El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Teodoro Velázquez ha afirmado este lunes en las Cortes Valencianas que los efectos de la dana del 29 de octubre de 2024, que arrasó buena parte de la provincia de Valencia, eran “totalmente previsibles” y que la magnitud de la catástrofe se explica, en gran medida, por la ausencia de obras hidráulicas previstas desde hace años y por la falta de un sistema eficaz de alerta temprana a la población.

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Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana, Velázquez ha asegurado que, a partir de las cinco de la tarde de aquel día, “las personas estaban sentenciadas a muerte”, una afirmación que ha repetido para subrayar que, a su juicio, el margen de reacción se había agotado horas antes por no haber actuado con antelación.

El ingeniero ha señalado como causas principales de la devastación la no ejecución —o incluso la no tramitación— de medidas estructurales como presas, encauzamientos y otras infraestructuras hidráulicas, así como la inexistencia de un sistema de alerta temprana operativo. En este sentido, ha sostenido que el actual Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) no cumple esa función. “Tener el dato de que están pasando 1.500 metros cúbicos por segundo no me vale de nada si ese dato llega con retraso, cuando el agua ya ha llegado”, ha explicado.

El foco en la Confederación Hidrográfica

Velázquez ha defendido que los sistemas de alerta temprana son “la única forma de salvar a la población”, aunque ha insistido en que, sin obras estructurales, su eficacia es limitada. Según ha expuesto, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Ministerio para la Transición Ecológica disponían de información suficiente desde primera hora de la mañana. En concreto, ha señalado que a las 7.36 horas ya se había registrado un dato de 180 litros por metro cuadrado, lo que, según los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, permitía prever una avenida cercana a un periodo de retorno de 500 años.

Ese escenario, ha detallado, implicaba la inundación de unos 128 kilómetros cuadrados en la zona del Bajo Turia y niveles de agua de hasta cuatro metros. “Con el conocimiento que se tenía de las cuencas y de los mapas de peligrosidad, estaba claro que se iba a producir lo que se produjo”, ha afirmado, reprochando que la previsión no se hiciera “a las nueve de la mañana, y no a las cinco o a las siete de la tarde”.

En cuanto a las competencias, Velázquez ha indicado que las medidas necesarias están contempladas en el Plan Hidrológico Nacional y que las obras hidráulicas corresponden a la Administración General del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica. Ha criticado que, en zonas de riesgo extremo de inundación, se haya priorizado la ejecución de infraestructuras verdes, una estrategia que ha calificado de “absolutamente insuficiente”.

También ha señalado como un error el archivo del proyecto de adecuación ambiental de la cuenca del barranco del Poyo hacia l’Albufera por supuestas incompatibilidades con la Ley de la Huerta, una norma que ha considerado “nefasta” para la ejecución de estas obras. Como soluciones, ha reclamado cumplir la legislación vigente, ejecutar el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación redactado en 2016 y retomar, por la vía de urgencia, las actuaciones previstas en el Poyo, Saleta, Pozalet, Gallego, la presa de Vilamarxant y el acondicionamiento del Turia. “Esto tendría que estar haciéndose ya; llevamos un año y no se ha iniciado nada”, ha lamentado.

Choque político

Las intervenciones de los grupos parlamentarios han evidenciado el choque político en torno a las responsabilidades. PSPV y Compromís han reprochado a Velázquez un relato “sesgado” y han negado que la Ley de la Huerta impida desarrollar infraestructuras hidráulicas. La socialista Mª José Salvador ha recordado que el día de la dana existía una alerta roja desde las 7.30 horas y ha situado el foco en la gestión de la emergencia, preguntándose por qué el Cecopi se convocó tarde y por qué la alerta a la población no se envió hasta las 20.11 horas, cuando la situación era ya irreversible. Compromís ha insistido en que la información estaba disponible y que el problema fue una mala gestión de la misma.

Por el contrario, PP y Vox han respaldado la intervención del ingeniero y han dirigido sus críticas al Gobierno central. Vox ha defendido que lo expuesto por Velázquez “son datos”, mientras que el PP ha considerado “grave” su testimonio y ha subrayado que la Generalitat ha reconocido errores y asumido responsabilidades políticas, algo que, a su juicio, no ha ocurrido en la Administración central.

En su turno final, Velázquez ha apelado a “conocer la verdad”, corregir los errores cometidos y adoptar decisiones para evitar que se repita una catástrofe similar. “La única medida es hacer lo que dice la legislación vigente”, ha concluido.

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