Víctor de Aldama ha lanzado su última baza y podría ser la carta ganadora. Su abogado ha presentado este jueves ante el Tribunal Supremo un nuevo escrito de defensa en el que pide que se tenga en cuenta su ayuda durante la investigación del conocido como 'caso mascarillas' y se valore como atenuante "muy cualificada" su colaboración con la justicia.

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Si finalmente el alto tribunal acordase condenar a Aldama y aceptar la petición formulada por sus abogados, tras reconocer la autoría de los hechos que le atribuye el Ministerio Fiscal, podría ver reducida su posible condena de 7 a solo 3 años y 6 meses de prisión. Así lo sostienen las fuentes jurídicas consultadas por El Independiente que, además, añaden que el acusado podría llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

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No obstante, pese a que Aldama consiguiera alcanzar un acuerdo, el mejor de los escenarios no le libraría de entrar en la cárcel. Los expertos penalistas consultados por este medio recuerdan que el fiscal Alejandro Luzón ya tuvo en cuenta la predisposición del empresario a colaborar con la justicia en su petición de 7 años de prisión.

El Ministerio Público atribuye al expresidente del Zamora C.F. un presunto delito de organización criminal por el que pide cuatro años de prisión, un delito continuado de cohecho por el que solicita tres años y una multa de 100.000 euros, y el pago de otros 3.700 euros por un delito de aprovechamiento de información privilegiada. El empresario asume todos estos delitos, pero sostiene que las penas solicitadas por la Fiscalía deben rebajarse en "un grado adicional" en virtud de la apreciación de la atenuante como "muy cualificada", conforme a los criterios establecidos en el artículo 66.1. 2ª del Código Penal.

Según varios expertos penalistas, si finalmente se aplica el atenuante tal y como solicita la defensa, la pena para el delito de pertenencia a organización criminal podría reducirse hasta los 2 años y 6 meses de prisión. Asimismo, en el caso del delito continuado de cohecho, la pena solicitada podría bajar de 3 años a 1 año y 6 meses.

En conclusión, la pena de prisión mínima total que se podría alcanzar en un acuerdo de conformidad, aplicando la atenuante muy cualificada en su máximo beneficio, es de 3 años y 6 meses. Y dado que la misma excede del límite de dos años, el ingreso en prisión sería muy probable.

A las puertas de la celebración del juicio por la pieza principal del 'caso Koldo', la investigación en torno a la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia, el escenario al que se enfrenta Aldama -conocido en un inicio como el "nexo corruptor" de la trama- y el de José Luis Ábalos es muy distinto. Mientras el empresario, si fuese finalmente condenado, podría empezar a salir de la cárcel en poco menos de un año, el exministro socialista y su exasesor se enfrentan a peticiones de más de 20 años de prisión.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro de Transportes y 19 para el que fuera su mano derecha por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. En su escrito de acusación, Luzón indica que el exministro socialista favoreció a determinadas empresas para la concesión de contratos sanitarios a cambio de una indebida compensación económica procedente de Víctor de Aldama.

Para esta tarea, el 'exnúmero dos' del PSOE se sirvió de la ayuda de Koldo García al que describe como su "alter ego" durante su mandato al frente del Ministerio. El fiscal señala al exasesor ministerial como la persona encargada de "manejar las fuentes ilegales de dinero en efectivo de José Luis Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias".

En este mismo escrito, el fiscal a cargo del caso valora de manera positiva el reconocimiento por parte de Aldama de los hechos que se le atribuyen, así como la aportación de detalles y diversa documentación para acompañar su testimonio. Por ello, el Ministerio Público ya consideró en un primer momento que en el caso del empresario corresponde aplicar el atenuante de confesión.

Ábalos y Koldo apuestan por criticar la actuación de la UCO

Muy distinto es el escenario dibujado por Ábalos y Koldo desde el inicio de la investigación. Ambos han calificado la instrucción de desproporcionada y el relato defendido por la UCO y Anticorrupción de una "verdad de artificio". Así lo describía el abogado Carlos Bautista antes de renunciar a la defensa del diputado valenciano, en el que aprovecha para asegurar que se ha "cercenado de manera brutal" el derecho de defensa de su representado.

También bajo su anterior dirección letrada, con José Aníbal Álvarez, Ábalos siguió una estrategia de defensa basada en defender su inocencia y criticar la actuación de la UCO. Pese a que en varias ocasiones ha sobrevolado la posibilidad de que el exsecretario de organización del PSOE se abriera a la posibilidad de proponer un acuerdo con la Fiscalía y colaborar con la justicia, lo cierto es que el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez sigue empeñado en negar parte de las evidencias recopiladas por los investigadores.

Este precisamente fue uno de los motivos que le llevó a romper con su anterior abogado, José Aníbal Álvarez. Según detalló el propio Ábalos en un escrito remitido al Supremo, este era partidario de acercar posturas con el Ministerio Público. Además, también se planteó la opción de que el valenciano renunciase a su acta de diputado para que el caso recayese en la Audiencia Nacional y, así, conseguir aplazar el juicio.

Por el momento, Ábalos y Koldo permanecen a la espera de que el alto tribunal decida sobre su recurso contra el auto de ingreso en prisión provisional acordado por el juez Leopoldo Puente el pasado 27 de noviembre. La vista está señalada para el próximo 15 de enero.