La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) realizó el pasado 10 de diciembre casi una veintena de entradas y registros en empresas y domicilios en torno a la operación contra la trama de la SEPI. Los agentes se desplegaron en diferentes inmuebles entre los que destacan tres viviendas vinculadas a Leire Díez.

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El Instituto Armado incautó a la exmilitante socialista documentación de los trabajos realizados por la empresa Servinabar sobre el cambio de sede de Mercasa. Según informan a El Independiente fuentes del caso, entre el material requisado por los investigadores durante el registro de su piso en Leganés se halló documentación relacionada con el informe elaborado por la empresa vinculada a Santos Cerdán con la pretensión del cambio de sede de la sociedad pública.

La UCO sospecha que el contrato menor adjudicado por Mercasa a la empresa de Antxón Alonso, también investigado por el 'caso Koldo', no conllevó un trabajo real. Servinabar fue adjudicataria de un contrato 'a dedo' por valor de 18.119 euros para la elaboración de un informe técnico de las oficinas de la sede central.

Según los investigadores, los miembros del 'grupo Hirurok', en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa por la que se generó de "forma mendaz" la justificación para el cambio de sede de Mercasa y, al mismo tiempo, se "propiciaba un beneficio económico al grupo". Ahora, según fuentes del caso, se han localizado entre la documentación incautada a Leire Díez material vinculado a los trabajos realizados por Servinabar.

En concreto, entre el soporte documental en poder de la UCO destaca información sobre los costes de reparación de edificio, así como datos sobre el precio de mercado o la valoración del suelo de la sede de la empresa pública.

Por su parte, los investigadores sostienen que este informe cuantificaba de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación y, además, contenía multitud de falsedades. Concluyen de manera indiciaria que este contrato no era necesario y que se cerró para favorecer económicamente a los investigados.

Información de otras causas judiciales

Entre la documentación incautada a la ex alto cargo de Correos también destacan varias agendas personales, dos teléfonos móviles y un ordenador portátil, así como el contenido de su correo electrónico. Los hechos investigados se sitúan entre los años 2021 y 2023. Por ello, desde el entorno de Díez entienden que parte del material incautado por la Guardia Civil está lejos del objeto de la investigación pues responde a periodos posteriores, en concreto, desde el año 2024 hasta ahora.

Asimismo, según fuentes del caso, los dispositivos incautados también contienen información sobre algunos de los casos judiciales más sonados del último año. En concreto, Díez atesoraba información relativa a varios empresarios investigados en las causas de hidrocarburos dirigidas por la Audiencia Nacional, el 'caso Villarejo' y el 'caso Aznalcóllar', por el que fue juzgado el expresidente de la SEPI y del que finalmente salió absuelto.

El Instituto Armado analiza también diversa documentación intervenida en el resto de los registros en busca de pistas sobre la adjudicación de varios contratos por parte de varias empresas públicas dependientes del Ministerio de Hacienda. Además del contrato adjudicado a Servinabar, la Fiscalía Anticorrupción pone en foco sobre otros cuatro expedientes por valor de 132 millones de euros.

Los agentes sostienen que 'grupo Hirurok', formado por Díez, Fernández y Antxón Alonso, se sirvió de varios "cargos públicos" para beneficiarse de la adjudicación a dedo de contratos concedidos por la SEPI, Mercasa, Sepides o Correos. Los agentes mantienen que los investigados se beneficiaron del cobro de comisiones ilegales por valor de 750.000 euros, 21.500 euros en el caso de la exmiliante socialista, canalizados a través de la sociedad Mediaciones Martínez SL.

La investigación se inició tras el registro a Antxón Alonso por el 'caso Koldo'

La investigación que acabó con la detención del presunto socio de Cerdán, del expresidente de la SEPI, y de Leire Díez, efectuada en pleno Paseo de la Castellana el pasado 10 de diciembre, se inició con el registro de la vivienda de Antxón Alonso en el marco del conocido 'caso Koldo'. El contenido del teléfono del empresario vasco y la documentación requisada en su despacho precipitó la investigación en torno a los contratos concedidos por la SEPI o empresas públicas dependientes.

Los agentes localizaron varias conversaciones efectuadas a través del grupo de WhatsApp bautizado como 'Hirurok' (los tres juntos en euskera) en el que se trataba aspectos vinculados a varios expedientes públicos. Cinco meses después, la investigación que se comenzó gracias a los registros efectuados por el 'caso Koldo' terminó también con la detención del expresidente de la SEPI y hombre de confianza de María Jesús Montero, Vicente Fernández, y la conocida como la 'fontanera' de Ferraz.

Leire Díez permanece también como imputada por cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. Por el momento, el juez Arturo Zamarriego ha solicitado a la Audiencia Nacional que se le dé traslado de la documentación requisada en el domicilio de la exconcejal del PSOE que tenga relación con la causa abierta tras revelarse el contenido de varias reuniones en las que esta quiso conseguir información comprometida de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

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