Corea del Norte ha intensificado en la última década el uso de la pena de muerte, incluso contra personas sorprendidas viendo o compartiendo películas y series extranjeras. Así lo denuncia un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que describe un empeoramiento generalizado de la situación en el país desde 2014.

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El documento, elaborado a partir de 314 entrevistas con víctimas y testigos que lograron escapar, detalla que desde 2015 se han aprobado al menos seis nuevas leyes que amplían los delitos castigados con la pena capital. Entre ellos figura el consumo y distribución de material audiovisual extranjero, regulado por la Ley para Rechazar el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios, adoptada en 2020. Desde entonces, las autoridades han organizado juicios públicos seguidos de fusilamientos para infundir miedo.

Una de las entrevistadas por Naciones Unidas relató cómo asistió al juicio de un joven de 23 años condenado a muerte por poseer contenidos de Corea del Sur. Fue juzgado junto a narcotraficantes y ejecutado poco después. "Desde 2020 la gente tiene más miedo. Estos delitos se tratan ahora como si fueran iguales al tráfico de drogas", explicó la testigo. Otro fugitivo declaró que tres de sus amigos fueron ejecutados tras ser descubiertos con películas extranjeras.

Vigilancia tecnológica y 'Grupo 109'

El informe señala que la vigilancia se ha vuelto más sofisticada gracias a los avances tecnológicos. Un grupo especial, conocido como 'Grupo 109', realiza inspecciones sin previo aviso en viviendas y dispositivos electrónicos en busca de material considerado "antisocialista". Antes de la pandemia, algunos detenidos podían librarse con sobornos o tras asistir a sesiones de "educación revolucionaria", pero desde 2020 las sanciones se han endurecido de forma drástica.

Según ACNUDH, el control sobre la vida de la población se ha vuelto "casi total". El derecho a la libertad de opinión y expresión está criminalizado, y cualquier crítica al Gobierno se considera un acto político o una amenaza a la seguridad nacional. La ONU concluye que "ninguna otra población está sometida a tales restricciones en el mundo actual".

El alto comisionado, Volker Türk, advirtió de que si continúa esta tendencia, los norcoreanos "se verán sometidos a un mayor sufrimiento, una represión brutal y el miedo que han padecido durante tanto tiempo".

Trabajos forzosos y cárceles políticas

Además de las ejecuciones, el informe documenta el uso generalizado del trabajo forzoso. Jóvenes de familias pobres son reclutados en brigadas de choque para proyectos de construcción o minería, con la promesa de mejorar su estatus social o las perspectivas de ser aceptados en el Partido de los Trabajadores. En la práctica, se trata de tareas peligrosas en las que los accidentes y muertes son frecuentes.

En los últimos años, el régimen ha incorporado incluso a huérfanos y niños de la calle en este tipo de labores. Lejos de mejorar la seguridad laboral, las autoridades glorifican las muertes como sacrificios en honor a Kim Jong-un. También exreclusos contaron a Naciones Unidas que habían sido obligados a fabricar productos para la exportación, desde pelucas hasta pestañas postizas.

El informe confirma la existencia de al menos cuatro campos de prisioneros políticos en funcionamiento. En ellos se practican desapariciones forzadas, trabajos forzados, torturas y ejecuciones sumarias. Aunque algunos testigos mencionaron mejoras limitadas en las prisiones ordinarias –como una ligera reducción de la violencia por parte de los guardias y la instalación de cámaras de vigilancia–, la ONU considera que estas medidas no alteran el panorama general de abusos.

Antiguos detenidos relataron muertes frecuentes por maltrato, exceso de trabajo o desnutrición, especialmente durante la pandemia, cuando muchos presos no recibieron alimentos de sus familias. Otros contaron que las denuncias contra funcionarios abusivos, en teoría posibles, se consideran demasiado arriesgadas por temor a represalias.

Hambre y restricciones económicas

La represión política se suma a una situación económica cada vez más precaria. El cierre de mercados informales desde 2020 ha reducido las posibilidades de subsistencia de muchas familias. Comer tres veces al día es considerado un lujo, y más del 40 por ciento de la población sufre desnutrición crónica, según los datos recogidos en el informe.

Durante la pandemia, la escasez de alimentos se agravó y hubo muertes por hambre incluso en Pyongyang. Una joven que huyó en 2018, con 17 años, explicó que en los primeros tiempos de Kim Jong-un existía cierta esperanza de mejora, pero que "el Gobierno fue impidiendo gradualmente que la gente pudiera ganarse la vida de forma independiente, y el mero hecho de vivir se convirtió en un tormento diario".

El informe subraya que la situación de los derechos humanos está ligada al aislamiento autoimpuesto del régimen. Desde el fracaso de las negociaciones con Estados Unidos en 2019 y el endurecimiento de los controles fronterizos en 2020, el país es hoy "más cerrado que en casi cualquier otro momento de su historia reciente".

Un país sin futuro

La ONU recuerda que el Consejo de Seguridad podría remitir la situación a la Corte Penal Internacional, pero desde 2019 los vetos de Rusia y China han bloqueado cualquier avance en esa dirección. Hace pocas semanas, Kim Jong-un participó en un desfile militar en Pekín junto a Xi Jinping y Vladímir Putin, en una imagen que refleja la protección política de la que goza en ambos países.

Entre sus propuestas, ACNUDH pide el cierre de los campos de prisioneros políticos, la abolición de la pena de muerte, la reanudación de reuniones entre familias separadas y el fin de la tortura y los malos tratos en los centros de detención. También insta al Gobierno norcoreano a permitir el acceso de observadores internacionales y a distribuir información sobre derechos humanos a la población.

"El camino actual solo traerá más sufrimiento a una población que ya ha soportado demasiado", advierte el informe. Y añade que las entrevistas realizadas muestran un deseo claro de cambio, especialmente entre los jóvenes, aunque ese anhelo choca de frente con el sistema de vigilancia y represión instaurado por el régimen de Kim Jong-un.

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