La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha ordenado la apertura de varias investigaciones internas en la Unidad Central Operativa (UCO) por presuntas filtraciones de información. Esta decisión, que comenzó “hace dos años aproximadamente”, según fuentes cercanas a la UCO, coincide en el tiempo con la apertura y judicialización de algunas de las investigaciones más sensibles con impacto político de los últimos años.

Entre ellas se encuentran causas como el 'caso Mascarillas', el 'caso Koldo' o el conocido como 'caso Leire', procedimientos en los que el Instituto Armado ha desempeñado un papel clave y en los que altos cargos, ministros y personas del entorno del PSOE han sido investigados o señalados en informes policiales remitidos a la autoridad judicial.

Fuentes cercanas a la UCO explican a El Independiente que, en varias ocasiones, la directora general “ha ordenado a otro instructor, es decir, a otro guardia civil, que abriera una investigación interna” contra agentes de la propia unidad con el objetivo de determinar el origen de supuestas filtraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, subrayan que “todo se ha cerrado sin responsabilidad para nadie” y que la única finalidad era “amedrentar”.

Estas diligencias internas se abren, según relatan las fuentes, cuando determinada información de causas judiciales aparece publicada antes de que los sumarios sean formalmente entregados a las partes. No obstante, desde la UCO insisten en que “la filtración es cuando el sumario se le da a las partes”, en referencia a que, una vez levantado el secreto, el acceso a la documentación deja de estar limitado exclusivamente a los investigadores.

“Un plus de sospecha gratuito” 

“De repente un compañero tuyo viene a preguntarte si tú has filtrado algo”, explican las fuentes consultadas, que reconocen que este tipo de investigaciones generan “un plus de sospecha gratuito” entre los agentes y alimentan un sentimiento de malestar dentro de la unidad. Según estas mismas fuentes, la apertura de diligencias internas contra funcionarios del Instituto Armado que están desarrollando su labor judicial provoca frustración y una sensación de desconfianza hacia la cúpula del cuerpo.

Desde las fuentes cercanas a la UCO, interpretan que la coincidencia temporal entre estas investigaciones internas y el avance de causas judiciales políticamente sensibles no es casual. “La finalidad es amedrentar” a los agentes, sostienen, y consideran que el mensaje que se traslada es el de una vigilancia constante sobre quienes participan en investigaciones de gran repercusión pública.

“Todo se ha cerrado sin responsabilidad para nadie”

Pese a ello, recalcan que ninguna de las investigaciones internas abiertas en estos dos últimos años ha derivado en sanciones ni responsabilidades disciplinarias. "Todo se ha cerrado sin responsabilidad para nadie”, indican las fuentes, lo que refuerza la percepción de que se trata de procesos que generan tensión interna sin resultados concretos.

En los últimos dos años, la UCO ha participado en investigaciones judiciales de gran repercusión política y mediática, caracterizadas por su complejidad técnica y por involucrar a responsables públicos o personas vinculadas a altos cargos. Estas causas han situado a la unidad bajo un nivel de exposición muy grande.

Entre las investigaciones más relevantes se encuentran el 'caso Mascarillas', centrado en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia de la Covid-19, y el 'caso Koldo', vinculado a presuntas comisiones en contratos del Ministerio de Transportes durante la etapa del que fuera ministro, José Luis Ábalos. Otro procedimiento destacado es el 'caso Leire', en el que se investigan actuaciones de personas vinculadas al ámbito político y a estructuras cercanas al PSOE.

A estos se suman el 'caso Begoña', en el que la UCO analizó presuntas irregularidades en la gestión de fondos y contratos relacionados con administraciones públicas; la investigación sobre el hermano del presidente Sánchez, que se centró en su acceso a la Diputación de Badajoz; y el 'caso Hidrocarburos', sobre posibles irregularidades en concesiones y contratos del sector energético, donde la Guardia Civil intervino en la recopilación de documentación, análisis de transacciones y diligencias bajo mandato judicial.

Además de estas causas mediáticas, la unidad ha participado en otras investigaciones relacionadas con delitos económicos, corrupción administrativa y fraude, algunas de ellas todavía en fase de instrucción o bajo secreto judicial. La coincidencia de varias investigaciones sensibles en el tiempo ha incrementado la presión sobre la UCO, especialmente cuando parte del contenido de los procedimientos ha trascendido a la opinión pública.