Álvaro García Ortiz ha presentado este lunes al ministro de Justicia, Félix Bolaños, su carta de renuncia. Más de 400 días han pasado desde que el Tribunal Supremo le imputase formalmente por revelación de secretos. Durante este tiempo han sido muchos los miembros del Ministerio Público que han pedido al fiscal general que dimita en un acto de solidaridad para proteger la imagen de la institución. No obstante, no ha sido hasta ahora -con una condena sobre la mesa- cuando el salmantino ha trasladado al Gobierno su intención de cesar en el cargo.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha sido de las más críticas desde que se abriera la causa contra el máximo representante del Ministerio Público. Además, varios de los fiscales de Sala adscritos a esta asociación lideraron el pasado mes de enero la elaboración de la carta en la que trece fiscales de Sala pedían la dimisión del líder de la institución. Casi un año después, y con la renuncia del jefe de la Fiscalía sobre la mesa, la presidenta de AF, Cristina Dexeus, analiza en El Independiente cómo ha afectado la negativa de García Ortiz a marcharse a la imagen de la Fiscalía.

Hoy García Ortiz ha entregado al ministro su carta de renuncia. ¿Qué opinión le merece que no haya tomado hasta ahora la decisión de marcharse?

El fiscal general insiste en que se ha mantenido en el cargo por velar por la institución. Yo creo que si hubiera pensado tanto en la institución, se hubiera marchado hace mucho, desde el momento en que la investigación se dirigió contra él mismo. Al menos desde ese momento, para evitarnos toda la situación de tensión y bochorno que hemos tenido que soportar y el descrédito que la carrera está padeciendo ahora mismo.

¿Cómo ha afectado a la institución la instrucción contra García Ortiz?

Yo creo que el hecho de estar en boca de todos, que el máximo responsable de la institución siguiera en el cargo y mantuviera una estrategia de defensa consistente en denunciar que no ha tenido un proceso justo… Hace mucho daño. La estrategia de defensa de choque contra el Tribunal Supremo, mientras continuaba representado a la Fiscalía, ha puesto en una situación muy delicada al Ministerio Público y a la carrera

De cara a la ciudadanía, la imagen de la defensa del máximo representante del Ministerio Público atacando a los tribunales españoles y diciendo, en otras palabras, que son prevaricadores, coloca muy en entredicho a nuestra institución. Genera ese choque entre instituciones que en democracia es inadmisible, porque han de respetarse unas a otras y, además, enturbia la imagen de imparcialidad de la Fiscalía.

Más allá de cómo ha llevado este asunto el propio García Ortiz, ¿Qué opinión le merece la protesta que se ha producido este fin de semana frente al Supremo, en la que hemos visto a caras conocidas como, por ejemplo, a Dolores Delgado o a Baltasar Garzón?

En democracia se puede hacer crítica de las resoluciones y el perjudicado puede recurrir la resolución si se dan los requisitos para ello. Pero lanzar este mensaje, además sin conocer los fundamentos de la condena, me parece una irresponsabilidad tremenda. Me parece que eso no es lo razonable en un Estado de Derecho porque, además, lo que puede generar en la ciudadanía es desconfianza hacia la Justicia española. Esto puede dar lugar a que la gente decida no cumplir las resoluciones judiciales. Como el propio Gobierno o los fiscales dicen que hay politización en la Justicia, puede haber gente que diga: "No cumplo la sentencia".

Durante el juicio, hemos visto cómo se ha llegado a decir que la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, era fruto de la "animadversión" que sentía hacia García Ortiz. ¿Qué piensa sobre esta imagen de enfrentamiento interno en la Fiscalía?

Yo no puedo entrar en valoraciones sobre el juicio. Solo lamento, eso sí, que se manche la profesionalidad de los compañeros, cualquiera de ellos.

Ahora que se abre el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general, vosotros lleváis mucho tiempo pidiendo que se reforme el Estatuto Orgánico para desligar este puesto del Ejecutivo.

Parece que eso no está en la mente del legislador. Lo único que está previsto en la reforma del Estatuto que se lleva al Congreso de los Diputados es desligar el tipo de mandato del fiscal general del Estado respecto al del Gobierno que lo nombra, que su mandato sea de cinco años y no coincida con el del Ejecutivo, pero eso no está en vigor todavía. Si eso no va acompañado de otra serie de decisiones, como que tengamos autonomía presupuestaria y reglamentaria que nos desligue del Ministerio de Justicia, tampoco servirá de mucho.

Sobre esta reforma, ¿qué más se debería mejorar de cara a que los fiscales asuman la instrucción de las causas penales?

La posibilidad de que las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía fueran por escrito. Que el Consejo Fiscal tuviera mucho más peso que el que tiene ahora en las decisiones que se toman por parte de la Fiscalía General del Estado, para que no tuviera el fiscal general un poder prácticamente absoluto. También que el Consejo Fiscal pudiera influir en los nombramientos y que exista una mayor democratización interna en la carrera.

Algunos ministros y representantes políticos ya han opinado sobre el fallo del Supremo y la condena a García Ortiz. ¿Qué opinión le merece que se hagan en este tipo de consideraciones?

A mí me parece que es una irresponsabilidad. No podemos actuar como si fuéramos 'hooligans'. Lo que hay que hacer es dejar a los tribunales enjuiciar sin presiones, sin descalificaciones que no ayudan a la convivencia democrática ni son propias de alguien que asume responsabilidades de Gobierno.

Ahora descalifican a los magistrados que han juzgado a García Ortiz y no recuerdan que son los mismos que juzgaron la Gürtel. ¿Qué ha cambiado? ¿Ahora son enemigos del Estado de Derecho y antes eran amigos? Yo creo que hay que estar por encima de esas luchas partidistas y ser responsable de la democracia. Las instituciones han de respetar esos principios fundamentales y sagrados. Si no, esto toma un camino peligroso.