El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, compareció este lunes desde Génova para proponer un 'Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención del Medio Rural y Forestal' para hacer frente a futuras crisis de incendios como la que aún sigue vigente en puntos de Galicia, Castilla y León y Asturias. De las medidas, una de las 'estrellas' a la que el popular dio relevancia en su exposición fue la de crear un registro de pirómanos que cuenten con condena firme y la imposición de pulseras telemáticas para su seguimiento especialmente en los periodos de mayor riesgo.
Esta medida deja varias dudas legales y éticas para los profesionales del derecho y la psicología. El Colegio de Abogados no ha contestado a las preguntas realizadas por El Independiente. En el caso del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, no entran en pugnas políticas. Apelan al derecho a la privacidad en el ámbito de la psicología, demandan "conocer más en profundidad" la propuesta, pero aseguran que es una "cuestión jurídica" que no pueden valorar.
En conversaciones con El Independiente distintos psicólogos hacen una distinción entre lo que son pirómanos, es decir, personas con un trastorno mental, e incendiarios, en la que además de los primeros, entra un abanico muy diverso de personas. Los expertos consultados explican que, según el manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales (DSM-5), los pirómanos se encuadran dentro de las personas que sufren "un trastorno de falta de control de impulsos". Creen que la propuesta del PP puede estigmatizar a los pacientes y que deberían corregir esa alusión. "Se tiene que hablar de incendiarios", aseguran, a la vez que contemplan que al mencionar los que tengan "una condena firme" hay un reconocimiento implícito de esa amplitud.
Puede haber pirómanos diagnosticados y bajo tratamiento que no hayan cometido delitos ni tengan condenas. Y ahí, no se podría actuar. Sin precisar si sería legal o no —muestran dudas—, sí que mencionan las mismas fuentes que en otros países de la Unión Europea "hay una fuerte política de privacidad de los datos de los pacientes" que dificultan este tipo de censos. Añaden que hay una normativa europea que regula la cesión de datos y un código deontológico por el que deben regirse todos los países por igual. Además, se remiten a las cifras oficiales: "La tasa de pirómanos es muy baja —un 7% según datos de Fiscalía en la memoria de 2024 del 80-90% total de incendios provocados por factores humanos, como la negligencia— y hay que diferenciarlos de alguien que quema el bosque con una segunda intención".
Por su parte, profesionales del Derecho distinguen el registro de pederastas, por ejemplo, de lo que se propone ahora. Éste se da porque "el interés del menor prevalece sobre la privacidad" de los acusados. "No lo vemos en el caso de terroristas ambientales, que son lo que son", aseguran, aunque creen que "un buen abogado" podría hacer viable un registro de personas incendiarias en general. Se señalan, no obstante, algunos impedimentos.
Tanto la propia propuesta de censo de incendiarios como de la imposición de pulseras para la localización de los mismos irían en contra del derecho de reinserción de las personas que ya cumplieron sus condenas. En el caso de hacer suposiciones, si ya de por sí superase la redacción del texto y una votación en el Congreso de los Diputados, habría riesgo de que el Tribunal Constitucional lo tumbase concretan.
En cualquier caso, las fuentes consultadas echan en falta más precisión sobre esa propuesta. Está enmarcada dentro de 50 medidas con las que los populares buscan condicionar el debate de inicio de curso y cuando el Gobierno mañana declarará la emergencia en las zonas afectadas durante la primera reunión del ciclo del Consejo de Ministros. Además, allí empezarán a sentar la base del pacto de Estado climático propuesto por Pedro Sánchez.
En concreto, es la medida número 39, aunque la primera 'nacional' dentro del capítulo dedicado a la prevención de incendios: "Crear un Registro Nacional de Pirómanos para identificar a los condenados por incendios, e imponer pulseras telemáticas, especialmente durante los meses de mayor peligro de incendios forestales". Consultadas fuentes populares sobre estas apreciaciones o si ha habido algún estudio previo por parte del equipo jurídico del partido, El Independiente no ha obtenido respuesta al cierre de esta edición.
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