Los inspectores y los técnicos de Hacienda comparten diagnóstico tras el acuerdo alcanzado este lunes entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat que preside Salvador Illa sobre el modelo de "financiación singular" para Cataluña. Un "patada hacia adelante" sin visos de prosperar. "La Comisión Bilateral ha visto la imposibilidad de llevar esto a la práctica, al menos en el corto plazo", dice José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en conversación con El Independiente.
El acuerdo del PSOE con ERC para la investidura de Illa contemplaba recaudar y gestionar todo el IRPF por parte de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) a partir de 2025. Pero los expertos señalan que es imposible alcanzar este objetivo. "Han puesto negro sobre blanco que es imposible que la ATC haga lo que hace hasta ahora la Agencia Tributaria estatal (AEAT)", añade Peláez.
Por un lado, hay una insuficiencia clara de medios humanos y materiales. Solo con el IRPF, se trataría de recaudar de golpe seis veces más de lo que recauda ahora la Administración catalana. "El propio conseller es consciente de las dificultades para materializar este acuerdo. Creemos que esto no va a llegar a término", apunta José María Mollinedo, secretario general del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
La agencia autonómica cuenta con algo más de 850 funcionarios, frente a los más de 4.200 que tiene la estatal destinados en Cataluña. Una región "deficitaria" en cuanto a opositores para la administración central. Y hay consenso en que salvo un pequeño grupo de técnicos de Hacienda que sí tienen arraigo en la región, el resto no tendría incentivo alguno para dejar de pertenecer a la administración estatal. "Los inspectores no tienen ninguno y mucho menos económico", comenta Mollinedo.
En opinión del sindicato, serían necesarios hasta 5.200 funcionarios, de los que al menos 2.000 serían inspectores. Y organizar es cuerpo podría llevar hasta una década a la Generalitat. Además de disponibilidad presupuestaria, dotar de medios humanos a la ATC requeriría convocatorias anuales de empleo público con unas oposiciones distintas a las que hasta ahora hacen los funcionarios de la agencia autonómica. "Y si la plantilla son 850 ahora, no van a sacar 850 todos los años", añade Mollinedo.
Además de recursos humanos, la gran clave gira en torno a las herramientas informáticas que permiten realizar con eficacia la recaudación y el control tributario. La potencia del software que maneja la Agencia estatal es muy complicado de replicar en Cataluña, por lo que solo cabría la posibilidad de cederlo a medio plazo. Pero los partidos independentistas como ERC o Junts no quieren ni oír hablar de esa posible dependencia de la Administración central.
De momento, el acuerdo recoge la formación de un "grupo de trabajo" para avanzar en el proceso, sin dar cifras ni fechas concretas. Pero "sin las aplicaciones y los medios humanos, todo es un brindis al sol", insiste Peláez. La organización sostiene que mientras no se modifique la normativa, se trata "de un régimen ilegal, que vulnera los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la Constitución".
Más allá de los recursos personales y materiales, está la cuestión de los tiempos. Dadas las modificaciones legales necesarias, los técnicos de Hacienda dan por descontado que la promesa se quedará en agua de borrajas. "La gestión del IRPF comienza en enero, con las retenciones y no da tiempo a cambiar el sistema en cinco meses", recuerda Mollinedo.
Un modelo "extensible"
Los inspectores, por su parte, no discuten el punto de partida de la reforma, que contempla también la desaparición del mecanismo de entregas a cuenta. Pero avisan: "El modelo de financiación autonómica esta desfasado [sin renovar desde 2014], pero eso no implica que se tenga que inventar un modelo exclusivamente para Cataluña". La tesis que defiende el Gobierno es que se trata de un modelo "extensible" al resto de Comunidades Autónomas mediante el que la que quiera, puede pedir gestionar lo mismo que el Govern. Algo que los inspectores tachan de "imposible".
"Supone un invento no regulado en ningún sitio; es un régimen no previsto en la Constitución, la ley de Financiación Autonómica o las normas de desarrollo", critica Peláez. Pero además, "si se generalizara, todos los impuestos serían recaudados por las CCAA y el Estado se quedaría sin los fondos que necesita para pagar su modelo y cumplir sus funciones", avisa. Entre otros, la inyección anual de más de 50.000 millones a la Seguridad Social para pagar pensiones, los intereses de la deuda pública, el Ingreso Mínimo Vital o las prestaciones por desempleo. "Iríamos a un modelo confederal sin ingresos para el Estado central", remata.
Pese a las dificultades, el movimiento del Ejecutivo para contentar las demandas de sus socios en Cataluña molesta no solo por las formas, sino también por el fondo. "Todavía ningún experto ha señalado ningún argumento técnico ni punto positivo de hacer esto. Solo obedece a motivos políticos", remata Peláez. Si siguen adelante, "pondremos el grito en el cielo porque dinamita el sistema tributario", concluye.
Para Mollinedo, el acuerdo se dará de bruces más pronto que tarde con la realidad parlamentaria, que bloqueará los cambios legales necesarios para acometer el traspaso de la gestión de los impuestos. Si hubiera acuerdo político para sacar adelante el modelo, debería tener mayoría amplia de las Cortes Generales. El Gobierno prevé llevar el modelo al Consejo de Política Fiscal y Financiera tras el verano.
Pero, en todo caso, la aritmética no invita al optimismo, pues no solo Junts pone pegas, sino que Podemos y algunas formaciones dentro de Sumar se oponen a apoyar los cambios. Además, si los trámites se alargan, la convocatoria de elecciones generales en 2027 haría decaer los proyectos de ley en marcha y obligaría a empezar de nuevo. Todo, si Pedro Sánchez no aprieta antes el botón nuclear para convocar a las urnas.