El Gobierno reunió el pasado jueves 17 a miembros del Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio de Transformación Digital en el Palacio de la Moncloa. El tema a tratar fueron las dudas que despertó en Estados Unidos un contrato suscrito por el departamento de Fernando Grande-Marlaska con la empresa china Huawei, según ha podido saber El Independiente en exclusiva y ha confirmado de tres fuentes distintas.
El lunes 14, el Comité de Inteligencia del Parlamento norteamerivano emitió un comunicado en el que afirmaba que "España está jugando con fuego al poner en riesgo su seguridad nacional y la de sus ciudadanos". Dos días después, el miércoles, los responsables de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes pidieron a la jefa de la materia de la Casa Blanca, Tulsi Gabbard, revisar los acuerdos de intercambio de información con nuestro país por un supuesto riesgo de que el Gobierno chino puediese acceder a datos sensibles.
La advertencia obligó al Ejecutivo a reunir a los equipos competentes para analizar si existía tal amenaza y pedir explicaciones del contrato. Hasta la Moncloa llegaron agentes del CNI, altos cargos de Interior y del Ministerio que dirige Óscar López.
El fondo del asunto es un contrato que Interior adjudicó hace unos meses a Huawei. El acuerdo, de 12,3 millones de euros, es para custodiar grabaciones policiales dentro de investigaciones encargadas por los juzgados. España ha adjudicado varios contratos en los últimos 10 años a la compañía tecnológica, como los del almacenaje del sistema de escuchas Sitel. También la Secretaría de Estado de Seguridad, la Comisaría General de Información de la Policía o la Unidad Central Operativa (UCO), entre otros.
"España se ha vuelto vulnerable"
En la nota, Estados Unidos señaló que "España se ha vuelto vulnerable a claras amenazas a su seguridad y a su soberanía" y que ponía en riesgo "a sus aliados en todo el mundo". "Cada país que abre sus puertas a Huawei solo brinda más oportunidades a la empresa controlada por el Partido Comunista Chino para extraer datos que utiliza para promover sus objetivos geopolíticos". Algunos expertos creen que más que una preocupación real, el país norteamericano ha tratado de desestabilizar a España con una noticia más que cuestionable.
Las fuentes consultadas discrepan de la capacidad de influir o del supuesto acceso que Huawei pueda tener a los datos que almanezan sus productos. En primer lugar, en esos servidores no se guardan secretos de Estado, ni información confidencial o restringida, ni datos OTAN. Tan sólo audios grabados en el marco de investigaciones policiales.
Entre esas causas, algunas afectan a ciudadanos chinos o la mafia originaria del país. Pero es difícil que pudiesen tener acceso, ya que los terminales tienen su propia red de internet privada, sin estar conectados al exterior. Funcionan de manera estanca, sin que desde fuera puedan acceder. Para poder hacerse, debería haber una importante brecha de seguridad que ni Interior ni Inteligencia han detectado.
La mejor oferta
Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes del ministerio de Grande-Marlaska para que explicasen a qué conclusiones se llegó en la reunión, pero han preferido no hacer comentarios. Sólo se han limitado a informar que el contrato no conlleva "ningún riesgo para la seguridad. La contratación cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad por autoridades de certificación independientes".
Y es que Huawei, en el concurso público, presentó la oferta más favorable. Fuentes conocedoras explican que no contratar a la multinacional china habría sido incurrir en prevaricación, ya que opera en España como una empresa normal y no tienen sanciones.
En nuestro país, los intereses de la china están defendidos por el lobby Acento, propiedad del exministro José Blanco, y con varios políticos y familiares de cargos públicos en plantilla. El Registro de Transparencia de la Comisión Europea señala que la empresa mantiene un contrato con la tecnológica por valor de hasta 300.000 euros, como contró este periódico.
Distintas informaciones han señalado al socialista como el facilitador de las relaciones comerciales entre España y Huawei. Pero no el único. En los últimos años, el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapataro, también ha trabajado en aras de acercar las relaciones del Ejecutivo con China. Como contó El Confidencial, el socialista montó un lobby con un empresario chino controlado por el CNI. También se ha cuestionado el papel de la pareja del ministro José Manuel Albares, Therese Jamaa, que fue número dos de la compañía y ahora trabaja en Hispasat.
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