Probablemente, después de este 2025 nadie con alguna responsabilidad en España se reúna sin llevar una grabadora encima o sin cerciorarse de que su interlocutor no la lleve. Depende de lo que se quiera sacar en cada ocasión. En el caso de Leire Díez, la ex militante del PSOE a la que se le presuponen acciones de fontanería del partido, una segunda grabación podría sacar a la luz toda la infraestructura de los socialistas para manejarse en los bajos fondos del Estado.

Díez saltó a los medios de comunicación cuando se publicó un audio en el que, en presencia del empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y varios agentes y exagentes de inteligencia, ofrecía a Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional por un caso de fraude en hidrocarburos, prebendas y supuestos pactos con la Fiscalía si daba información de altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) o del fiscal anticorrupción José Grinda, entre otros.

Aquella publicación sacó a la luz un supuesto entramado del PSOE que se movía en las cloacas, escarbando en la basura para airear los trapos sucios de rivales judiciales. Señaló a Díez, pero también puso en duda si actuaba por su cuenta o por iniciativa de un tercero. Todas las informaciones señalaron entonces a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. El Independiente avanzó en exclusiva la localización de un piso donde todos los integrantes mantenían reuniones.

Tres imputaciones

La Fiscalía de Madrid ha pedido a un juez que impute a Díez, junto al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol, por supuestamente intentar sobornar a dos fiscales: José Grinda e Ignacio Stampa. Al primero, como indicó este periódico, le fueron a ver en marzo de este año. Le pedían que archivase, como fiscal Anticorrupción, una serie de investigaciones. Unas favorecían a los socios del Gobierno (caso Pujol, caso 3%...) y otros directamente a uno de los implicados (el caso Zed, que afecta a Dolset). También querían información que dañase a su jefe, el fiscal Alejandro Luzón, al frente de las investigaciones que afectan al Ejecutivo o al PSOE.

El modus operandi fue muy similar en ambas ocasiones. Una tercera persona, Rusiñol en el caso de Grinda, hizo de intermediario para que se viese con Díez y Dolset. El fiscal, cuando vio lo que estaba pasando, lo puso en conocimiento de sus superiores. La Fiscalía de Madrid archivó en primera instancia la denuncia ya que no pudieron contactar con el periodista.

A Grinda le prometieron un puesto en el extranjero y solucionar un tema civil que tenía pendiente. Con anterioridad, este fiscal había solicitado el pasado mes de diciembre un puesto de colaboración de la Unión Europea para investigaciones en tráfico de drogas y tráfico de mujeres en Bolivia, pero que no le fue concedido. Es decir, que los fontaneros tenían información relevante sobre él.

Segunda grabación

La segunda grabación tuvo lugar a principios de mayo. El día 7, el fiscal Ignacio Stampa acudió a una reunión a instancias de, otra vez, una tercera persona. En esta ocasión, por el momento, no ha trascendido el nombre. Le dijeron que iba a verse con Dolset y con Cerdán, y que este le pediría perdón por el trato que se le dio en su última etapa en Anticorrupción.

Stampa fue uno de los dos fiscales al frente del caso Villarejo. En mitad de la causa, la Fiscalía General le abrió una investigación por, presuntamente, filtrar información de la causa a la abogada de Podemos, que era acusación popular. Sus enemigos incluso difundieron que tuvieron un affaire. Las informaciones salían día sí y día no en la prensa, intentando desprestigiar el trabajo que hizo con su compañero Miguel Serrano. Stampa quería quedarse en Anticorrupción, pero la investigación, ampliada "artificiosamente" bajo el mandato de Dolores Delgado, lo impidió. Fue el único de los ocho aspirantes que no consiguió plaza. Ahora está en la Fiscalía de Madrid.

El 7 de mayo, Stampa fue a la reunión. Pero en lugar de Cerdán apareció Leire Díez. Precavido, y sabedor del juego sucio al que pueden llegar las personas, grabó el encuentro. En él se le ofreció ayuda "gubernamental" para poner fin a la disputa que todavía mantiene abierta con la Fiscalía General del Estado tras su dificultosa salida de Anticorrupción.

20 días para "dar cuenta"

Stampa dejó pasar el tiempo. No fue hasta el 27 de ese mes cuando dio cuenta (que no denunció, como se ha publicado en un primer momento) a sus superiores mediante un escrito de lo que había pasado. Es un día después de que se conociese el primer audio sobre las actuaciones de Leire Díez. El fiscal ha ofrecido esa grabación para la causa. Una grabación que podría sacar a la luz los demonios de un país.

Ahora, con el escrito de Stampa, el Ministerio Público ha acordado poner en conocimiento del juez Arturo Zamarriego los hechos relatados. Han acudido a este instructor porque fue quien abrió el pasado 24 de julio diligencias contra la fontanera por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Leire Díez está citada a declarar el 11 de noviembre por una denuncia de Hazte Oír contra ella. Zamarriego rechazó incluir en la causa los asuntos de Grinda y Stampa porque no consideraba que guardasen relación. La Fiscalía lo ha recurrido a la Audiencia Provincial y está a la espera de resolución.