El Partido Popular ha trasladado a la Unión Europea el debate sobre el reconocimiento de policías y guardias civiles como profesiones de riesgo y sobre la posibilidad de que las agresiones contra los agentes sean consideradas "eurodelitos". La iniciativa se apoya en las reivindicaciones que desde hace años mantienen asociaciones y sindicatos de ambos cuerpos.

La propuesta fue defendida en Bruselas por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, tras una reunión en el Parlamento Europeo con representantes de las principales organizaciones policiales y de la Guardia Civil. El encuentro se enmarca en los trabajos desarrollados en la comisión de Peticiones de la Eurocámara durante la pasada legislatura, en los que se han analizado las condiciones laborales y de seguridad de los agentes.

Gamarra señaló que el objetivo es impulsar una normativa marco a nivel comunitario que reconozca el carácter de riesgo de la labor policial y que tenga reflejo en la legislación de los Estados miembros. Este reconocimiento, explicó, permitiría abordar cuestiones directamente vinculadas al desempeño del servicio, como la protección jurídica frente a las agresiones, el ámbito laboral o la posibilidad de adaptar la edad de jubilación a las exigencias de la profesión.

Barbate como punto de inflexión

El debate europeo se ha visto reforzado tras los trabajos impulsados en el Parlamento Europeo para evaluar la situación de las fuerzas de seguridad, especialmente después de la muerte de dos guardias civiles en febrero de 2024 en Barbate (Cádiz) durante una operación contra el narcotráfico. A raíz de esa misión, la comisión de Peticiones aprobó el pasado mes de noviembre un informe en el que se instaba a avanzar en el reconocimiento de policías y guardias civiles como profesiones de riesgo y a estudiar la tipificación de las agresiones a agentes como eurodelitos.

No obstante, la Comisión Europea ya advirtió en un debate celebrado el pasado septiembre de las dificultades jurídicas para impulsar una reforma de este tipo, al recordar que el catálogo de eurodelitos recogido en los Tratados está reservado a delitos especialmente graves y con dimensión transfronteriza, una condición que, según el Ejecutivo comunitario, no concurriría en las agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad.

Las asociaciones y sindicatos policiales mantienen su presión para que se reconozca formalmente el riesgo inherente al trabajo policial y se refuercen las penas por agresiones a agentes. Desde la Confederación Española de Policía (CEP) insisten en la necesidad de acelerar los plazos en Bruselas y advierten de que la tramitación legislativa en la Unión Europea es “tediosa y larga”, por lo que reclaman “la mayor presión política y sindical posible” para adelantar los tiempos.