La 'trama Leire' se benefició de la adjudicación de contratos públicos por más de 132 millones de euros. Entre los expedientes que permanecen bajo el foco de los investigadores destaca el contrato adjudicado 'a dedo' a la empresa vinculada a Santos Cerdán, Servinabar 2000 SL, pocos meses después de que sociedad vasca incorporara a sus filas a otro de los investigados en la causa, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.

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Así consta en el listado de contratos menores suscritos por la empresa pública Mercasa, al que ha tenido acceso El Independiente, y en el que se detalla la fecha de formalización del contrato, el 11 de noviembre de 2021. El contrato público, firmado por un valor de 18.119 euros, fue adjudicado a la empresa de Antxón Alonso apenas pocos meses después de que Fernández fuese contratado por Servinabar. Según los investigadores, este empezó a comprar como empleado desde el mes de junio de ese año.

La macrooperación dirigida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) contra el 'grupo Hirurok' destapó la existencia de una presunta organización criminal que se beneficiaba del amaño de contratos públicos adjudicados por empresas públicas dependientes de la SEPI. El grupo formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso se embolsaron miles de euros en presuntas comisiones ilegales gracias a la influencia ejercida sobre personas vinculadas a la función pública, incluso tras su salida de la Administración.

Este es el caso del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, quien siguió ejerciendo como nexo de la trama con la Administración tras su salida de la empresa dependiente del Ministerio de Hacienda. Así lo recoge el magistrado Antonio Piña en una diligencia, a la que ha tenido acceso este medio, en la que se sitúa la actividad delictiva de la trama entre el año 2021 y 2023.

En este periodo, el hombre de confianza de María Jesús Montero pericibió 128.092 euros en concepto de nóminas por parte de la empresa también investigada en el conocido como 'caso Koldo'. Todo ello, mientras la sociedad vasca o empresas de la órbita del 'grupo Hirurok' -los tres juntos en euskera- se hacían con contratos públicos gracias a la intermediación de diferentes cargos públicos.

La UCO sospecha que el contrato adjudicado por Mercasa 'a dedo' a la empresa vinculada a Cerdán se materializó gracias a "la connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública". Estos alto cargos, junto a los tres investigados, diseñaron una operativa para impulsar el cambio de sede de la empresa pública, gracias a la contratación de Servinabar que debía emitir "un informe técnico de las oficinas de la sede central". Según los investigadores, este documento cuantificaba de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación y, además, contenía multitud de falsedades.

La operación vinculada con Servinabar se pudo desempeñar con mayor facilidad al constar como un contrato menor, es decir, que la oferta no tuvo que ser expuesta a concurso público.

Otros contratos públicos

No obstante, los investigadores siguen la pista de otros expedientes que sí responden a grandes licitaciones públicas tramitadas mediante concurso público. Este es el caso de la adjudicación por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri SL - Afesa Medio Ambiente SA por un importe 2,8 millones.

Los investigados habrían tenido la capacidad de beneficiar a la mercantil Erri Berri a través del presidente de la Mesa de Contratación. "Como contraprestación de esta actuación, la empresa habría canalizado fondos al 'grupo Hirurok' por un importe total de 400.000 euros, haciéndolo en algunos casos a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos y provocar
una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales".

Un 'modus operandi' similar se empleó para la contratación por parte de Enusa, dependiente de la SEPI, del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes SLP. Los indicios recogidos por la UCO señalan que los investigados, junto a varios directivos de la empresa pública, habrían ideado un plan para viabilizar esta operación y, además, obtener un rédito económico.

En total, los investigadores cuantifican en 750.000 euros el total de mordidas atribuidas a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso.

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