Los escándalos de corrupción que han copado las portadas de los periódicos los últimos días han puesto en el punto de mira la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El pasado 10 de diciembre, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) daba el pistoletazo de salida con una macrooperación que duraría 72 horas y que terminó con tres detenidos y una veintena de registros, incluido el de la propia sede de la SEPI.

En paralelo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) se personó en la sede de Plus Ultra en el marco de la causa dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid. Anticorrupción sigue la pista de una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y en España, que habría utilizado el rescate concedido por la SEPI a la compañía aérea para blanquear presuntamente fondos provenientes de Venezuela.

Dos tramas de corrupción que tendrían como origen fondos públicos concedidos por la SEPI o por empresas públicas dependientes de la misma, alcanzando los 185 millones de euros.

La UCO investiga la concesión de 132 millones a diversas empresas vinculadas con el conocido como 'grupo Hirurok', formado por Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso. Los agentes sospechan que el expresidente de la SEPI y la exmilitante socialista se habrían servido de su influencia y contactos en la Administración para beneficiar a determinadas empresas en procesos de adjudicación a cambio del presunto cobro de comisiones ilegales.

Para la concesión de los contratos públicos era necesaria la colaboración de diferentes "cargos públicos" destinados en empresas públicas, todas ellas dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Dicha entidad había sido presidida hasta octubre de 2019 por Vicente Fernández, quien cesó en su cargo tras ser imputado en el 'caso Aznalcóllar'.

En fechas similares, otra de las investigadas, Leire Díez, trabajó como responsable de comunicación de la empresa pública Enusa hasta 2021. En dicha época, la entidad estuvo presidida por el exsocialista José Vicente Berlanga, también imputado en la causa dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 5.

Los hechos investigados se enmarcan entre los años 2021 y 2023, fechas en las que Fernández y Berlanga ya estaban fuera de ambas entidades públicas. Sin embargo, Díez continuó hasta el 2023 en un alto cargo público, como directora de Filatelia y de Relaciones Institucionales de Correos.

Más de 750.000 euros en comisiones ilegales

El Instituto Armado sospecha que el 'grupo Hirurok' podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, "aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública". La investigación dirigida por Anticorrupción ha sacado a relucir la existencia de una trama en la que la corrupción no sólo afecta a políticos, sino que extiende sus tentáculos hasta el corazón de la Administración a través de una serie de directivos de varias empresas públicas.

Por el momento, los investigadores apuntan al presunto amaño de cinco expedientes administrativos, entre los que destaca la adjudicación de un 'a dedo' por parte de Mercasa a la empresa vinculada con Santos Cerdán. La empresa pública concedió un contrato por valor de 18.000 euros a Servinabar SL, sociedad investigada en el 'caso Koldo' por el presunto pago de mordidas al exsecretario general del PSOE.

La Guardia Civil sostiene que los protagonistas de la conocida como 'trama de la SEPI' influyeron en la decisión de cambiar la sede de la sociedad pública Mercasa. Los investigados, en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa para contratar a la empresa de Antxón Alonso para la elaboración de "un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa", cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación.

La UCO también apunta a otro alto cargo de Sepides por la adjudicación de un contrato público por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la UTE Construcciones y Excavaciones ErriBerri- Afesa Medio Ambiente SA por un importe de 2,8 millones de euros. Según los investigadores, la participación del presidente de la mesa de contratación, fue clave para que la empresa vinculada al 'grupo Hirurok' se hiciera con el contrato. A cambio la empresa Erri Berri habría canalizado fondos a los investigados por un importe de 40.000 euros.

Anticorrupción también sigue la pista de la contratación por parte de Enusa del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes SLP, con la finalidad aparente de dar soporte jurídico al desarrollo de una operación vinculada con dos obras por las que se habría interesado Acciona. A cambio, los investigados se habrían servido de una sociedad Mediaciones Martínez SL, considerada una empresa pantalla, para canalizar un total de 17.500 euros.

La 'trama Leire' también habría influido en la concesión de un "ayuda" otorgada por Sepides a la sociedad Arapellet S.L por un valor de 17,32 millones. Por este otorgamiento se habría pactado previamente el pago de 200.000 euros a favor del que fuera el hombre de confianza de María Jesús Montero y sus colaboradores.

Además de la concesión de varios contratos públicos vinculados a empresas dependientes de la SEPI, la UCO investiga el rescate otorgado por la entidad pública a la sociedad Tubos Reunidos S.A. por un valor de 112,8 millones. Los indicios recopilados por la UCO ponen de manifiesto que por parte de los investigados se habrían llevado a cabo acciones para acelerar la concesión de la ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación.

Rescate Plus Ultra

La Fiscalía Anticorrupción también tiene en el foco la concesión de otro rescate por parte de la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, la ayuda otorgada a Plus Ultra por 53 millones de euros.

Tras el carpetazo de la justicia española a la causa abierta por presuntas irregularidades en el rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea por 53 millones, el departamento dirigido por Alejandro Luzón recibió varias solicitudes de cooperación procedentes de Francia y Suiza para investigar una presunta red criminal asentada en estos países y en España. Las autoridades francesas y suizas solicitaron la práctica de entradas y registros en domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo, Tenerife y Mallorca.

Este fue el primer paso para la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción que ha acabado recayendo en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, una causa que ha derivado en el registro de la sede de Plus Ultra y con la detención de sus máximos directivos.

Se investiga si la compañía española utilizó parte de los 53 millones de euros recibidos como parte del rescate de la SEPI para la devolución de préstamos concedidos por otras empresas de la trama. Eso constituiría un presunto delito de blanqueo de capitales que se extiende a través de varios países europeos.

En resumen, las dos causas judiciales abiertas a raíz de las diligencias de investigación dirigidas por Anticorrupción ponen en el foco la gestión de la SEPI. Más de 180 millones de euros bajo sospecha, y dos tramas corruptas que afectan de lleno al corazón de la Sociedad Estatal de Participaciones.