El Partido Popular de Extremadura presentará a primera hora de este martes una denuncia ante la Junta Electoral territorial en la que acusa a Pedro Sánchez de "vulneración manifiesta del principio de neutralidad institucional que debe regir en todo periodo electoral", de quebrar "el principio de objetividad de los poderes públicos" y afectar "al principio de igualdad entre las candidaturas", según el texto que ha podido conocer El Independiente. Aluden los populares extremeños a la rueda de prensa que ofreció este lunes el jefe del Ejecutivo en Moncloa adelantándose, con mucho, al que era su calendario habitual de balance de fin de año.

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De hecho, recriminan que durante su comparecencia no se limitó a hacer un balance objetivo e informativo de la gestión, "sino que ha destacado constantemente, de forma expresa y reiterada (...) una valoración elogiosa de la gestión desarrollada al mismo tiempo que desacredita el resto de formaciones políticas adversarias, con múltiples alusiones y valoraciones críticas" hacia el PP.

"Maniobra para orientar el voto"

El partido de María Guardiola cree que la escenificación en Moncloa en plena recta final de la campaña de las elecciones extremeñas del domingo 21, "se trata de una maniobra orientada a vender logros e influir en el voto del electorado, vulnerando la prohibición de realizar actuaciones financiadas u organizadas por los poderes públicos que contengan alusiones a realizaciones o logros en periodo electoral". Aluden, en este sentido, al artículo 50.2 de la LOREG, que establece expresamente que "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

Es por ello, que los populares "entendemos que debe considerarse propaganda institucional aun cuando se presente como un mero informe si su contenido y formato tienen una finalidad de comunicación persuasiva y difusión masiva con el objetivo de realzar la gestión de un partido ante el electorado". El comité de dirección del PP analizó este asunto, tal y como adelantó El Independiente, aunque la iniciativa corresponde al partido en la región, pues al tratarse de unas autonómicas deben recurrir a la Junta electoral territorial, salvo en el caso de Cataluña, que al carecer de ley electoral propia tampoco tiene una Junta electoral catalana.

Los sondeos auguran muy malos resultados para Gallardo

También aducen ante el órgano destinado a velar por la limpieza de los comicios, que no sólo la comparecencia desde Moncloa tuvo "una amplia repercusión mediática", sino que en las informaciones previas -"coincidiendo plenamente con el periodo de campaña electoral de las elecciones autonómicas"- ya se interpretó como "una estrategia deliberada de intervención desde la sede institucional de la presidencia del Gobierno con la finalidad de incidir en el desarrollo de la campaña electoral". Los sondeos auguran muy malos resultados para el candidato socialista, el procesado Miguel Ángel Gallardo.

Con la excepción de 2019, en que no hubo comparecencia pública, Sánchez ha venido ofreciendo ruedas de prensa de balance del año que termina y grado de cumplimiento del programa de investidura todos los meses de diciembre. Lo que hace esta comparecencia ante la prensa tan especial es que nunca la ha convocado tan pronto. La mayoría se han desarrollado en la semana de Nochevieja (2023, 2022, 2021, 2020 y 2018) y el año pasado en la de Nochebuena (23 de diciembre). Y justo este año coincidiendo con el desarrollo de una campaña electoral que culmina el próximo viernes.

En todo caso no es la primera vez que la Junta Electoral Central sanciona a un presidente del Gobierno en la historia de la democracia y todas las veces ha sido a Sánchez. Lo hizo 2019 por usar Moncloa para dar una entrevista electoral en la campaña de las generales de 10-N; en junio 2023 -con multa de 2.200 euros- por usar una rueda de prensa posterior a un Consejo de Europa para arremeter contra PP y VOX en plena campaña de las generales (1.500 euros), y en 2024 se le incoó un expediente sancionador por apoyar a Salvador Illa en una comparecencia pública desde Doha previa a los comicios catalanes de ese año. Dos de las portavoces gubernamentales, Isabel Rodríguez, y la actual, Pilar Alegría, también lo han sido por usar la mesa de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para hacer campaña.

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