Todavía no es posible acotar hasta dónde se extienden los extremos del 'caso Montoro'. El sumario, con más de 18 tomos de más de 300 folios cada uno de ellos, es inabarcable y las cifras de años de investigación bailan entre los datos que ha ido aportando la Agencia Tributaria, los que ha recabado la Guardia Civil y los que han ido hilando los Mossos d'Esquadra. La Fiscalía Anticorrupción y el titular del Juzgado de instrucción número 2 de Tarragona creen que el despacho que perteneció al exministro del PP Cristóbal Montoro aprovechó durante años su influencia en el Ministerio de Hacienda para cobrar cuantiosas comisiones a compañías de gas o energía sin mucho más trabajo que conseguir favores (leyes a medida) en el Gobierno. Una de las grandes incógnitas está en saber hasta qué punto Montoro cobró por estos hechos. Lo que sí ha quedado en el margen de las diligencias es cualquier intención de investigar un espionaje político.
Equipo Económico, el despacho que fundó Montoro y del que luego supuestamente se desvinculó cuando volvió a ser ministro en una segunda etapa, está en el centro del huracán y los investigadores han analizado de forma pormenorizada cada movimiento en la empresa. Las pesquisas han puesto el foco en siete sociedades, en manos de los ocho socios de Equipo Económico, que facturaron unos 12 millones de euros durante más de un lustro.
"La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro", detallaba un correo de 2013 incautado en una empresa de gas. Cuando los Mossos lo encontraron en una compañía llamada Messer Ibérica Gases en el marco de un registro en el año 2017 saltaron todas las alarmas. Es hilo unido a otro que se desprendía de una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía Anticorrupción fueron las semillas de esta mega-causa que llevaba siete años bajo secreto.
Montoro había sido ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 bajo el mandato de José María Aznar. A partir de 2006, ya con el PP fuera del Ejecutivo, funda el mencionado despacho --antes se había llamado Montoro y Asociados S.L.--, que abandona en 2007 (siguió formalmente hasta abril de 2008) aunque deja allí a personas de su máxima confianza que habían formado parte de su propio equipo en el Gobierno. Ese año él regresa al Congreso como diputado y en 2011 el expresidente Mariano Rajoy lo vuelve a recolocar al frente de Hacienda.
Informes de la Agencia Tributaria que figuran en el sumario y a los que ha tenido acceso El Independiente, describen que Montoro en octubre de 2007 compró 480 participaciones, pasando de tener el 30% del capital al 38%. Pero meses después, en diciembre de ese mismo año las vende. "Llama la atención el breve lapso de tiempo transcurrido entre la compra y venta de este paquete de participaciones", dice Hacienda. Además, en su declaración de IRPF de ese año no consta dicha transacción de venta.
Este movimiento no es el único que extraña a los investigadores. En abril de 2008 es cuando el exministro se deshace por completo de su parte de la mercantil y vende sus 1080 participaciones de Equipo Eonómico a Ricardo Martínez Rico, el socio principal, y otras 720 a su hermano Ricardo Montoro. Por cada una se pagaron 10 euros.
Durante años las compras y ventas de estas participaciones permanecieron estables en los 10 euros y la Agencia Tributaria remarca la imposibilidad de este hecho ya que según sus cálculos, por ejemplo, en el momento en el que el hermano de Montoro las vende (2012) y en base a lo que valía la empresa, el valor en lugar de 10 euros que declararon también entonces debería haber sido de 226 euros por cada una.
Montoro por la venta de sus participaciones se embolsó 10.800 euros, pero "no declaró ganancia patrimonial" con esa venta, pues las vendió al mismo precio que las había adquirido, pese a lo que había crecido la empresa. Entre las posibilidades está que el exministro, en realidad, siguiera siendo parte de Equipo Económico a pesar de haber entrado en la política, pero, de alguna manera, por la puerta de atrás.
Es decir, algo similar a lo que sospechan los investigadores que ha ocurrido en el 'caso Koldo' con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En la vivienda del empresario Joseba Antxon Alonso se encontró una suerte de escritura privada que cedía el 45% de las participaciones de su empresa (Servinabar), adjudicataria de diversos contratos públicos, a Cerdán. En el Tribunal Supremo están investigando si, en realidad, el político poseía parte de la mercantil.
Beneficios ascendentes
Una de las claves será, por tanto, encontrar cuál era la ganancia que Montoro percibía de esta actuación de Equipo Económico que estaban metidos hasta la cocina del Ministerio. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil así lo detalla, por ejemplo, con los correos de José Luis Méndez, de Carburos Metálicos, en 2014 cuando a través del despacho logran una reunión con Montoro.
Se da la circunstancia, además, de que los socios propietarios del despacho, previamente a la creación del mismo, habían coincidido con Montoro en distintos cargos de responsabilidad dentro de la Administración Pública. "Esto pondría de manifiesto no sólo la cercanía y confianza de los socios de Equipo Económico con el Ministro de Hacienda, sino también la posición privilegiada que estos habrían tenido en cuanto a la adquisición de los conocimientos necesarios y de los contactos oportunos que, en su caso, habrían podido contribuir para instar y lograr dichos cambios", señala la UCO.
Los ingresos del despacho muestran una proyección ascendente durante años hasta el año 2015, que es cuando se crea la sociedad Global Afteli. Según el sumario, el cese de la actividad de Equipo Económico para pasar a la nueva denominación "pudiera deberse, indiciariamente, a las actuaciones que se llevaron a cabo" por parte de la Fiscalía Anticorrupción donde comenzó una investigación y luego en el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid por un contrato adjudicado en 2012 sin sacarlo a concurso entre Equipo Económico y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, por un importe de 216.000 euros, cuyo objeto era, precisamente "contrato de servicios de consultoría y asesoramiento estratégico para la elaboración de una nueva ley de cámaras". Esta investigación quedó en nada.
Los ingresos de Global Afteli también fuero progresivamente hacia arriba, hasta que en el año 2019, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, tenían un beneficio superior a los cinco millones de euros. Entre sus clientes estuvo, por ejemplo, Madrid Network -- que se presenta como una Red de Innovación de la Comunidad de Madrid, pionera en modelo de organización, al englobar bajo un mismo paraguas todos los sectores energéticos regionales-- que está compuesta por 600 asociados. Esta entidad, de hecho, se denuncia expresamente en la denuncia anónima.
Equipo Económico llegó a firmar con ellos dos contratos de asesoría por valor de 2 millones de euros. Lo relevante es que se rubricaron cuando estaba presidida por Antonio Beteta, que había ocupado a su vez el cargo de Consejero de Economía y Hacienda la Comunidad de Madrid. En la denuncia se describe que este señor fue reclamado después por Montoro para ocupar el cargo de Secretario de Estado de Administraciones Públicas, cargo dependiente de su ministerio y que ejerció durante el periodo del 2011 al 2016. Cuando Beteta abandonó Madrid Network el nuevo cargo informó de que "debido a la coyuntura económica" rescindía los dos acuerdos con Equipo Económico.
A los clientes del despacho se suman Ferrovial, con pagos de 293.424 euros, entre 2012 y 2014; o Abengoa que se da la paradoja de que Ricardo Martínez Rico ocupó de forma paralela la presidencia de Equipo Económico con el cargo de Consejero tanto de Abengoa como de su filial Abengoa Bioenergía. Este grupo abonó nada menos que 4,4 millones de euros.
La investigación reseña que los socios del despacho trabajaban como consejeros de varios sitios a la vez y esto les permitía, supuestamente, el desvío de fondos ilícitos, como ha venido contando este medio. Equipo Económico ha pedido ya personarse en la causa y ahora está por ver cómo se defiende el exministro y si, finalmente, las diligencias dan sus frutos en la búsqueda del enriquecimiento patrimonial del exministro.
No se indagará en el espionaje político
Como contó este medio, los correos sobre que el exministro recibió información de rivales políticos como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, o el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, fueron incluidos en la causa, pero en ningún momento se han investigado. El magistrado dejó en manos de la Fiscalía Anticorrupción la decisión de qué hacer con ellos y en el Ministerio Público se celebró una junta para debatir si había reveleción de secretos.
La mayoría de esa junta (19 votos a favor y 5 en contra) decidió que no existía hecho delictivo en que Montoro conociera esta información que se extendía al exvicepresidente del PP Rodrigo Rato o a algunos periodistas críticos con su mandato.
Ahora, el juez Rubén Rus también ha dejado clara su postura: "El ministro está legitimado para conocer el contenido de los datos" que se transmiten en materia fiscal, expuso en un auto la pasada semana.
El instructor descarta que el ministro incurriera en un delito de revelación de secretos en tanto que se trataron, únicamente, de "comunicaciones o daciones de cuenta" que realizaba su jefe de gabinete. "La información se realiza a través de correo corporativo, y es una información en la que participan exclusivamente el jefe de gabinete y el ministro, no se comparte con terceros. Examinados los correos, no consta que hayan sido utilizados para perjudicar al titular de los datos o a tercero, simplemente nos encontramos con una transmisión de información", apuntó el juez.
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