La entrada en prisión del diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, tiene consecuencias directas para el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Aunque conservaría su acta incluso en caso de ser encarcelado, quedaría suspendido de sus funciones y atribuciones parlamentarias, lo que le impediría participar en las votaciones.

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Por ahora, la Cámara Baja no contempla reducir el número de escaños de 350 a 349, de modo que la mayoría absoluta seguiría fijada en 176 votos y no 175, siendo por tanto decisivo el del exministro de Transportes.

Fuentes parlamentarias explican a El Independiente que, en este momento, no se estudia una eventual reducción del número de diputados. Las mismas fuentes insisten en que no existe debate alguno ni informes previos solicitados, y que no hay voluntad de plantear un cambio en ese sentido.

El reglamento de la Cámara establece que los parlamentarios quedarán suspendidos de sus derechos y deberes cuando se hallen en situación de prisión preventiva y sea firme el auto de procesamiento, como ocurre en el caso de Ábalos, que ya está procesado por irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia. En caso de que ingrese en prisión, el juez comunicará la decisión al Congreso, que la trasladará a la Mesa para formalizar la suspensión.

Los cuatro supuestos en los que un diputado pierde su condición son los siguientes: Por decisión judicial firme que anule su elección o su proclamación; por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme; por extinción del mandato; por renuncia presentada ante la Mesa del Congreso. Por ahora, no se cumple ninguno de estos requisitos.

En uno de sus autos, el magistrado del Supremo aseguró que le producía "estupor" que Ábalos no hubiera renunciado a su acta teniendo en cuenta los graves indicios de corrupción que pesan sobre él. Explicó que era "un buen motivo para la reflexión" y recordó que la presunción de inocencia es un derecho constitucional "de máxima relevancia", aunque consideró que "no sería obstáculo, necesariamente, para que pudiera articularse por ley algún mecanismo apto para impedirlo".

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