Varios trabajadores de la empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec, pertenecientes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), vienen denunciando en los últimos meses que la dirección de la compañía está amañando sistemáticamente el proceso de adjudicación de plazas. Lo hacen, aseguran, mediante convocatorias prefabricadas para que los puestos sean destinados a personas concretas, en contra de la ley, que estipula que el acceso al empleo público debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad a través de procesos selectivos transparentes.

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"Es un sistema corrupto implantado por la dirección actual de la empresa para controlar quién saca el puesto fijo en la empresa y así favorecer todo tipo de enchufismos", cuenta a El Independiente un trabajador eventual del Grupo Tragsa, que ha pedido permanecer en el anonimato por temor a represalias. "Nos impide poder acceder a un puesto indefinido en igualdad de condiciones con otros trabajadores".

Detalla cómo él y varios compañeros eventuales son perjudicados por la entidad pública, que ha articulado un sistema de estabilización de empleo que "impide competir en igualdad de condiciones" a buena parte de la plantilla. El proceso está diseñado "para asegurar que las plazas fijas se las adjudique quien la empresa quiere", incluso aunque estos trabajadores tengan menos antigüedad.

El mecanismo comienza en la propia definición de los puestos. Cada plaza se describe en sus funciones específicas en base a cuatro tareas muy concretas, redactadas en función del trabajo que realiza la persona que la ocupa temporalmente y no en base a una necesidad de cobertura de puestos de la empresa. En lugar de convocarse plazas genéricas —por ejemplo, de oficial administrativo o economista— se formulan descripciones tan específicas que "sólo encajan con quien ya desempeña ese puesto". El resultado es que nadie externo a Tragsa puede acreditar la experiencia que se exige.

"Los puestos son tan específicos que nadie salvo quien esté trabajando en ese puesto puede tener una puntuación en méritos alta", apunta el trabajador, que detalla que las tareas descritas en las ofertas se refieren a programas informáticos o procedimientos internos específicos, imposibles de acreditar para candidatos externo. El modelo deja fuera de la competición real a quienes no han pasado por Tragsa o han desempeñado funciones distintas, incluso con mayor antigüedad o categoría. "El principio de igualdad queda destruido".

El proceso selectivo se estructura en tres fases: una primera de pruebas selectivas —psicotécnica y competencial— con una puntuación máxima de 30 puntos; una segunda de valoración de méritos, que puede alcanzar hasta 40 puntos; y una tercera de entrevista técnico-profesional, con otros 30 puntos.

La denuncia sostiene que esa primera configuración específica de los puestos, como muestra la imagen que encabeza esta noticia, condiciona la fase de valoración méritos, en la que se otorgan hasta 25 puntos —de un máximo de 39— a quienes hayan realizado esas funciones en los últimos seis años dentro del propio Grupo Tragsa. A ello se suman otros 14 puntos por antigüedad en la empresa, lo que provoca, de facto, que quien ya ocupa el puesto obtenga prácticamente la máxima puntuación mientras el resto parte con una "desventaja insalvable".

Asimismo, narra que para evitar que la persona que se quiere que saque la plaza pueda quedar fuera del proceso, se solventa el requisito de una prueba eliminatoria que debe tener todo puesto público mediante la prueba competencial, que no es más que un "sencillo test" donde se incluyen cuestiones genéricas sobre cómo trabajar en equipo, la toma de decisiones o la solución de problemas en el ámbito laboral, que prácticamente supera el 100% del personal que se presenta.

Además, detalla que esta prueba es la misma para todas las categorías laborales, independientemente de la naturaleza del puesto: da igual si es un arquitecto, un peón forestal o ingeniero que técnico de laboratorio. Este extremo ha sido confirmado por este periódico, que ha consultado la documentación de varios procesos selectivos para puestos de diversa naturaleza. "No existe ninguna prueba eliminatoria en la que se demuestren conocimientos reales del puesto", afirma.

En los casos en los que el resultado de los méritos y la prueba competencial no deja claro un ganador, se recurre a una entrevista técnica. Sin embargo, el trabajador asegura que esta fase "completa el círculo de irregularidades", porque son realizadas por responsables directos de las personas que ya ocupan los puestos temporales, "quienes saben a quién deben poner la mayor nota".

Explica que las entrevistas se realizan de forma individual y en horarios distintos, lo que, según su versión, "facilita filtraciones" entre aspirantes. El denunciante describe el proceso como un "sistema de diques" que blinda el resultado en cada fase. "Si un nivel fallara, el siguiente asegura que la plaza sea para quien la empresa quiere", sostiene. A su juicio, se trata de un modelo ideado por la dirección del grupo "para controlar quién accede al empleo fijo" y consolidar "una red de favoritismos" dentro de la compañía.

Tragsa en el 'caso Koldo'

Lo cierto es que la sombra de la corrupción y el 'enchufismo' viene sobrevolando el nombre de estas compañías públicas en los últimos meses. Tanto el director de Tragsa, Jesús Casas, como el de Tragsatec, Juan Pablo González, han comparecido en la Comisión de Investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', después de que saliera a la luz que la exnovia de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, fue contratada a dedo en esta última compañía, donde llegó a percibir 9.500,54 euros.

Previamente, la expareja del exministro de Transportes obtuvo un puesto en Ineco —empresa pública dependiente de este Ministerio— en la que, según admitió ante el Tribunal Supremo, no desempeñó ninguna función, ya que ni siquiera acudía a trabajar. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desveló que la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, se implicó en su contratación a instancias del exasesor de Ábalos, Koldo García.

Según relató Pardo de Vera en la Audiencia Nacional, cuando fue consciente de la relación entre Rodríguez y el entonces ministro de Transportes, se puso en contacto con él para comunicarle que no consideraba ético continuar en ese puesto. Después, la expareja de Ábalos fue recolocada en Tragsatec.

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