La semana que viene desembarcan en Madrid representantes de la Comisión de Venecia con una apretada agenda de encuentros para testar el cumplimiento del estado de derecho en España. Acuden para abordar la aún pendiente reforma en el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal y como recomendó la Comisión Europea cuando PSOE y PP alcanzaron un pacto para su renovación. Sin embargo, sobre la mesa se acumulan un sinfín de polémicas que afectan a la administración de justicia y a la independencia judicial, de la que tendrán noticia en una apretada agenda.

Lo que se van a encontrar entre el lunes y el martes es un panorama desolador en plena guerra del Gobierno con la Justicia. La visita coincide con el profundo malestar que las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales han hecho llegar a la Comisión por una de las llamadas "leyes Bolaños", en concreto, la que afecta al acceso a la carrera judicial y fiscal. La cosa no para ahí, pues de telón de fondo están la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y los ataques del Ejecutivo a los jueces que investigan supuestos casos de corrupción en el entorno familiar de Pedro Sánchez. Sobre ellos, el presidente del Gobierno afirmó recientemente que "hacen política".

Del lawfare a los jueces que "hace política"

No ha constituido ni mucho menos, el primer ataque de este tipo. Hace tiempo que el jefe del Ejecutivo se abonó a la tesis de la existencia de lawfare para desacreditar los casos que se siguen en los tribunales contra Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente, respectivamente. También contra el juez de Supremo que ha procesado al Fiscal General por presunta revelación de secretos, Ángel Hurtado, en el caso que se sigue contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, pro presunto fraude fiscal.

Cinco representantes de la Comisión de Venecia se reunirán con todas las asociaciones de jueces y de fiscales, con el CGPJ, con miembros del Tribunal Supremo y con los diputados de las comisiones de Justicia del Congreso y del Senado. En definitiva, varias sesiones maratonianas del que es el órgano consultivo del Consejo de Europa (no confundir con el Consejo Europeo) encargado de velar y asesorar en materia de cumplimiento del Estado de Derecho, cuestiones constitucionales y respeto a los Derechos Humanos.

Temor a posibles injerencias de Exteriores

Desde la oposición no ocultan su temor a que Exteriores, que capitanea José Manuel Albares, intente 'tutelar' las reuniones incorporando a miembros del Ministerio en la delegación para evitar críticas al Ejecutivo. Ya lo hizo en febrero del año pasado con motivo de la ley de Amnistía en lo que se consideró por muchos partidos una "injerencia" del todo innecesaria. La delegación europea estará conformada por la italiana y vicepresidenta de este organismo, Marta Cartbia, el francés François Séners y la suiza Regina Kiener, además de otros dos miembros del secretariado.

La Comisión tiene previsto emitir en octubre un informe sobre el sistema de elección del CGPJ

La Comisión tiene previsto emitir en octubre un informe sobre el sistema de nombramiento del órgano de gobierno de los jueces, pendiente de modificación, algo de lo que fue incapaz el propio Consejo a pesar de tener un mandato en este sentido. El acuerdo alcanzado en junio de 2024 entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el entonces vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, incluía una cláusula explícita por la que se requería al CGPJ "que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación". El plazo era de seis meses. Finalmente hubo dos propuestas sin consenso y contradictorias entre sí.

La comisión de Venecia también visitó España en febrero del año pasado, esta vez a petición del Senado, para que evaluara si la Ley para amnistiar al prófugo Carles Puigdemont cumplía con esos principios de constitucionalidad y de igualdad. El informe final estuvo sujeto a interpretación en función de quién lo analizara. Para el Gobierno constituyó un aval pues justificaba este tipo de medias de gracia para superar conflictos políticos. Sin embargo, a continuación la Comisión rechazaba la falta de consensos en cuestión tan delicada, la urgencia de la tramitación -a través, además, de una proposición de ley para eludir a los órganos consultivos- y una redacción difusa que no delimitaba el ámbito de aplicación de la ley.

Precisamente ayer, durante el debate del Estado de la Unión, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, equiparó la situación judicial en España con la de Hungría, Eslovenia y Eslovaquia. Si bien arrancó su intervención ante el pleno de la Eurocámara alertando del peligro ruso para la estabilidad europea, afirmó a continuación que "la amenaza más grave está dentro, es la tentación de acostumbrarnos a lo inaceptable".

El PP pide a la Comisión Europea que "llame a capítulo a Sánchez"

"Europa no puede tolerar que Gobiernos como Eslovaquia, Eslovenia, Hungría o España atenten contra la libertad, el estado de Derecho y el poder judicial o censuren a la prensa", dijo la catalana. Pidió a la UE "no mirar más hacia otro lado", sobre todo tras la apertura de juicio oral al fiscal "por trabajar al servicio del Gobierno y revelar secretos para destruir a una rival político", en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y tras afirmar que situaciones como ésta "no tienen precedentes", animó a la Comisión Europea a que frene la, a su juicio, "deriva autocrática" y "llame a capítulo a Sánchez". "Lo que define a Europa no son sus valores, es la forma en la que los protege y si permitimos que se pisoteen nuestros principios básicos Europa habrá fracasado", sentenció en una nueva estrategia de denunciar ante la UE la situación judicial en España.