El Tribunal Supremo ha condenado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Se trata de un hecho insólito en democracia, sin precedentes, que marcará un antes y un después en la Fiscalía.

La Sala de lo Penal da por acreditados los indicios que pesaban sobre él y respalda así la tesis del instructor del caso, el juez Ángel Luis Hurtado, y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ambos señalaban al hasta ahora jefe del Ministerio Público como responsable de difundir información reservada a la que accedió por razón de su cargo sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La decisión, sin embargo, no ha sido unánime. La sentencia contará con el voto particular de las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo. La ponencia final la asumirá el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta.

Hurtado envió a juicio a García Ortiz al considerar que, la noche del 13 de marzo, difundió un correo confidencial remitido por el abogado de González Amador al fiscal encargado del caso, Julián Salto. En uno de sus informes, la UCO sostuvo que el fiscal general tuvo "una participación preeminente" en aquella filtración.

El instructor subrayó la coincidencia horaria entre la recepción del mensaje y su publicación en los medios. Como acreditó el Instituto Armado, García Ortiz recibió la documentación a las 21:59 horas en su correo personal y, apenas dos horas después, a las 23:25, un periodista de la Cadena SER adelantó la información en antena, seguida de la publicación en la web de la radio a las 23:51.

Hurtado también destacó que, tras la noticia de El Mundo publicada a las 21:29 que apuntaba a una posible oferta de pacto de la Fiscalía a la pareja de Ayuso, García Ortiz entró en "un frenético intercambio de comunicaciones" con varios fiscales —principalmente vía WhatsApp— para preparar una respuesta y aclarar que no se había ofrecido ningún acuerdo al letrado de González Amador.

Asimismo, el instructor incidió en que el fiscal general borró el contenido de su teléfono móvil y los correos electrónicos relacionados con este asunto el mismo día en que el Supremo acordó abrir una causa penal contra él.

Además de la inhabilitación, el Supremo le impone una multa de 7.200 euros y tendrá que indemnizar al novio de Isabel Díaz Ayuso con 10.000 euros por daños morales.