Álvaro García Ortiz no perderá la condición de fiscal. Esta ha sido la decisión adoptada por Teresa Peramato, a instancias de Inspección Fiscal, al considerar que la condena de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sólo le inhabilita para el cargo de fiscal general y que esta no debe extenderse también a su condición de fiscal de carrera. Además, el ya condenado por el alto tribunal mantendrá la primera categoría al reincorporarse como fiscal de Sala en la Sección de lo Social.

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La decisión de Peramato no ha sorprendido dentro del Ministerio Público, donde existen diversas opiniones sobre el destino final del salmantino. No obstante, el sentir de una gran parte de la carrera es que el "daño ocasionado por García Ortiz a la carrera es irreparable". Así lo transmiten fuentes fiscales consultadas por El Independiente que, además, ponen el acento en la decisión del exfiscal general de permanecer en el cargo hasta el último momento y poner al Ministerio Público en una posición sin precedentes y de "lastrar" su imagen.

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Las mismas voces insisten en que la gestión desde la cúpula de la Fiscalía General del Estado "no ha sido la más acertada" desde el inicio del procedimiento seguido por el magistrado Ángel Hurtado. "En el momento en el que García Ortiz decidió seguir como fiscal general del Estado, incluso una vez procesado, lo que obligó a que la fiscal a cargo del caso fuera su subordinada, ya se pierde la apariencia de imparcialidad".

Respecto a la interpretación de la sentencia acogida por la Inspección Fiscal, y el decreto firmado por Peramato, las mismas fuentes defienden que "está dentro de los elementos jurídicos establecidos". El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales -que ejerció como acusación popular en la causa contra García Ortiz-, Miguel Pallarés, apoya la línea marcada por la Fiscalía General, al entender que tanto el Reglamento como el Estatuto del Ministerio Fiscal se deben interpretar conforme a lo que también señala de forma expresa la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Inspección Fiscal se ha basado en la legislación vigente para jueces y magistrados, por la que se considera que los jueces condenados a penas inferiores a seis meses de prisión no sean expulsados de la carrera, para permitir que García Ortiz permanezca como fiscal del Tribunal Supremo.

Dentro del Ministerio Fiscal también existen fiscales más críticos con la decisión de Peramato. Estas voces sostienen que García Ortiz está siendo "protegido" por su sucesora y defienden en que, "al menos", se debería haber trasladado al Consejo Fiscal para que informase al respecto. "Si no quieres ser imparcial, no hay nada que hacer: no eres imparcial. Y si no quieres serlo, entonces las reglas ya no cuentan", insisten

Fuentes jurídicas detallan a este medio que lo dispuesto en el Estatuto Fiscal no obliga a Peramato a consultar al Consejo Fiscal al no tratarse de un expediente sancionador. En caso de que Inspección Fiscal hubiera propuesto suspender a García Ortiz, la decisión sí tendría que haber pasado por el Consejo Fiscal y, posteriormente, haber sido trasladada al Ministerio de Justicia.

Sea como fuere, el sentir compartido en el Ministerio Público es la "necesidad imperiosa de pasar página". Tras un año completo de instrucción y ante las consecuencias directas que ha tenido el caso contra García Ortiz sobre la reputación de la institución, las voces consultadas comparten el deseo de iniciar una nueva etapa donde no se ponga en entredicho la labor de la Fiscalía.

Por ello, las voces consultadas insisten en que "hay que hacer una reflexión en general sobre todo lo que ha sucedido" para que no se vuelvan a cometer "los mismos errores". Esto pasa por una reforma del Estatuto Orgánico del Poder Judicial que permita, entre otras cosas, una mayor independencia de la institución para que los fiscales puedan asumir la instrucción de las causas penales.

Desde las principales asociaciones de fiscales se ha defendido que la reforma impulsada por Bolaños dote al Ministerio Público de presupuestos independientes y limitar el poder del fiscal general del Estado. El objetivo es mejorar el sistema de nombramientos y, además, dar más poder al Consejo Fiscal para que haga de contrapeso.

En paralelo al expediente concluido por parte de Inspección Fiscal, el exfiscal general del Estado pedirá al Supremo anular su condena por revelación de datos reservados. Se espera que la Abogacía del Estado, encargada de la defensa de García Ortiz, registre un incidente de nulidad y solicite formalmente la suspensión de la ejecución de la pena antes del plazo límite del 13 de enero.

La estrategia de la defensa busca posponer la aplicación de la condena hasta que se resuelva la petición de nulidad. Se trata de un trámite previo para que el que fuera el máximo representante del Ministerio Público pueda acudir al Tribunal Constitucional.