La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, explicará hoy a los consejeros autonómicos de Hacienda las bases de la reforma del modelo de financiación autonómica. No está previsto que haya votación en este Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y lo más probable es que Hacienda anuncie una ronda de consultas con los distintos gobiernos regionales, aunque las Comunidades del PP le esperan en pie de guerra. Si, además, Castilla-La Mancha y Asturias se suman al rechazo de un modelo que consagra el principio de ordinalidad para Cataluña, Montoro puede quedarse con el único apoyo del gobierno autonómico de Salvador Illa.

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La incógnita reside en la postura de Asturias, en su caso gobernada por el PSOE. Lo cierto es que el gobierno de Adrián Barbón ha rechazado de plano el principio de ordinalidad e insistido una y otra vez en que no aceptarán "platos precocinados", tal y como reiteró el pasado lunes la vicepresidenta de esta comunidad, Gimena Llamedo. Será ella la que acuda hoy a la reunión de CPFF en sustitución del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

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Asturias apela a la Declaración de Santiago, que rechazaba la unilateralidad

También han apelado los asturianos a la Declaración de Santiago, que en 2021unió a ocho territorios de distinto color político, aunque entonces mayoritariamente socialista: Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria. Exigían una negociación multilateral para no repetir los errores del modelo de 2009, pactado, como este, entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la Generalitat catalana. Eran tiempos del tripartito presidido por José Montilla.

Con estos antecedentes es fácil colegir que Asturias no está muy por la labor de secundar a Montero, pero no ha tenido una reacción tan virulenta como la del PP y Castilla-La Mancha. En el caso de esta última comunidad no parece haber dudas. De hecho, su presidente, el socialista Emiliano García Page, fue incluso más duro que los barones populares a la hora de arremeter contra una propuesta que explicó en primer término el líder de ERC, Oriol Junqueras, tras reunirse con Pedro Sánchez; más tarde Montero y, después, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, todo por este orden.

Montero no necesita más que una comunidad autónoma para sacar adelante su modelo. El sistema de votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera le da al Gobierno central el 50 por ciento del voto ponderado, de modo que basta con que un solo territorio vote a favor para que la propuesta salga adelante. En 2009 las comunidades gobernadas por el PP se abstuvieron en el Consejo, aunque finalmente los populares votaron en contra en el Congreso de los Diputados. Aún así Zapatero lo sacó adelante. Los populares ahora y antes los socialistas han pedido un sistema de voto más representativo en el CPFF que permita el derecho a veto.

Los populares no descartan un plantón como el que dieron el año pasado en el debate de la quita de la deuda

Aún está por desvelarse cuál será la estrategia de los populares. Irán a la reunión, pero el debate interno bascula entre quedarse y presentar batalla, emitir un comunicado conjunto o abandonar la cita en un frente unido. Ya dieron plantón a Montero en febrero del año pasado, cuando abandonaron en bloque el CPFF que aprobó la quita de la deuda. También aquells medida fue producto de un acuerdo previo con los republicanos independentistas para aliviar la elefantiásica deuda que Cataluña tiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), a pesar de no ser una comunidad infrafinanciada como Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Además, la vicepresidenta informará en el Consejo sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2024 por las Comunidades Autónomas, así como sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el ejercicio 2026. De hecho, el de la financiación autonómica es el quinto y último punto del orden del día antes de ruegos y preguntas.

Estrategia coordinada con Génova

Los barones populares han coordinado estrategia con el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, aunque en Génova aseguran que desde la dirección nacional hacen más una labor de "acompañamiento" que de imposición a sus territorios. Además, recuerdan que aunque Sánchez y Montero saquen adelante este modelo para sustituir al caducado desde 2014, la voluntad declarada de Alberto Núñez Feijóo es pactar y aprobar uno nuevo si llega al Gobierno tras las próximas elecciones generales, sean cuando sean.