La Iglesia católica y el Gobierno han firmado este jueves un acuerdo que durará un año, prorrogable otro año más, por el que la Iglesia se compromete a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales mientras que el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social.

PUBLICIDAD

Así lo ha adelantado la Conferencia Episcopal en un comunicado en el que matiza que se se trata de "una vía temporal" con "una duración de un año" (prorrogable otro año), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.

PUBLICIDAD

La CEE ha precisado que, para la firma del acuerdo, "el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social", como solicitaba la Iglesia. Además, los obispos señalan que el Gobierno "ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta".

Desde la CEE también han puntualizado que el sistema establecido "no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes" como solicitaba la Iglesia.

El objetivo de este sistema es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado y que cuente con la participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia. En este nuevo sistema cada caso será trasladado a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo que formulará una propuesta que posteriormente evaluará el Priva y emitirá un informa. Si ambas partes resultan conformes, la propuesta tendrá carácter definitivo. En caso de disconformidad se creará una Comisión Mixta y si finalmente persiste el desacuerdo será la Unidad de Víctimas quien emitirá la resolución definitiva.

La entidad eclesiástica deberá cumplir las medidas de reparación en plazo. Si no se diera el cumplimiento por parte de la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos deberán garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación establecidas además de asumir el coste de las indemnizaciones.

Antes de aceptar la propuesta que hoy firman ambas partes, la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos ya no tienen recorrido legal. Priva no ha obtenido muchos resultados, muchas de las víctimas no están dispuestas a acudir a la comisión que había formado la entidad eclesiástica. Este plan está gestionado por una comisión de especialistas que analiza cada caso y plantea una propuesta de compensación económica. Esa cantidad se traslada a la diócesis u orden religiosa responsable del presunto agresor, y es finalmente la autoridad eclesiástica correspondiente la que decide si acepta el pago, según adelantaba El País esta mañana.