La avalancha de noticias procedentes de los tribunales españoles durante los siguientes días enterró la que realmente fue la primera de esta semana: el procesamiento del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por, entre otras cuestiones, las irregularidades en los contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia.

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A pocos periodistas les había dado tiempo a sentarse en la biblioteca del Tribunal Supremo, habilitada para seguir el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuando llegó el lunes antes de las 9:30 de la mañana el auto del magistrado Leopoldo Puente, donde el instructor del 'caso Koldo' detallaba los nueve hechos punibles por los que ha ordenado que continúe el proceso contra el político y sus antiguos colaboradores, a los que les imputa delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

A un lado quedan las presuntas mordidas de obra pública, investigadas en una pieza separada y que afectan al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que permanece en prisión provisional. Estos nueve hechos son los primeros por los que Ábalos se sentará en el banquillo, aunque probablemente no serán los últimos.

Concierto de voluntades entre los investigados

El juez describe un "concierto de voluntades" entre los tres investigados para obtener beneficios valiéndose de la posición pública del ministro de Transportes. Un "pacto" orientado a la comisión de hechos delictivos, "indeterminados" en el momento en el que surgió, "a la espera de las oportunidades".

Puente sostiene que se trató de un entendimiento estable, con "una innegable vocación de permanencia en el tiempo", mediante el que Aldama buscaba oportunidades de negocio, Koldo actuaba como intermediario y Ábalos intervenía cuando era necesario. Según el magistrado, los tres acordaron "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos" y de cualquier otra ocasión que se les presentara.

Asimismo, señala que, con el propósito de garantizar a Ábalos el pago de "comisiones ilícitas", en abril de 2019 se concertó para el político un contrato de alquiler con opción de compra de un piso propiedad de Aldama ubicado en el Paseo de la Castellana, que el exministro finalmente no llegó a pagar ni ocupar.

Alquiler del piso de Torre de Madrid

l magistrado recoge que Aldama se hizo cargo de "ciertos gastos" a petición de Ábalos y Koldo, como por ejemplo el alquiler de un piso en Torre de Madrid, ubicado en la Plaza de España, que sirvió de domicilio a la exnovia del socialista, Jéssica Rodríguez, que residió en él entre marzo de 2019 y marzo de 2022.

Las rentas fueron abonadas por un socio de Aldama, Alberto Escolano, y posteriormente por Koldo. El piso, tal y como acreditó la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fue elegido por la propia Rodríguez. El juez considera que esos pagos reflejan una compensación económica para Ábalos, que indirectamente se benefició de ellos, lo que constituye un beneficio económico vinculado al esquema de retribuciones irregulares.

Contratación de Jéssica Rodríguez

El togado explica que el exministro "desplegó su influencia" para promover la contratación a dedo de su entonces pareja en dos empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes, Ineco y Tragsatec, "sin que hubiera de superar ninguna clase de proceso de selección relevante y sin que, con pleno conocimiento de Ábalos y Koldo, acudiera ni un solo día a sus respectivos centros de trabajo", aunque sí cobrara.

Ella misma, en su declaración en el Tribunal Supremo, admitió que nunca fue a trabajar a pesar de que ingresaba una nómina pública. Tampoco desempeñó sus tareas telemáticamente.

Contratación de Claudia García Montes

En el caso de Claudia García Montes, conocida como "Miss Asturias", el juez señala que el político y su asesor, con quien la mujer "mantenía alguna clase de relación personal previa", promovieron su contratación en la empresa pública Logirail, también dependiente de la cartera de Transportes.

A diferencia del caso anterior, precisa que la trabajadora sí acudió regularmente a su puesto de trabajo entre 2019 y 2022, aunque considera acreditada la mediación irregular del entorno del ministro en su incorporación. Ambos episodios, según el auto, reflejan el uso de la influencia ministerial para favorecer a personas del entorno personal o cercano del exministro.

Gestiones para el rescate de Air Europa

Puente detalla que Aldama, que entonces actuaba como asesor de Air Europa, contó con la intervención de Ábalos para promover la publicación de una nota de prensa el 8 de agosto de 2020 por parte del Ministerio, mostrándose partidario de que la aerolínea, que se encontraba en una situación económica crítica por la pandemia, obtuviera el rescate del Gobierno, como finalmente ocurrió.

A cambio, el togado cree que Ábalos obtuvo el "disfrute gratuito" de un chalet en Marbella "entregado como gratificación" para él y su familia durante varios días de aquel verano. El dinero empleado para pagarlo procedía de Aldama o de la empresa cuyos intereses éste representaba. El juez considera que aquel disfrute constituía una gratificación vinculada a la intervención del ministro en el rescate.

Gestiones en favor de Villafuel

El auto sitúa otro de los hechos punibles en las gestiones realizadas por Koldo para facilitar una entrevista entre representantes de la empresa Villafuel y responsables del Ministerio de Industria. La mercantil buscaba obtener una licencia de operador de hidrocarburos, y la reunión fue promovida por Aldama.

El juez explica que, a cambio de esas gestiones, por indicación del empresario, una sociedad vinculada a su entorno, Have Got Time, controlada por Leonor Pano —su madre, Carmen Pano, fue quien aseguró en sede judicial que entregó 90.000 euros en efectivo en Ferraz— adquirió en Cádiz un inmueble con opción de compra, conocido como 'La Alcaidesa', que fue escogido por Ábalos.

Puente relaciona ambos hechos, las gestiones administrativas y la adquisición del chalet, dentro del mismo esquema de colaboración entre los tres investigados, en el que las ventajas personales se correspondían con actuaciones de influencia política o institucional.

Gestiones para el fraccionamiento de una deuda tributaria

El magistrado subraya también como un hecho punible las gestiones orientadas a lograr un aplazamiento de la deuda tributaria que tenía una de las empresas de Aldama. Valiéndose de Koldo y con la aprobación de Ábalos, Aldama logró concertar una cita con Carlos Moreno, por aquel entonces jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Moreno, que fue citado como testigo en el Supremo, negó haber recibido una comisión de 25.000 euros por esta gestión. Aldama logró aplazar la deuda de su compañía.

Certificados de movilidad

El auto menciona ttambién la expedición de certificados de movilidad durante el confinamiento, como parte del uso irregular de recursos públicos que derivaba del acuerdo previo entre los tres investigados, y que permitieron a determinadas personas moverse libremente durante el confiamiento.

El magistrado incluye este punto en el contexto del aprovechamiento de la estructura ministerial para fines particulares durante la pandemia. Aunque no detalla casos concretos, considera que estas actuaciones formaban parte del conjunto de conductas ilícitas surgidas del concierto inicial.

Contratos de adquisición de mascarillas

El juez detalla que Ábalos, junto a Koldo y Aldama, intervino en la adquisición de material sanitario durante la pandemia a través de organismos dependientes del Ministerio de Transportes, como Puertos del Estado y Adif. Según el auto, el exministro determinó la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas a cambio de recibir compensaciones económicas por parte del empresario.

La resolución explica que Aldama tuvo acceso a información "previa y privilegiada sobre las necesidades derivadas de la urgencia sanitaria", lo que le permitió preparar una oferta a favor de su empresa Soluciones de Gestión, finalmente beneficiaria de las adjudicaciones.

Asimismo, indica que las empresas públicas seleccionadas fueron "aquellas que el ministro entendió que se encontraban en mejor situación de liquidez financiera". La orden ministerial para comprar a través de Puertos del Estado se firmó el 20 de marzo de 2020 por un volumen inicial de cuatro millones de mascarillas, aunque el pedido se duplicó media hora después "por imposición de Aldama, con la aprobación de Ábalos y García".

Días después, se aplicó el mismo procedimiento con Adif, en condiciones idénticas y bajo el mismo impulso. En la documentación intervenida por la Guardia Civil al empresario constan anotaciones que según Puente reflejaan las presuntas comisiones exigidas a cambio de las adjudicaciones.

En conjunto, describe un patrón de colaboración estable entre los tres investigados, con intercambios de favores, beneficios económicos y gestiones políticas o administrativas que, según su auto, conforman un entramado delictivo sostenido durante varios años.

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