La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves en el Senado que “España ha actuado siempre con tolerancia cero frente a la corrupción”, al tiempo que ha negado cualquier responsabilidad política en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por las investigaciones que afectan a su expresidente, Vicente Fernández.

Montero ha comparecido en un pleno extraordinario a petición del Partido Popular para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan a su departamento y, en particular, sobre la SEPI, organismo que depende de Hacienda. En su intervención inicial, ha acusado al PP de utilizar la Cámara Alta para “manipular” su función y fomentar “el descrédito y la desconfianza en las instituciones”, actuando como “muleta” de la extrema derecha.

La ministra ha subrayado que las diligencias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se refieren a presuntos amaños de contratos en el periodo 2021-2023, cuando Fernández ya no presidía la SEPI, cargo que abandonó en 2019. “No hay ninguna investigación que ponga de manifiesto, al menos por ahora, que haya habido algún expediente tramitado fuera de la legalidad”, ha insistido, reclamando que se “perimetre” la responsabilidad penal a las “personas concretas” que, en su caso, deban responder ante la justicia.

"El modelo de fraude de los ERE"

Montero ha pedido al PP que “deje de lanzar insidias” sobre el trabajo de los empleados públicos y ha defendido el funcionamiento de la SEPI, que ha recordado que está sometida a un “marco jurídico especial” con controles reforzados. Según ha detallado, el grupo ha sido objeto de 1.524 auditorías internas y externas desde que gobierna el PSOE, además de controles de la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas y las Cortes Generales. La vicepresidenta ha destacado también que la SEPI acumula tres años consecutivos de beneficios, con aumento de inversiones y de plantilla.

Durante la sesión, Montero ha reivindicado asimismo el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, al que ha calificado de “instrumento esencial” durante la pandemia para sostener la actividad y el empleo en sectores clave. Ha cifrado en más de 60.000 los puestos de trabajo preservados y ha señalado que el Estado ya ha recuperado el 63 % de las ayudas concedidas, entre principal e intereses.

Desde el PP, la portavoz en el Senado, Alicia García, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de situar a Montero como “pieza clave” para “exportar el modelo del fraude de los ERE a toda España” y ha responsabilizado a la ministra de supuestos “vacíos de mando” en la SEPI. Los populares han anunciado además la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la actividad del holding público y los rescates a empresas estratégicas.

Junts rechaza el nuevo modelo de financiación

El debate ha derivado también hacia la financiación autonómica. La senadora de Junts, María Teresa Pallarès, ha rechazado el nuevo modelo planteado por el Gobierno, aunque lo ha presentado como una “oportunidad histórica” para avanzar hacia un concierto económico para Cataluña similar al del País Vasco y Navarra. Pallarès ha recordado el rechazo mayoritario de las comunidades autónomas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha pedido que se tenga en cuenta el coste de la vida como criterio de cálculo.

La comparecencia de Montero, limitada a 40 minutos en su intervención inicial tras la última reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP, se ha enmarcado en un pleno que se ha prolongado durante cerca de tres horas y que ha incluido también la citación de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica.