La causa de corrupción más mediática de los últimos tiempos, el 'caso Koldo', se instruye de forma paralela en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional. Aunque el foco mediático se ha centrado en la investigación dirigida por el magistrado Leopoldo Puente en el alto tribunal, lo cierto es que el juez Ismael Moreno también tiene entre manos una parte sustancial de las pesquisas. A partir de hoy, su papel cobra aún más relevancia después de que su colega le haya remitido los indicios de delito relacionados con los pagos en metálico en el PSOE.

PUBLICIDAD

En el Supremo se concentra la parte del procedimiento que afecta directamente al exministro de Transportes José Luis Ábalos, que mantiene su acta de diputado y, por tanto, conserva la condición de aforado. Junto a él figuran como investigados su exasesor Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el empresario Víctor de Aldama y los constructores José Ruz Martínez, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera y Antxon Alonso.

Ante la complejidad del procedimiento, Puente decidió dividir la investigación en dos piezas: la principal, centrada en la compraventa de material sanitario durante la pandemia —ya en una fase avanzada—, y otra relativa a las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública.

Por su parte, en la Audiencia Nacional se instruye todo lo que no afecta directamente a Ábalos, aunque esté vinculado a su entorno político y personal. En este órgano judicial están siendo investigados, entre otros, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, por su supuesta implicación en la adjudicación amañada de contratos públicos desde sus respectivos departamentos.

Pardo de Vera está además bajo investigación por la contratación de la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, primero en la empresa pública Ineco y posteriormente en Tragsatec. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporó a la causa mensajes que apuntan a que la exresponsable de Adif tuvo una intervención decisiva en la incorporación de Rodríguez a estos entes públicos.

El 'caso mascarillas', el origen de la causa

El juez Ismael Moreno también dirige las pesquisas respecto a lo que en un inicio se conoció como el 'caso mascarillas'. El origen del 'caso Koldo' se inició a raíz de la investigación por la adjudicación de contratos millonarios para la compra de material sanitario en pandemia.

La detención de Koldo dio origen a una investigación respecto a la existencia de una presunta organización criminal que se benefició de contratos millonarios vinculados al suministro de mascarillas con varios ministerios. La puerta de entrada de la empresa Soluciones de Gestión S.L., vinculada a Víctor de Aldama, a la Administración del Estado fue a través de la firma de un contrato por más de 200 millones con Puertos del Estado —dependiente de Transportes—.

De ahí, la empresa controlada por Juan Carlos Cueto, y gracias a la intermediación de Aldama, accedió a otros grandes contratos con Interior, Adif, el Servicio Canario de Salud y Baleares. En este contexto, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está pendiente de entregar varios informes sobre la adjudicación de dichos contratos por las administraciones autonómicas dirigidas entonces por Ángel Víctor Torres y Francina Armengol. El informe relativo al expresidente canario parece ser inminente.

PUBLICIDAD