El Ayuntamiento de San Sebastián y el Ministerio de Defensa han firmado este miércoles la compraventa de los cuarteles de Loiola, que el Ejército ocupa desde hace un siglo en la ribera del río Urumea y en cuyos terrenos el consistorio planea construir 1.700 viviendas, todas ellas de protección oficial.

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Aunque la adquisición de los cuarteles ha sido una reivindicación histórica del Ayuntamiento a la que han aspirado varios alcaldes, la oportunidad real de que Donostia se hiciera con esos terrenos -17 hectáreas- surgió del acuerdo alcanzado a finales de 2020 por el PNV con el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los presupuestos del ejercicio siguiente.

Hoy ha culminado con éxito un largo y complicado proceso que ha tenido que salvar diversas dificultades, como un recurso de Vox, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó parcialmente y ordenó proteger los cuarteles e incluirlos en el catálogo municipal.

Firma de escrituras

Esa decisión fue recurrida en casación por el consistorio y la Abogacía del Estado y este mismo mes de julio, por un incumplimiento procedimental, el Tribunal Supremo anuló el fallo del alto tribunal vasco y dejó sin efecto la protección, aunque la sentencia no ha tenido mayor alcance porque ya se había previsto mantener las fachadas afectadas.

La compraventa se ha materializado con la firma de las escrituras de compraventa en el consistorio donostiarra por parte de la directora gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), María Ángeles Cano, y del alcalde de San Sebastián, Eneko Goia.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha aplaudido que finalmente se haya hecho realidad esta vieja aspiración de la capital guipuzcoana. "Esto es política útil. Así es como trabajamos en el PNV, buscando soluciones para la ciudadanía vasca en las negociaciones que peleamos cada día en Madrid", ha remarcado. 

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