La derrota es doble si se atiende al fracaso con el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral. A la de por sí que se lleva el Gobierno de coalición, se une una personal, la de Yolanda Díaz, que se extiende a todo Sumar. Ésta era la medida estrella de la legislatura, en añadido a la reforma laboral que, pese a la incapacidad, salió adelante en febrero de 2022 por el error de un diputado del PP que inclinó por la mínima la balanza. Ahora, en el día 1 post derrota, la intención de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo es seguir intentando negociar con Junts la reducción de jornada o, en su defecto, explorar otras vías que permitan modificar la legislación y endurecer los controles laborales como los del registro horario.

A priori, la dureza del tono empleado por Díaz en su intervención aleja los puentes que Sumar había querido mantener para retomar esas negociaciones. Queda por ver si la intervención de la vicepresidenta segunda, que recompuso su perfil político con notoriedad, pasa factura a la larga a todo el conjunto del Gobierno o si el PSOE y Junts encapsulan lo acontecido.

La actual composición del Congreso no acompaña para sacar adelante medidas progresistas ambiciosas. Así lo determinan internamente en Sumar, cuyos principales dirigentes, pese a todo, no desisten de intentarlo. "Hay derrotas parlamentarias que se ganan en la calle", aseveró la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, este miércoles, en referencia a la reducción de jornada. El retrato que se hace desde el ámbito izquierdista de la coalición es que, pese a todo, esta derrota parlamentaria, la primera gran derrota del curso, aunque supone un golpe, no deja en dificultades al Ejecutivo.

Se insta a seguir trabajando y mirar hacia adelante. Se recalcan tres cuestiones: vivienda, la población saharaui o la derogación completa de la ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente denominada como 'ley mordaza'.

Lo cierto es que, en estos ámbitos, las perspectivas tampoco son muy mejorables para los magentas. Después de que Sumar recuperara la ley de regulación de alquileres en diciembre del año pasado —de la mano de los grupos de la izquierda nacionalista— y conseguir que Junts votase a favor de su toma en consideración tan solo tres meses después de tumbarla, el PSOE mantuvo bloqueada la proposición de ley prorrogando los plazos para la presentación de enmiendas parciales. En mayo, Sumar y PP, con una mayoría alternativa en la Mesa del Congreso, le dieron continuidad. Con todo, el margen para verla aprobada es muy limitado por las diferencias que existen con Junts.

La medida lo que busca es igualar los alquileres de una vivienda habitual, en lo que respecta a las obligaciones para los propietarios y la protección de los inquilinos, con los alquileres mensuales y aquellos que se hacen de una sola habitación. Algo que sobre todo afectaría a los estudiantes que se desplazan a otras ciudades para continuar su formación. Esta reclamación se volvió a hacer al PSOE para que tomase conciencia en julio, cuando saltó el escándalo de Santos Cerdán por presunta corrupción y se negoció un acuerdo de regeneración democrática e impulso de la legislatura. Dentro se hace una mención expresa.

Sin embargo, pese a aceptar esa tramitación, Junts exigió vía enmiendas en mayo cambios "sustanciales" que dejarían la propuesta en prácticamente nada. Por un lado, se reclama eliminar la reforma del artículo dos de la Ley de Arrendamientos Urbanos que habla de los arrendamientos, dado que lo consideran que es una supresión directa de la figura del alquiler de temporada. Igualmente, y en contra de las reclamaciones de Sumar y sus socios, quieren que se elimine toda referencia al alquiler de habitaciones. En este asunto, pese a que pueda haber compromiso del PSOE, Junts —o el PP, que tampoco está por la labor— sigue siendo clave.

En duda también queda la Ley de Familias, bloqueada en ese tedioso aplazamiento progresivo de enmiendas. Con la convalidación del real decreto ley de cuidados y permisos, con el apoyo de todos los grupos salvo la abstención de Vox, se ha dado un paso importante que podría conllevar que se dejase en el tintero el resto de la propuesta amplia —el texto es el mismo elaborado por Ione Belarra, de Podemos, como ministra Derechos Sociales en la legislatura anterior—. Junts, en todo caso, hasta la fecha venía señalando diferencias, sobre todo por las competencias territoriales para su aplicación.

En añadido, la 'ley mordaza' sigue en debate dentro de la Comisión de Interior. Sumar presentó en mayo del año pasado una iniciativa, aunque adquirió más notoriedad el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu de octubre enmarcado en el Plan de Acción por la Democracia del Ejecutivo. La dificultad de entendimiento sigue, pese a todo, siendo notable con el resto de grupos después de varios intentos la legislatura pasada que naufragaron. En junio se reactivaron conversaciones PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y Junts para avanzar en un texto conjunto que desencalle la situación. Los diferentes puntos de vista, sumado a otras cuestiones de actualidad o el parón veraniego han alargado aún más los plazos. La venidera negociación de Presupuestos por parte del Gobierno, de momento, apunta a comerse la mayoría de tiempo de las conversaciones entre estos grupos.

Un baúl de iniciativas a negociar con el PSOE

A esos asuntos, se añaden otras cuestiones económicas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Díaz quiere reactivar de cara a 2026 una nueva revalorización que suponga situarlo al 60% del sueldo medio. Además de la propia negociación con el PSOE, que ya levantó ampollas en este inicio de año con la anterior subida en un 4,4% hasta los 16.576 euros anuales, distribuidos en 14 pagas de 1.184 euros, queda por delante una cuestión no menos esencial. Se trata de la tributación del SMI. Desde el ala socialista del Gobierno quieren aclarar hasta dónde creen los magentas que no debería tributarse, y dejan dudas de que vaya a poder renovarse el actual acuerdo. En marzo de 2025, Hacienda y Trabajo acordaron que durante todo lo que resta de año, el SMI no tuviese que pagar IRPF. Habrá nuevo enfrentamiento por retirarlo o ampliarlo.

Otra demanda clave de Sumar es la de otorgar la nacionalidad española a los saharauis. El PSOE se ha desmarcado frente al resto de grupos votación tras votación. Si sigue manteniéndose la afinidad con los populares podría terminar aprobándose la exigencia, pero su aplicación correspondería a los socialistas a través de sus ministerios clave como Exteriores, Interior o Extranjería. Igualmente, los magentas reclaman dar más pasos respecto a Israel.

Han conseguido que el presidente del Gobierno se abra a cuestiones como el embargo de la compraventa de armas a Israel o la prohibición del uso de puertos y aeropuertos para su tránsito desde terceros países. Por otro lado, se han vetado a los ministros de Finanzas y de Seguridad Nacional y está pendiente el cese de las relaciones comerciales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la suspensión parcial del tratado comercial UE-Israel este miércoles. Sin embargo, la reclamación para el cese completo de relaciones diplomáticas y de otras ramas con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, como reclama Sumar, no se contempla por Exteriores ni su titular, José Manuel Albares. De momento, solo se ha llamado a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Ana María Salomón por las "calumnias" contra el Gobierno, por llamarlo "corrupto", y por el veto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la propia Díaz.

Por delante, Sumar tiene complicado imponer su visión sobre la prostitución. Primero, por la pluralidad de almas respecto a este asunto que cohabitan en la confluencia, desde al regulacionismo por el que abogan desde los comunes a Más Madrid, a la posición intermedia del Movimiento Sumar o la proximidad de IU a las tesis abolicionistas del PSOE. Intentarán dejar su marca cuando se debata para aprobar la ley de Igualdad dentro del Consejo de Ministros. No obstante, para este trámite el PSOE necesitará al PP, con quien comparte prácticamente postura, lo que puede suponer que mediante enmiendas se suprima parte del contenido que incluya Sumar.

Aunque nace del PSOE y de Transición Ecológica, Sumar apoya firmemente un pacto de Estado ante la emergencia climática. Aunque los magentas se han centrado en denunciar que será imposible conseguir el respaldo del PP, en las últimas semanas destacó la posición de partidos como ERC, más interesados en un fondo nacional forestal. En cualquier caso, la situación de las nucleares sería un escollo para lograr aunar a PP, que las defiende como elemento seguro hasta una completa transición a las renovables, y con Junts y ERC, que tienen dudas al afectar ese tipo de energía a multitud de empleos en Cataluña.