La Guardia Civil de Bizkaia ha desarticulado un grupo criminal especializado en extorsiones sexuales a través de Internet e investiga a cuatro mujeres como presuntas autoras de los hechos.
Según informa EFE, a las investigadas en esta causa, que han sido citadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, se les atribuyen los delitos de extorsión, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, según ha informado este miércoles la Guardia Civil.
La operación, denominada 'Trabazone', se inició tras la denuncia de un vecino de Barakaldo, presentada a mediados del 2023, en la que relató haber accedido a una página web de contactos en la que se anunciaban servicios sexuales.
Aunque no llegó a contratar ninguno de ellos, comenzó a recibir mensajes y llamadas desde diferentes números que le amenazaban con represalias si no realizaba pagos por supuestos servicios contratados.
El denunciante accedió a realizar pagos mediante una plataforma de de pagos, enviando un total de 1.300 euros en cuatro transacciones, y la investigación se centró en analizar los movimientos bancarios asociados, las líneas telefónicas utilizadas y los dispositivos desde los que se realizaron los contactos.
La Guardia Civil consiguió vincular las llamadas a un total de 16 líneas telefónicas de prepago, todas ellas activadas en distintos terminales móviles, utilizados con el fin de dificultar el rastreo policial
Los delincuentes publicaban anuncios falsos en páginas web que ofrecían servicios de tipo sexual, destinados principalmente a hombres.
Cuando los interesados accedían a las páginas y proporcionaban un número de contacto, comenzaban a recibir mensajes intimidatorios a través de mensajería instantánea por parte de supuestos 'jefes' de las chicas, reclamando pagos por haber solicitado servicios que no llegaron a realizarse.
Las víctimas eran amenazadas con represalias físicas y sociales, como visitas domiciliarias, difusión pública del supuesto comportamiento, o represalias si tenían pareja.
Los investigadores identificaron a cuatro autoras de los hechos, todas ellas residentes en Valencia, una de las cuales ya estaba encausada en otros procedimientos judiciales por delitos similares, y comprobaron la existencia de siete víctimas en las provincias de Bizkaia, Castellón, Ciudad Real, Murcia, Guadalajara y Almería.
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