Tras el órdago de Junts a primera hora de la mañana desde el Congreso de los Diputados, con Mìriam Nogueras en una comparecencia desde la sala Clara Campoamor donde anunció un bloqueo legislativo total a las leyes del PSOE y de Sumar, desde el socio minoritario del Gobierno IU anticipó la posición del espacio. Mientras que los socialistas en el Ejecutivo hacen oídos sordos al último movimiento de Junts, porque sigue dejando por delante la ardua tarea de negociar ley a ley [una enmienda a la totalidad sigue siendo una negativa de la que se parte], los izquierdistas no ven llamativo nada que no tenga que ver con la conformación de una mayoría alternativa junto a PP, Vox y UPN.

En declaraciones a los medios desde el Congreso de los Diputados, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, aseguró que tan solo el anuncio de una moción de censura, que sumaría a todo el arco del centroderecha, puede poner fin a la legislatura. Lo demás es ahondar en el bloqueo ya existente desde hace semanas. "Junts solamente puede traducir materialmente la posición aparente de bloqueo a las leyes y de ruptura de relaciones con el Gobierno si hacen la moción. Vamos a dejarnos de fuegos artificiales", trasladó. Por la representación de Junts, de siete escaños de los 35 necesarios para una moción, solo podría ir de la mano del PP para presentarla.

Pese a la rebaja que hace Maíllo, lo cierto es que la decisión de Junts pone el dedo en el ojo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los suyos. Le dejan en el dilema de decidir si quieren mantenerse en el poder durante dos años sin capacidad de sacar nada. Aunque internamente, tanto en el PSOE como en el cómputo de Sumar se concibe que para Carles Puigdemont será muy complicado decirle 'no' a todos los asuntos que lleguen al Congreso. De hecho, de los 25 vetos legislativos anunciados por Junts, se salvan cuatro asuntos que llegarán pronto al pleno: la convalidación del real decreto sobre la ELA, la ley de Economía Social, la de Atención telefónica a la Clientela -en los idiomas cooficiales si se solicita, para las grandes empresas-, la ley del Cine, y la de Movilidad Sostenible.

Maíllo indicó que no va a haber adelanto electoral y que el compromiso sigue siendo el de agotar la legislatura hasta 2027. Lo hizo tras anunciar en el Congreso una propuesta de reforma fiscal más "ambiciosa" de la que se ejecutó a finales del año pasado, por los impedimentos planteados precisamente por Junts o también el PNV. Entre su contenido, se apuesta por gravar más los impuestos a las grandes rentas y a las empresas para que la carga fiscal no la soporten las clases trabajadora y media, sino los grandes patrimonios y empresas. Se sugiere la creación de un nuevo impuesto estatal al patrimonio para aquellas rentas por encima del millón de euros, que compense, dicen desde el partido, las bonificaciones territoriales que viene haciendo el PP.

De hecho, se procede a esta presentación ello días después de pedir a Hacienda que de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el techo de gasto se eleve un 32% respecto al anterior, al de 2022 -están prorrogados tres años los actuales-. Supondría un incremento del gasto de 62.000 millones de euros. Una demanda que desde Sumar, no obstante, descartaron. Internamente, hay preferencia por mantener el techo anterior. Precisamente, el reto de los Presupuestos para Maíllo puede suponer una encrucijada para Junts en plena ofensiva contra el Gobierno. En su declaración ante los medios, para anunciar ese plan, el líder de IU dudó de si los de Puigdemont serán capaces de rechazar un aumento de inversiones para Cataluña, como por ejemplo para los Rodalies.

Las declaraciones del de IU coincidieron con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la comisión de Trabajo del Congreso para explicar nuevas medidas de apoyo a las pymes, departamento que dirige en el Ejecutivo. A su llegada no valoró el asunto. A la hora de esta publicación, ni Movimiento Sumar ni el resto de fuerzas aliadas en el espacio salvo IU reaccionaron al órdago de Junts.