El 29 de octubre de 2024, una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) cargada especialmente cargada de agua por un Mediterráneo con varios meses de temperaturas muy altas se tradujo en unas lluvias de récord sobre el sureste de la península Ibérica, afectando de manera severa al sur Valencia y, en menor medida, a Albacete y otras provincias. Murieron 229 personas en Valencia, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía.
Al coste humano se suma el balance material: más de 130.000 viviendas dañadas, 1,1 millones de personas afectadas, pérdidas materiales por valor de 17.000 millones de euros y decenas de infraestructuras viarias y ferroviarias destruidas.
La magnitud de la catástrofe dejó a la vista no sólo la fuerza de los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes a causa del cambio climático, sino también la falta de planificación y prevención eficaz. El trasfondo del desastre revela una problemática estructural: la ocupación, durante años, de zonas claramente inundables. El urbanismo sin medida ha multiplicado los riesgos, construyéndose viviendas, infraestructuras y equipamientos sociales en vegas, cauces y suelos que deberían haber sido preservados como zonas de desagüe natural.
La opinión de los ingenieros civiles y de caminos es clara: los riesgos eran previsibles y evitables. Según expusieron en la jornada Un año después de la DANA: ¿estamos preparados, organizada por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, las consecuencias derivan de décadas de retrasos en inversión y planificación. Según su punto de vista, infraestructuras hidráulicas como presas, obras de laminación o drenajes modernizados habrían reducido radicalmente las pérdidas humanas y materiales.
“Seguimos reaccionando tras cada desastre, en lugar de anticiparnos”, recuerda el catedrático Teodoro Velázquez, quien califica la tragedia de hace un año como “evitable”. Los ingenieros reclaman una revisión profunda al planeamiento urbanístico en municipios con mayor exposición, con límites estrictos a la edificación en zonas de riesgo y una actualización constante de los mapas de peligrosidad, así como la integración de infraestructuras verdes y soluciones naturales como parques inundables, restauración de riberas, ampliación de meandros.
Durante esta jornada Antonio Serrano, exsecretario de Estado de Ordenación del Territorio, advirtió que la vulnerabilidad frente a la DANA no solo se explica solo las lluvias extremas, sino también por un modelo urbanístico que ha ignorado los riesgos naturales: “En los últimos años se ha permitido un urbanismo desaforado en áreas inundables, ocupando cauces, vegas y suelos que deberían haberse preservado como zonas de flujo. Hemos planificado contra el territorio, no con él. Cada nueva vivienda en zona de riesgo es una vulnerabilidad añadida y una responsabilidad que tarde o temprano se paga”,
El experto reclamó una planificación territorial basada en el riesgo real, con mapas de peligrosidad actualizados, límites estrictos a la edificación en zonas inundables y una revisión profunda del planeamiento urbanístico en los municipios con mayor exposición. Serrano destacó que “no basta con diseñar obras: hay que mantenerlas, vigilarlas y gestionarlas con criterios técnicos, no políticos”.
Los ingenieros apuntan a que el desastre de la DANA pudo haber sido todavía mayor. Durante el episodio de fuertes lluvias, la presa de Forata, en Valencia, soportó flujos de entrada de agua muy superiores a los previstos. Si bien se pudo evitar un desastre mayor, los ingenieros aseguran que lo hizo sin un plan de emergencia implantado, sin sirenas ni sistemas de aviso a la población, lo que expuso a más de 110.000 personas a una situación de peligro extremo.
El estudio Infraestructuras críticas inundables en España del Observatorio de Sostenibilidad señala que existen más de 10.000 puntos, instalaciones o infraestructuras críticas localizadas en superficies inundables con un periodo de retorno de 500 años, el estándar más exigente. Tan solo en la Comunidad Valenciana, hay 505 municipios en riesgo y más de 600.000 personas expuestas a inundaciones potencialmente catastróficas.
“De este informe destaca la gran cantidad de infraestructuras críticas en zonas de inundación y la falta de señalización e información al ciudadano de la situación de las mismas y también la falta de transparencia y rendición de cuentas para explicar que se está haciendo para solucionarlas”, apunta Fernando Prieto director del estudio y coordinador del Observatorio.
Dentro de las infraestructuras identificadas como críticas y situadas en zonas de peligro muy grave, un 56% corresponden a población vulnerable (residencias de ancianos, centros escolares y campings), un 9% a seguridad y ayuda (parques de bomberos, comisarías, cuarteles), un 3% a hospitales y centros de salud, un 17% a instalaciones ambientales (depuradoras, plantas químicas o radiactivas), un 13% a servicios básicos e industria, y un 3% a medios de transporte, incluyendo vías férreas, estaciones de autobús y hasta 13 aeropuertos.
“Es importante señalar que estas infraestructuras están en la lámina de 500 años de recurrencia pero en la DANA de Valencia del 2024, 16.000 hectáreas se inundaron fuera de esta línea por lo que en realidad hay mucha más infraestructuras en esta situación”, señala Raul Estévez experto en GIS y cambio climático. “Por ello son necesarias proyecciones futuras más exigentes en cuanto a áreas de inundabilidad y es obligatorio dejar de construir en áreas de riesgo y retranquear las ya existentes", añade.
Te puede interesar