El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sea juzgada por un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

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En un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Gómez, a su asesora y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El magistrado ha citado a los tres a acudir a la sede judicial este sábado 27 de septiembre, a las 18:00 horas, para una comparecencia previa, tal y como prevé la ley en los casos con procedimientos con jurado, y así "concretar la imputación" contra ellos.

Peinado fundamenta su decisión en que concurren "indicios racionales, fundados y sólidos" de la comisión de hechos delictivos, apoyados en correos electrónicos aportados por el exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio y en el auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de junio, que avaló la mayor parte de las pesquisas de Peinado sobre la mujer de Pedro Sánchez.

El togado recuerda que, aunque en un principio se rechazó la admisión a trámite de la querella por malversación contra Gómez y Álvarez, la delimitación del proceso penal es "de cristalización progresiva" y puede variar conforme avanza la instrucción.

Durante las pesquisas, Peinado interrogó al ministro Félix Bolaños, ya que cuando se produjo la contratación de Álvarez en Moncloa en junio de 2018, tras la llegada de Sánchez a la jefatura del Gobierno, él era secretario general de Presidencia. Posteriormente, el juez elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo su imputación, que el alto tribunal denegó.

Además del delito de malversación que ahora pasaría a juicio con jurado —el auto puede ser recurrido— Peinado atribuye a Gómez cuatro delitos más. Se trata de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Estos cargos están vinculados a sus actividades en la Complutense como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, al uso de un software desarrollado para esa cátedra y a presuntas adjudicaciones o patrocinios de entidades públicas que pudieron favorecer sus intereses profesionales.

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