El exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ya ha presentado su lista de testigos de cara a la celebración del juicio oral por el conocido como el 'caso mascarillas'. El exministro de Transportes ha presentado un nuevo escrito en ante el Tribunal Supremo en el que defiende la legalidad de los contratos de mascarillas concedidos durante la pandemia y para demostrarlo solicita que testifiquen en el juicio varios dirigentes socialistas que también tuvieron un papel crucial en la concesión de dichos contratos.

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La defensa del 'exnúmero dos' del PSOE pide que comparezcan en el juicio oral un total de 60 testigos, entre los que destacan los nombres de Ángel Víctor Torres, Francina Armengol y Fernando Grande-Marlaska. Además, como ya había solicitado durante la instrucción, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez también quiere que declare el exnúmero dos de Interior, el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

El acusado considera que estos dirigentes pueden aportar nuevos detalles sobre el proceso de adquisición de mascarillas en el Ministerio del Interior, en Canarias y Baleares, y de esta forma defender los pasos seguidos por su el ministerio que ostentó hasta el 2021.

En la lista aportada por el exministro también aparecen varios ex altos cargos de Transportes como al exjefe de su gabinete, Ricardo Mar Ruipérez, el exsecretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos, Pedro Saura, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, o el exdirector de Carreteras, Javier Herrero.

La propuesta de Ábalos también incluye la testifical del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, para que pueda constatar que detallar las cantidades exactas que percibió, así como los 127.000 euros que se abonaron en concepto Secretaría de organización entre 2017 y 2022. El objetivo es justificar que ciertos ingresos en efectivo de Ábalos provienen de dietas y reembolsos lícitos por su labor como Secretario de Organización del partido.

También pide que se vuelva a escuchar el testimonio de la trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez. Cabe destacar que ya fue citada como testigo por el juez Leopoldo Puente por su papel en la entrega de fondos en efectivo al exministro socialista y Koldo García.

También pide que declaren como testigos el jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno. Su nombre salió a la palestra después de que salieran a la luz varios mensajes con el empresario Víctor de Aldama para el aplazamiento de una deuda con Hacienda. Al respecto, la Fiscalía describió en su escrito de acusación, por el que le pide 20 años de prisión a Ábalos, que Aldama consiguió beneficios por parte de la Administración gracias a las maniobras y contactos del diputado valenciano y su exasesor.

El 'exnúmero dos' del PSOE también pide la testifical del exjefe de gabinete de Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart. El exministro quiere aclarar si realmente él intervino para favorecer a la empresa de sector de los hidrocarburos, Villafuel. La Fiscalía sostiene que el socio de Aldama pagó casi un millón de euros en mordidas para asegurarse el favor de la Administración a través de los contactos del expresidente del Zamora C.F. con Ábalos y Koldo García.

Considera que se ha vulnerado su derecho de defensa y carga contra la UCO

La defensa también solicita que se le traslade una copia de los dispositivos incautados por la UCO e insiste en que se ha "cercenado de manera brutal" el derecho de defensa de su representado y el derecho utilizar los medios de prueba necesarios para este pueda defenderse. "El cierre de la instrucción sin previamente tener acceso a los dispositivos forenses cercena de forma brutal el derecho de defensa y el derecho utilizar los medios de prueba necesarios para ésta, al ocultar a esta parte una herramienta imprescindible para poder preparar elementos básicos de su tesis absolutoria", reza el escrito.

Asimismo, el abogado de Ábalos ha decidido dejar de defenderle tras la entrega de este último escrito. El letrado Carlos Bautista apela a "diferencias contractuales" para renunciar a la defensa del valenciano. Será la segunda vez que el que fuera el hombre fuerte de Ferraz se queda sin abogado.

Tanbién carga contra la unidad a cargo de la investigación e insiste en que el sumario se ha ido fabricando "inadvertidamente una verdad de artificio que más tarde se convierte en verdad legal, pero que es contraria a la realidad de los hechos y subleva la conciencia del procesado". En este sentido, se añade que se le impide acceder a las evidencias que han servido para formar la hipótesis contra el exministro, lo que sería clave para "desmontar las ansias literarias del relato acusatorio".

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