Antonio Benítez Ostos, es un reconocido abogado experto en derecho administrativo y único socio capitalista de Administrativando Abogados, boutique de referencia en Derecho Administrativo y Contencioso con acuerdos en Oporto, París, Italia, República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Con casi una veintena de experiencia, fundó el despacho en el año 2019.

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En tan solo cinco años, se ha convertido en una de las firmas legales con mayor facturación y rentabilidad del país, cerrando el pasado ejercicio con un importe neto de facturación superior a 1,5 millones de euros. Con esta trayectoria a sus espaldas, el socio-director de Administrativando Abogados atiende a El Independiente para analizar las principales deficiencias de la Administración Pública y los retos a los que se enfrentan despachos como el suyo.

Pregunta. Desde su experiencia diaria, ¿cuáles son las principales deficiencias de la Administración Pública con las que se encuentran al tramitar expedientes o procedimientos administrativos?

Respuesta. En un número elevado de casos, falta de agilidad, transparencia, no resolución en plazo y, por tanto, silencios administrativos constantes, excesiva burocratización, atención ciudadana inadecuada, exigencia de citas previas obligatorias que no se ajustan a la legalidad, inaccesibilidad, entre otras circunstancias.

Además, ha esto hay que sumarle la falta organización, dotación de medios y una correcta evaluación del desempeño de los funcionarios públicos.

P. ¿Cómo afectan los retrasos, la falta de respuesta o la descoordinación entre organismos públicos a su trabajo y a la situación personal o económica de sus clientes?

R. Afectan en buena parte de las ocasiones a las actividades profesionales de nuestros clientes, ralentizando en exceso su puesta en marcha o incluso impidiendo injustificadamente la misma y perjudicando notablemente sus intereses económicos.

P. ¿En qué medida la falta de digitalización real y la coexistencia de sistemas obsoletos impactan en la eficiencia del despacho y en el seguimiento de los expedientes administrativos?

R. En términos generales, las Administraciones Públicas, principalmente las locales y autonómicas, no cuentan con una buena implementación tecnológica acorde a los avances que conocemos a la fecha. Ello hace que sus plataformas electrónicas fallen en muchas ocasiones y que no admitan suficiente volumen. Algunos organismos públicos incluso aún no cuentan con sede electrónica.
Ello dificulta seriamente la tramitación y celeridad de los procedimientos, impactando de lleno en la eficacia y eficiencia de su gestión.

P. ¿Se encuentran con errores frecuentes por parte de la Administración (notificaciones defectuosas, pérdida de documentación, plazos mal gestionados)? ¿Cómo repercute esto en su trabajo y en la confianza del cliente?

R. A la Administración se le suelen ganar los procedimientos de gravamen, es decir, los que perjudican al ciudadano (por ejemplo, los sancionadores, de reintegro de subvenciones públicas, etc), en la inmensa mayoría de las ocasiones, por defectos formales más que por el fondo del asunto. Ciertamente, la falta de rigor en muchos expedientes administrativos es una ventaja para los clientes cuando tienen que defenderse frente a los mismos.

P. ¿Cómo afecta esta situación a los costes, tiempos y carga de trabajo del despacho, y cómo se lo explican a los clientes que esperan respuestas rápidas de la Administración?

R. La Administración tiene que resolver las solicitudes y los procedimientos en los plazos legalmente establecidos. Sin embargo, pocas veces se cumple en tiempo y forma. Cuando se sobrepasan dichos plazos, en muchas ocasiones, surge el silencio administrativo (generalmente negativo) y nos permite acudir a la vía judicial. Igualmente, la justicia en los Tribunales es lenta. En todo momento, desde Administrativando Abogados, se le instruye al cliente de este tipo de circunstancias y, valorándolas en su conjunto, adoptamos la correspondiente estrategia defensiva.

P. ¿Qué tipo de cambios urgentes necesitaría la Administración Pública para mejorar y ofrecer un mejor servicio al ciudadano?

R. Es preciso un cambio sustancial en la estructura funcionarial. Sería necesario implementar de forma transversal mayores objetivos, productividades e incluso mayor dotación de personal en determinados organismos.

Es preciso acabar con muchas presunciones de veracidad que la ley concede a la Administración Pública y a sus autoridades. Las Administraciones no pueden seguir siendo juez y parte en los procedimientos que se tramitan ante las mismas, sino que deberían crearse órganos de control de resolución de conflictos administrativos ajenos a las mismas dotándolos de imparcialidad. Se precisaría una Administración pública y de justicia más rápida y eficiente.

Según nuestras estadísticas internas, aproximadamente siete de cada diez sentencias judiciales firmes en las que se obtiene éxito judicial, la Administración competente no las ejecuta en su integridad y en sus propios términos, debiéndose interponer una nueva demanda de ejecución de sentencia.

P. ¿Cree que la inteligencia artificial podría ayudar a corregir algunas de estas deficiencias administrativas (automatización de trámites, reducción de errores, mejor gestión de plazos)? ¿En qué aspectos concretos?

R. Completamente cierto. Agilizaría la automatización de datos y multitud de trámites administrativos. Sin embargo, las Administraciones, salvo contadas excepciones, apenas tienen destinadas partidas presupuestarias sustanciales para invertir en inteligencia artificial.

P. Cada día vemos más extendido el uso de la IA, ¿cómo cambiará el mundo jurídico?

R. Lo está transformando por completo. Los despachos que no convivan con esta transformación mundial, morirán. No obstante, la inteligencia artificial no sustituirá al abogado. No olvidemos que esta procesa datos, lo que facilita nuestras tareas habituales, pero no puede reemplazar la estrategia procesal que trazamos en cada caso en defensa de los intereses de nuestros clientes.
Cómo afronta su firma este nuevo año que entra.

P. ¿Cuáles son las expectativas teniendo en cuenta la trayectoria que lleváis estos últimos años?

R. Seguiremos consolidándonos como boutique líder en la especialidad, como aquella que ha roto los esquemas del derecho administrativo y contencioso – administrativo en el mundo jurídico, a través de un modelo disruptivo y completamente pionero que permite competir desde nuestra especialidad y en un plano de igualdad con los gigantes de la abogacía. Además, continuaremos creciendo en volumen de facturación, de negocio, de rentabilidad y de equipo. También seguiremos potenciando áreas estratégicas para nosotros como el urbanismo, derecho fiscal y sectores regulados. Nuestra proyección será aún mayor a nivel internacional y seguiremos creando hitos desconocidos hasta la fecha en nuestro sector.


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