación de rescate en Talgo. La petición pasa por permitir que la SEPI, a través del Ministerio de Transporte, se abra a sumarse al Consorcio conformado por el Gobierno vasco, el industrial José Antonio Jainaga y las fundaciones de BBK y Vital para rescatar del endeudamiento a la compañía ferroviaria. La reclamación es que la SEPI concrete el préstamo de 150 millones necesario.

¿El nuevo estatuto vasco el siguiente paso?

En el acuerdo de investidura suscrito entre el PNV y el PSOE –el segundo tras el de 2019- se incluía, además del cumplimiento del Estatuto de Gernika, otro compromiso: aprobar “con urgencia” un nuevo estatuto vasco. El plazo establecido fue hacerlo realidad en 2025 y que en él se reconozca a Euskadi como una “nación” con capacidad de relación “bilateral” con España, de igual a igual. A cambio de los cinco votos de apoyo para investir al candidato del PSOE, el compromiso adquirido por Sánchez era llevar adelante una “negociación de buena fe” y teniendo los “derechos históricos” como justificación.

El acuerdo que el PNV suele recordar incluso contemplaba el procedimiento; primero facilitando la aprobación del nuevo estatuto vasco en la Cámara vasca y después en el Congreso de los Diputados, para su validación posterior –en referéndum- del pueblo vasco. Ambas partes detallaban que ese autogobierno que se negocie deberá incluir el “reconocimiento nacional de Euskadi”, además de salvaguardar sus competencias, blindarse con un sistema bilateral de garantías en la relación entre Euskadi y España y hacerlo siempre bajo la salvaguarda de la foralidad vasca.

Esta promesa parece por ahora arrinconada, paralizada. Ni las condiciones políticas ni el contexto político actual parecen favorables para alcanzarlo.