El PP reacciona a la sentencia de García Ortiz: "Es el primer fiscal general del Estado al que podemos llamar delincuente"

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, se pronunció sobre la sentencia emitida este martes por el Tribunal Supremo tres semanas después de conocerse el fallo y la declaración de culpable a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos que le inhabilitará dos años. Tras su participación en la reunión en la junta de portavoces, la popular aseguró que "es el primer general del Estado al que podemos llamar delincuente".

El 20 de noviembre, el Supremo -con cinco de los siete magistrados a favor- condenó además a García Ortiz a pagar una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador. Se condena al exfiscal general por revelar datos sobre el presunto fraude a Hacienda de González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Muñoz, que reconoció no haber podido leer la sentencia por coincidir la rueda de prensa con la publicación de la misma, insistió en que las conclusiones del Supremo permiten llamar "delincuente" al exfiscal general sin paliativos. Teresa Peramato, su relevo, tomará posesión este jueves con retos en el horizonte como determinar el futuro de García Ortiz dentro de la carrera. Muñoz en esa comparecencia de prensa centró el tiro, en todo caso, en la principal grieta interna del PSOE, que el PP está explotando a conciencia con diferentes enfoques, pero especialmente de cara a las elecciones en Extremadura: el caso Salazar.

"Si algo ha quedado claro en las últimas semanas y en los últimos meses es que el mayor riesgo para la seguridad de las mujeres la representa el Gobierno de Pedro Sánchez", determinó la popular a la vez que arremetía contra legislaciones aprobadas por los socialistas en coalición como la ley del solo sí es sí, o crisis como la de los fallos en las pulseras telemáticas para los agresores de violencia machista.

El PSO "ha mentido". "Sabemos que a día de hoy sigue habiendo fallos y siguen sin asumir responsabilidades". "A Sánchez todos estos asuntos no le importan nada porque no han tomado medidas. Con el último caso del señor Salazar entienden que hay que cesar a los subordinados y no a los que estaban por encima y que tapaban todas estas conductas", aseguró Muñoz refiriéndose a María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y a Óscar López y Antonio Hernández en Moncloa. El último ya ha sido cesado.

"Su fiscal es un delincuente. Con sentencia firme"

A las palabras de Muñoz se unían las de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que seguía el hilo estratégico. "Aquí tienen la sentencia todos los que clamaban por ella para atacar a los jueces, empezando por Sánchez. Su fiscal es un delincuente. Con sentencia firme", escribió en X la dirigente popular. "Que el fiscal general redacte notas de prensa, incluyendo datos protegidos y secretos de particulares, es ilegal", amplió.

Su sucesor en la secretaría general, Miguel Tellado, a través de la misma red social, calificó de "histórica" la sentencia. Cree que con ella delante el Ejecutivo y Sánchez "deberían dimitir". "Ya conocemos la sentencia histórica del Supremo condenando a un fiscal general por primera vez en democracia. Ahora el Gobierno en pleno debería dimitir por haber defendido a quien 'quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación'".

En la sentencia se indica que "no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar que la filtración se desarrolló en la Fiscalía General del Estado y que el propio Fiscal tuvo una participación directa" para hacer llegar la comunicación confidencial al periodista de la Cadena Ser. El Supremo sustenta su condena con varios puntos fundamentales: el "acceso singular" a la documentación, la secuencia temporal de comunicaciones, la urgencia mostrada por García Ortiz la noche del 13 de marzo para hacerse con los correos filtrados, la llamada del periodista, el posterior borrado de los registros o los recelos expresados por sus subordinadas sobre la filtración, siendo clave la declaración en el juicio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien apuntó directamente a su jefe.

Los magistrados del Supremo consideran relevante que ninguna otra persona distinta al letrado de Alberto González Amador, el fiscal Julián Salto; Pilar Rodríguez y el propio García Ortiz, y su entorno pudieron participar en la filtración. Todos estos hechos permiten "construir un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente" que deja directamente al fiscal general o a una persona próxima a él, como la fuente de la Cadena Ser, receptora de la filtración.