Arranca un nuevo año y la Fiscalía General del Estado estrena una nueva etapa con la llegada de Teresa Peramato como máxima representante. Tras el escándalo provocado por la investigación y posterior condena a Álvaro García Ortiz, en Fortuny la estrategia a seguir ha sido convocar reuniones individualizadas con los portavoces de las diferentes asociaciones de fiscales para conocer sus reivindicaciones y para tender puentes tras un año marcado por la tensión interna y las críticas al órgano de cabecera del Ministerio Público.

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La ronda de contactos iniciada por la nueva fiscal general se estrenó este lunes con la reunión mantenida con la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus. El encuentro se centró, más que en el intercambio de impresiones, en que la portavoz pudiera transmitir a la máxima representante de la institución las principales preocupaciones de la asociación, como son el caso de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por Félix Bolaños.

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No obstante, además de tratar estos temas de calado, el encuentro también sirvió para que Peramato conociera de primera mano el malestar que la causa contra García Ortiz, y todo lo que le ha rodeado, ha provocado en gran parte de la carrera. Según fuentes fiscales consultadas por El Independiente, parece que el sentir generalizado entre los miembros del Ministerio Público es la necesidad de "pasar página" y dejar atrás todo lo relacionado con el escándalo que ha acabado con el cese del anterior fiscal general del Estado.

Además de tratar varios temas estructurales, la conversación acabó derivando en la "necesidad de hacer una reflexión interna para que no vuelva a ocurrir una situación como la vivida con el caso de García Ortiz". Desde el inicio de la instrucción, las principales asociaciones han defendido que el ex fiscal general debía echarse a un lado y dejar su cargo. La negativa del salmantino a dimitir ha provocado una notable fractura interna en el Ministerio Fiscal que ahora se intenta reparar.

No obstante, la no dimisión de García Ortiz no fue lo único que se trató durante el encuentro. La portavoz de AF transmitió a Peramato la idea de introducir importantes cambios en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para poner límites al "poder" que tiene su cargo, y apostar por una mayor independencia de los fiscales, más aún si el objetivo del Ministerio de Justicia es que pasen a dirigir las instrucciones penales.

También se planteó la conveniencia de introducir nuevas disposiciones en el Estatuto para cesar a un fiscal general de su cargo si se le abre una investigación en el Tribunal Supremo, o reflexionar sobre qué debería hacer el máximo representante del Ministerio Público si se investiga a algún familiar.

Peramato también se reunió con la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). A diferencia del primero, en este encuentro -celebrado este martes- se debatió sobre la decisión de la FGE de permitir a García Ortiz conservar su condición de fiscal y la posibilidad de que este sea recolocado en la Sección de lo Social del Tribunal Supremo. Justo este martes había saltado a los medios la noticia de que la fiscal general había firmado el decreto que permitía al salmantino continuar formando parte de la máxima categoría de la carrera fiscal.

La cabeza del Ministerio Público trasladó al portavoz de APIF, Miguel Pallarés la base jurídica en la que se había sustentado la decisión, a instancias de la Inspección Fiscal. El departamento dirigido por María Antonia Sanz Gaite se ha basado en la legislación vigente para jueces y magistrados, por la que se considera que los jueces condenados a penas inferiores a seis meses de prisión no sean expulsados de la carrera.

Dicha argumentación ha sido bien recibida por parte importante de la carrera fiscal. El portavoz de la asociación que ejerció como acusación popular en la causa contra García Ortiz, apoya la línea marcada por la Fiscalía General, al entender que tanto el Reglamento como el Estatuto del Ministerio Fiscal se deben interpretar conforme a lo que también señala de forma expresa la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El destino final de García Ortiz no ha sido lo que más división ha generado en el seno del Ministerio Fiscal. Lo que ha causado un profundo malestar y el cabreo de la mayoría de la carrera ha sido su decisión de permanecer en el cargo hasta que la Sala de lo Penal le ha condenado a dos años de inhabilitación.

Fuentes fiscales insisten en que la gestión desde la cúpula de la Fiscalía General del Estado "no ha sido la más acertada" desde el inicio del procedimiento seguido por el magistrado Ángel Hurtado. La negativa de Ortiz a dimitir ha causado "un daño irreparable", sentencian.

La iniciativa de Peramato para acercarse a las asociaciones puede ser el primer paso para el comienzo de una nueva etapa en el Ministerio Fiscal. Las asociaciones ven en quien hasta ahora era fiscal de Sala Jefa de la Sección de lo Penal del alto tribunal la oportunidad de abrir un nuevo periodo en la cúpula de la Fiscalía y de recuperar la credibilidad de la institución.

La nueva fiscal general tiene varios retos por delante entre los que destaca la necesidad de recoger el guante lanzado por las asociaciones y tratar con Bolaños varias de sus reivindicaciones. Que las líneas maestras del cambio de modelo procesal que pretende impulsar el Gobierno se haga de la mano de los miembros de la Fiscalía.