La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil revela en el informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán un dato relevante para comprender el proceso de adjudicación a Servinabar 2000 del contrato para la duplicación del túnel de Belate, que se adjudicó por casi 63 millones de euros, pero que se ha enfrentado a unos sobrecostes millonarios.

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Este procedimiento estuvo acompañado de una serie de anomalías que ya habían trascendido y que parecieron dirigir su concesión a la UTE en la que participaba la empresa de Santos Cerdán y Antxón Alonso (Servinabar) junto a Acciona Construcción y Excavaciones Fermín Osés. Ahora, la UCO denuncia "supuestas deficiencias en la custodia y confidencialidad de las ofertas".

Los investigadores inciden, en concreto, en que "la documentación técnica depositada por las empresas licitantes se habría alojado en una unidad de red a la que habrían podido acceder todos los empleados del Departamento de Cohesión Territorial" del Gobierno de Navarra. Es decir, de un organismo del que dimana la citada licitación, denunciada y señalada en su día por Víctor de Aldama por haber sido objeto de presunto cobro de comisiones por parte de los miembros de la trama.

Algunas irregularidades

La UCO también expone la falta de fundamentación que existía en los informes de valoración de las ofertas, así como "las presuntas discrepancias" sobre la verdadera solvencia técnica de la UTE conformada por Servinabar 2000, Acciona y Fermín Osés.

Según adelantó este periódico el pasado junio, unas horas antes de que aflorara el informe de la Guardia Civil que envió a prisión provisional a Santos Cerdán, los técnicos de la mesa de contratación de esta obra advirtieron de múltiples irregularidades durante el proceso de adjudicación y formalización del acuerdo.

En el expediente de la adjudicación, consultado por El Independiente, hay cinco votos que muestran "discrepancias" con los criterios que se emplearon para otorgar el contrato.

El secretario de la mesa de contratación, avisó a dicho órgano que "varios empleados" del Ayuntamiento le "habían revelado la existencia de comentarios (incluso de personas ajenas a la Administración) acerca del sentido de la valoración. Este extremo, así como el acierto de la orientación del comentario, fue corroborado por cinco de los miembros de la Mesa presentes en dicha reunión".

Es decir, que tuvo conocimiento de que algunas personas estaban intentando que influir en las puntuaciones que se les dio a las distintas empresas que se presentaron. Esa situación fue ratificado por otras cinco personas.

Testimonios coincidentes

Una de ellas, aseguró que "se valoraron aspectos no establecidos en los pliegos", es decir, que se puntuaron cosas que no deberían haberse tenido en cuenta. Una tercera indició en que no se especificó el porqué alguna propuesta era mejor que las otras.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ya envió en junio a los agentes de la UCO a registrar la sede de Servinabar. Allí acudió el teniente coronel Antonio Balas, máximo responsable de la Unidad, y que ha sido señalado por Leire Díez, presunta fontanera del PSOE.

El último informe de la Guardia Civil expone dos hechos que resultan controvertidos. El primero es que el presidente de la Mesa de Contratación, Jesús Polo, llegara a mantener contactos con empresas incursas en el procedimiento mientras estaba abierto.

La segunda --como adelantó este periódico-- son "las manifestaciones incluidas en las actas de la mesa de contratación, relativas a la supuesta predilección de una concreta oferta".

Proceso de adjudicación nulo de pleno derecho

Al respecto se pronunció el pasado mes de septiembre la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad de Navarra que consideró la adjudicación "nula de pleno derecho". Entre las anomalías detectadas destacaba que el presidente de la mesa se negó a convocar una reunión oficial como sí ocurre en otro tipo de concursos públicos.

El órgano independiente alertó en su informe de que las actas incluidas en el expediente fueron confeccionadas tras "el intercambio de correos electrónicos entre los miembros de la mesa", eso sí, sin que para ello se convocara una reunión al efecto, "ni se aprobara norma alguna que estableciera un plazo" para el intercambio de dichas comunicaciones o para la adopción de acuerdos". En este sentido, la Oficina concluyó que, al no haberse celebrado una reunión con los requisitos legales esenciales), los acuerdos no son válidos, lo que conllevaría la nulidad del procedimiento.

Cabe precisar que Servinabar fue fundada por Joseba Antxon Alonso Egurrola, amigo de Santos Cerdán y quien comenzó su actividad empresarial en el año 2000 en la provincia de Guipúzcoa. Posteriormente, dio el salto a Navarra y actualmente posee algunos negocios en Madrid. 

Los investigadores descubrieron documentación que probaría que Alonso traspasó la el 45% de las participaciones sociales de Servinabar a Santos Cerdán, a quien ahora la UCO sitúa como el presunto enlace entre el Gobierno y Acciona para los amaños de obra pública. En este caso, en la Comunidad Foral de Navarra.

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