El juez Juan Carlos Peinado ha decretado el sobreseimiento libre de la secretaria general de Presidencia, Judit González, a la que había citado este domingo como imputada en el marco de la investigación que sigue contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por la presunta comisión de cinco delitos. González ha contestado a las preguntas del propio Peinado, de su abogado y del resto de defensas.

Así lo confirman a El Independiente fuentes jurídicas presentes en la declaración. El magistrado busca esclarecer si los responsables de Moncloa cometieron un delito de malversación en relación a la contratación y el trabajo de Cristina Álvarez, asesora en el palacio presidencial de la esposa de Pedro Sánchez. Esta es la razón por la que citó como imputada a González, por la que mantiene investigado a su predecesor en el puesto Francisco Martín —actual delegado del Gobierno en Madrid—  y por la que trató de imputar al ministro Félix Bolaños, que ocupó este cargo entre 2018 y 2021, pretensión que fue rechazada por el Tribunal Supremo.

Durante media hora, González ha explicado sus funciones y ha precisado que la asesora de Gómez no depende directamente de ella, sino del coordinador de personal de Moncloa. En ese momento, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha acordado el sobreseimiento libre al considerar que su cargo no guarda relación con los hechos que se investigan.

Peinado fundamentó su decisión en que la responsabilidad de González abarca tanto el control del personal dependiente de la Secretaría General como la supervisión de que sus funciones se ajusten a la legalidad. Según el juez, la omisión de ese deber de control puede eventualmente derivar en responsabilidad penal. En concreto, mantiene bajo la lupa la actividad de Álvarez en relación al Máster de Transformación Social Competitiva que Gómez dirigía dentro de la Cátedra que poseía en la Universidad Complutense de Madrid, y si se extralimitó en el desempeño de sus funciones públicas.

Asimismo, este domingo estaban citados a declarar de nuevo como testigos el presidente del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar; el responsable institucional y políticas públicas de Google, Miguel Escassi; y el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio.

De Alcázar ha contestado a las preguntas de la acusación popular que lidera Hazte Oír y ha insistido en que desde el Instituto de Empresas no intercambiaron ningún correo electrónico con la asesora de Begoña Gómez mientras la esposa del presidente del Gobierno dirigía el África Center, dependiente del IE. En línea con lo que ya testificó ante el juez hace un año, ha explicado que la contrató porque tenía un currículum adecuado para el cargo.

Por su parte, Escassi ha manifestado que nunca llegó a tratar directamente con Cristin Álvarez, mientras que Doadrio ha afirmado que sí llegó a conocer a Álvarez cuando firmaron el convenio de la cátedra, y que incluso comió un par de veces con ella y Begoña Gómez. También ha explicado que se enteró por la prensa de que no se había inscrito el software en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Complutense.