La comida que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mantuvo en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana el 29 de octubre, el día en que la DANA provocó la muerte de 229 personas, pasará a ser objeto de análisis judicial. La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado este jueves que la periodista declare como testigo ante la juez que instruye la gestión de la catástrofe, Nuria Ruiz Tobarra. Vilaplana ha sido citada el próximo 3 de noviembre.

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Hasta el momento, los únicos imputados por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja son la exconsejera de Interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. Considera que ambos incurrieron en omisiones graves, como retrasos en la activación de alertas durante la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada o el Centro de Coordinación de Emergencias) y en la vigilancia de zonas de riesgo, lo que contribuyó a la magnitud de la tragedia.

La magistrada ha rechazado en varias ocasiones imputar a la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que también estuvieron presentes en la reunión de emergencia. Estas decisiones, aunque polémicas, han sido avaladas por la Audiencia. Por su condición de aforado, Mazón ha quedado excluido del procedimiento, aunque desde el inicio de las pesquisas Ruiz Tobarra le ha instado a declarar voluntariamente.

Lo cierto es que la comida en El Ventorro sobrevuela el procedimiento desde que se conoció dónde estuvo Mazón durante las horas críticas de la catástrofe. Esto cobró especial relevancia tras la carta de Vilaplana a los medios, en la que relató que el president recibió llamadas que interrumpieron la conversación de manera continuada, aunque ella permaneció ajena a su contenido. La periodista aseguró que no preguntó ni participó en esas comunicaciones y que Mazón no le manifestó preocupación alguna.

Al admitir la carta como parte del procedimiento el pasado 11 de septiembre, la juez señaló que la información de Vilaplana aporta "una serie de elementos" que afectan a los investigados por la toma de decisiones en el Cecopi, y también a la participación de Mazón. Entre los puntos destacados de la misiva, la juez resaltó que la comida se prolongó hasta las 18:30-18:45 horas, que el dirigente del Partido Popular mantuvo comunicaciones telefónicas durante ese tiempo y que no mostró inquietud ante las mismas.

No obstante, la magistrada rechazó inicialmente que Vilaplana testificara sobre la actuación de Mazón, argumentando que "de aceptarse la declaración, el objeto de la investigación se desplazaría sustancialmente hacia la actuación del president". Sin embargo, la Audiencia abre ahora la posibilidad de que, si se recaban indicios contra Mazón, se inste al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a investigarlo.

Los jueces explican que analizar la actuación de Mazón en un procedimiento penal requiere indicios de que participó de manera efectiva en la toma de decisiones —o en la omisión de las mismas— en el Cecopi, en particular aquellas vinculadas a las muertes investigadas. "De momento, procede avanzar en la investigación practicando todas las diligencias útiles y necesarias. Solo si se detectaran indicios fundados de criminalidad contra el president y el TSJ los respaldara, se podría extender el ámbito de la investigación", señalan.

La Audiencia considera que Vilaplana pudo haber escuchado lo que Mazón dijo por teléfono a Salomé Pradas o comentarios relacionados con la gestión del Cecopi, información que podría aportar claridad sobre la toma de decisiones durante la catástrofe. Su declaración será, por tanto, relevante para el futuro judicial del popular. Como testigo, Vilaplana está obligada a decir la verdad.

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