El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía (DGP) deberán comparecer ante la Audiencia Nacional en el marco del procedimiento judicial iniciado a raíz de la demanda presentada por el sindicato JUPOL por la presunta vulneración de derechos fundamentales de los policías nacionales.

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La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha iniciado formalmente las diligencias previas al juicio tras dictar un auto, con fecha de 9 de diciembre de 2025, en el que acuerda la admisión de la prueba propuesta por Jupol. El sindicato, mayoritario en la Policía Nacional, acusa a Interior y a la DGP de un incumplimiento sistemático y prolongado de la normativa de prevención de riesgos laborales, con consecuencias directas sobre la seguridad y la salud de los agentes.

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Declaraciones y documentación oficial

Entre las diligencias acordadas por el tribunal figura el interrogatorio del representante legal del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, así como un extenso requerimiento de documentación oficial. La Audiencia Nacional exige información relativa a evaluaciones de riesgos laborales, vigilancia de la salud, siniestralidad, agresiones a policías, riesgos psicosociales, dotación de equipos de protección individual, chalecos antibalas, armeros, auditorías preventivas, simulacros de emergencia y actas de los órganos de participación sindical.

Desde Jupol destacan la relevancia de esta fase procesal al considerar que, por primera vez, Interior y la DGP se ven obligados a aportar de forma oficial y ordenada información clave sobre su modelo de prevención. Según el sindicato, este proceso permitirá determinar si dicho modelo “cumple realmente con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o si se trata de un sistema meramente formal, ineficaz y alejado de la realidad operativa de la Policía Nacional”.

La organización sindical sostiene que la demanda no responde a hechos aislados, sino a un problema estructural. “No hablamos de incidencias puntuales, sino de un incumplimiento generalizado y sostenido en el tiempo del deber de protección”, subrayan desde Jupol, que advierte de “riesgos graves y continuados para la integridad física y psicológica de miles de policías”.

Aumento de las agresiones a agentes

El sindicato vincula esta situación al aumento de las agresiones a agentes y a la falta de adaptación de las medidas preventivas a este contexto. A su juicio, la Administración no ha ajustado sus políticas de seguridad y salud laboral a una realidad operativa cada vez más exigente y peligrosa.

El procedimiento judicial también analiza una posible vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical. Jupol denuncia “la reiterada negativa de la Administración a facilitar información esencial, a realizar consultas reales y a permitir una participación efectiva de los representantes de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral”.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha señalado que “el inicio de estas diligencias confirma que nuestra demanda tiene una base jurídica sólida y que la Audiencia Nacional considera necesario examinar en profundidad la actuación del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía”. Rivero añade que “llevamos años denunciando un abandono preventivo inaceptable y ahora será la Justicia la que determine si se han vulnerado derechos fundamentales de los policías nacionales”.

Desde el sindicato insisten en que el objetivo del procedimiento judicial es “que se cumpla la ley y que se garantice una protección real y eficaz a quienes garantizan la seguridad de todos”, poniendo fin, según Jupol, a “un modelo preventivo insuficiente y contrario a los derechos más básicos del colectivo policial”.