La asociación de la Guardia Civil Jucil ha denunciado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el Tribunal Supremo por los disturbios ocurridos en Torre Pacheco, Murcia. Los agentes consideran que el responsable de la seguridad del Estado pudo incurrir "en una dejación grave de funciones en la planificación y protección de los agentes".

La denuncia penal contra Marlaska es a título de "mando supremo" del Instituto Armado. Uno de las principales críticas que han hecho los agentes sobre el dispositivo es el tardío despliegue del Grupo de Respuesta y Seguridad (GRS), tal y como adelantó El Independiente. Los agentes de la unidad de élite llegaron cuatro días después del estallido social. Jucil considera que fue una orden "puramente política".

El municipio murciano de Torre Pacheco vivió jornadas de alta tensión entre ultras e inmigrantes. Todo comenzó con la agresión a un anciano de 68 años, Domingo, por parte de un magrebí sin aparente motivo. La extrema derecha aprovechó el suceso para echar gasolina en las redes sociales, señalando a un supuesto problema de inmigración como el germen de la agresión.

Hasta el pueblo, de unos 40.000 habitantes, se desplazaron grupos de corte neonazi, ultras de fútbol y simpatizantes de partidos políticos como Vox. Las primeras jornadas fueron las de mayor tensión, con más de una decena de detenidos, agentes agredidos, establecimientos vandalizados y ataques a vehículos.

Entre los arrestados está el agresor del anciano. Fue detenido en Rentería, en el País Vasco, cuando planeaba su fuga a Francia. Le constan antecedentes por robos con violencia. También otras dos personas, que presuntamente le habrían ayudado a escapar y a encubrir el delito. La Guardia Civil pudo dar en Mataró (Barcelona) con el joven que, desde el otro lado de la trinchera, azuzó una "cacería" de inmigrantes a través de la plataforma Deport Them Now y su canal de Telegram, que ha sido cerrado.

Marlaska, en Wimbledon

Los guardias civiles han cargado duramente contra Marlaska. Durante los enfrentamientos más duros, estaba haciendo de ministro de jornada en Londres, acompañando al rey Felipe VI en la final del campeonato de tenis que disputó Carlos Alcaraz.

"Se podría calificar como una dejación de funciones, dado que mientras todo ocurría en el municipio, el ahora denunciado se encontraba en Wimbledon, asistiendo al campeonato de tenis", selaña Jucil en un comunicado.

En la denuncia presentada en el Tribunal Supremo, Jucil argumenta que "si bien, desde el viernes que comenzaron dichos altercados, el Estado español, y concretamente en su condición como responsable directo el ministro de Interior, no realizó acto alguno para movilizar a las fuerzas de seguridad de la Guardia Civil operativas al lugar de los hechos, hasta el día 13 de julio, domingo, es decir, tres días después de que comenzaran los hechos".

De acuerdo con este relato de los hechos, "todos los recursos (de la Guardia Civil) se encontraban activados desde el jueves, día después de la agresión sufrida por el vecino en la localidad, según la delegada del Gobierno en Murcia, pero efectivamente las fuerzas desplegadas por el Ministro de Interior, de los grupos especializados de la Guardia Civil, no fueron comisionados hasta el lunes, cuatro días después". De hecho, fue el lunes cuando comenzó su función el pelotón del GRS formado por 18 agentes. Según la asociación, "dicho retraso en el despliegue fue puramente político, pues dichos grupos se encuentran especializados y preparados para actuar prácticamente al instante".

Entre el viernes 11 de julio y el lunes 14 sólo se constata la actuación de las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia desplazadas desde Murcia y Cartagena. En ausencia de los GRS, recayó sobre estas unidades, en colaboración con la Policía Municipal, la protección de los ciudadanos, cuando ya se registraban los primeros enfrentamientos entre vecinos y grupos ultras. "Los miembros de las USECIC carecen de medios adecuados para intervenir en este tipo de altercados".