El Supremo descarta la "exagerada" indemnización solicitada por el novio de Ayuso al fiscal general

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del novio de Isabel Díaz Ayuso de recibir 300.000 euros de indemnización del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a raíz de la filtración de un correo en el que se reconocían dos delitos fiscales. La sentencia califica la cifra solicitada como "exagerada" y propia de un planteamiento "desmesuradamente ambicioso".

La decisión, conocida este martes, critica la estrategia de la acusación ejercida por Alberto González Amador, que aseguraba que la filtración le había causado graves perjuicios en todos los ámbitos, llegando incluso a declarar: "O me voy de España o me suicido".

El Supremo condena, en cambio, al fiscal general a dos años de inhabilitación y a indemnizar con 10.000 euros a González Amador, argumentando que la filtración apenas añadió información nueva a hechos que ya eran de "público conocimiento" por la existencia de una causa penal por fraude fiscal según EFE.

El tribunal señala que, incluso sin la difusión del correo, "la secuencia de comentarios, valoraciones y críticas no hubiera variado mucho", y que imaginar lo contrario es pecar de ingenuidad respecto a cómo se desarrolla el debate público sobre asuntos con repercusión política.

Asimismo, los jueces descartan que González Amador pueda responsabilizar al fiscal de los excesos cometidos por terceros, recordando que los daños provocados por calificativos de "defraudador confeso" o "delincuente" deberán reclamarse directamente a quienes los realizaron.

El Supremo recuerda que el demandante ya intentó sin éxito acciones similares contra la vicepresidenta María Jesús Montero, ya que las expresiones, aunque desabridas, no atentaban contra su honor, al estar basadas en hechos y enmarcadas en el debate político.

Por último, el tribunal reprocha al novio de Ayuso que planteara de manera "exageradamente tremendista "que este proceso podría perjudicar su juicio pendiente por fraude fiscal, señalando que es precipitado e infundado suponer que los jueces no podrán resolver con profesionalidad sobre ese caso.