Es una de las últimas resoluciones que llevará la firma de Pilar Alegría como ministra de Educación. Alegría, que el martes se despedía de la prensa en la rueda posterior al Consejo de Ministros, apostó a principios de diciembre por reforzar la enseñanza de la asignatura de lengua árabe y “civilización marroquí” que se imparte en la red de colegios públicos españoles en Marruecos, integrado por once centros, entre ellos, el que España mantiene en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental bajo ocupación militar del régimen alauí.

Fue uno de los 14 acuerdos suscritos en la fugaz Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos que se desarrolló durante apenas tres horas en La Moncloa. Pero en el ministerio de Educación, a la espera de que Pedro Sánchez designa sustituto, nadie parece dispuesto a proporcionar información sobre la letra pequeña de lo firmado por Alegría, que ha enfilado esta semana el camino de regreso a Aragón para convertirse, con las encuestas en contra, en la candidata del PSOE para las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero.

Opacidad y silencios

Durante la última semana El Independiente ha reclamado información adicional a la publicada en el BOE. Una tarea totalmente infructuosa. El departamento ha optado por el silencio o las evasivas a las cuestiones planteadas por este diario. No ha proporcionado el listado completo de centros españoles dependientes del Ministerio en Marruecos a los que afecta este acuerdo; los temas del currículo de lengua árabe y civilización marroquí que se impartirán; y quiénes se han encargado de elaborar el currículo así como la implicación del ministerio español en su elaboración.

Ninguna de las cuestiones planteadas ha sido abordada por el departamento de comunicación del ministerio, que ha dirigido hasta ahora Manuel Gracia Alonso, ex periodista que ha desarrollado su carrera más reciente al abrigo del PSOE. Desde 2019 fue encargado de comunicación del ayuntamiento de Huesca y antes director de Comunicación del Gobierno de Aragón durante la presidencia del socialista Marcelino Iglesias.

Evasivas y desinformación

Tras las reiteradas peticiones de información, el gabinete trató de zanjar el tema con una respuesta errónea, alimentado la desinformación. "Al tratarse de centros educativos dependientes de las comunidades autónomas, corresponde a las administraciones educativas facilitar esa información en caso de que lo consideren oportuno", deslizó. Las preguntas se referían a la red de colegios públicos dependientes del ministerio de Educación en Marruecos.

Ante la falta de respuesta y la insistencia, fuentes de comunicación de la cartera que aún mantiene Alegría intentaron nuevamente desentenderse del asunto, dejando por escrito su renuncia total a desempeñar cualquier función en unas clases impartidas en centros de titularidad y gestión españolas. "Al tratarse de un programa dependiente del Gobierno de Marruecos, por favor, puede contactar con ellos para realizar la petición que precise. Un cordial saludo", deslizó una empleada del ministerio, que ha rehusado desde entonces responder las peticiones de información.

Alegría cierra su etapa al frente del ministerio tratando de eludir cualquier ejercicio de escrutinio público. España, la potencia administradora de 'iure' del territorio saharaui, tolera así que el país ocupante imponga su relato incluso en colegios españoles en Marruecos y en las aulas del colegio La Paz, la institución educativa gestionada por el ministerio de Educación español y uno de los últimos vestigios de la presencia de España en la que fue la provincia número 53, abandonada a su suerte en 1975.

Se da la circunstancia de que el programa es similar al Plan de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que se imparte desde hace más de una década en centros públicos de la península. Hace meses la polémica que desató la publicación del currículo de algunos de los colegios e institutos -en los que se celebra como una fiesta La Marcha Verde que sirvió para ocupar ilegalmente el Sáhara- llevaron a la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia a abandonar la iniciativa.

A imagen y semejanza del programa dedicado a centros públicos radicados en España, en el caso de las clases en colegios españoles en Marruecos el profesorado son funcionarios marroquíes seleccionados por Rabat. “El personal docente que imparte lengua árabe y civilización marroquí en los centros docentes españoles dependientes del Estado español presentes en el Reino de Marruecos estará compuesto por personal funcionario del Ministerio de Educación Nacional, Preescolar y Deportes que cumplirá con el perfil y la cualificación requerida para ejercer la docencia en Marruecos”, establece el acuerdo.

Personal pagado y seleccionado por Marruecos

Según el documento publicado en el BOE, “el personal docente será seleccionado, designado y adscrito a los centros docentes españoles dependientes del Estado español presentes en el Reino de Marruecos por la Administración educativa marroquí de acuerdo con los textos legales y reglamentarios marroquíes en vigor”. Rabat también correrá con sus salarios. “Este personal docente deberá tener un nivel aceptable de la lengua española y, en la medida de lo posible, deberá tener conocimiento de la cultura española y del sistema educativo español”, añade el acuerdo.

La asignatura se imparte en los 11 centros públicos españoles, donde durante este curso académico se hallan matriculados 5.002 alumnos. La plantilla de profesores está integrada por 397 personas. Además del de El Aaiún -ubicado en un territorio no autónomo pendiente de descolonización, según la ONU-, la administración española tiene una decena de centros en suelo marroquí, repartidos por las ciudades de Tánger, Tetuán, Alhucemas, Nador, Casablanca, Rabat y Larache.

Según el documento que fija sus funciones, los profesores marroquíes elegidos y contratados por Rabat “no realizarán ninguna actuación ni actividad contraria al espíritu del presente acuerdo, contribuyendo con su comportamiento individual y colectivo al refuerzo de las relaciones de amistad y buena vecindad que unen a las Partes”. Precisa, no obstante, que “la Parte marroquí mantiene la plena facultad y la exclusividad sobre la aplicación de su normativa disciplinaria respecto del personal docente puesto a disposición de los centros docentes españoles dependientes del Estado español presentes en el Reino de Marruecos”.

El acuerdo tiene una vigencia de tres años prorrogables por otro período idéntico. Su firma se produce meses después de la controversia suscitada por un programa similar en territorio español que se impartía hasta este año en 12 comunidades autónomas. Es fruto de un convenio firmado en 1985. La asignatura está dirigida a alumnos marroquíes y españoles de primaria y secundaria, tiene carácter voluntario, no es evaluable a efectos académicos y los profesores son funcionarios marroquíes que paga el Gobierno de Marruecos.

Una polémica previa de la que Alegría también se desentendió

Al ministerio de Educación le persigue otra controversia destapada en 2024 por este diario. El Gobierno español reconoció la marroquinidad del Sáhara Occidental en el BOE, pero ninguno de los dos ministerios implicados -Educación y Cultura- lo asumió como propio. La licitación de unas reformas en el colegio español de El Aaiún, acompañada de una serie de documentos en los que se identifica como territorio de Marruecos, provocó un cruce de versiones contradictorias entre los ministerios de Educación y Cultura, en manos ahora de PSOE y Sumar respectivamente.

El proyecto de ejecución de unas obras en el colegio español fue ofertado en marzo de 2023 en el Boletín Oficial del Estado por un valor de 60.500 euros. El centro en cuestión es “La Paz” de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, la ex colonia español que ocupa desde 1975 Marruecos en contra del derecho internacional. El territorio es el último pendiente de descolonización en África, pero según el documento del Gobierno español se trata de una ciudad marroquí. Un término que volvió a usarse en agosto de 2024, al anunciarse el adjudicatario.

El ejecutivo de Pedro Sánchez protagonizó en marzo de 2022 un histórico giro en la posición de España, la potencia administradora del territorio, en el litigio del Sáhara, quebrando 47 años de neutralidad activa. La decisión del PSOE provocó la censura de su entonces socio de coalición, Unidas Podemos, y también ahora de Sumar, su sucesor en el espacio a la izquierda del PSOE, aunque el asunto saharaui ni siquiera se mencionó en el pacto de coalición firmado por ambas formaciones.