La Universidad Complutense de Madrid ha remitido un informe al juzgado de Peinado en el que informa sobre la cantidad destinada al software vinculado a la cátedra de Begoña Gómez. En total, la ICAM invirtió 108.765,79 euros en la plataforma digital destinada al título codirigido por la mujer del presidente del Gobierno.

Estos fondos públicos provienen, según el documento al que ha accedido El Independiente, de distintos contratos y facturas incorporadas al sumario de la causa. Asimismo, la entidad pública informa al juez que este gasto corresponde al desarrollo de la aplicación que no llego a ponerse en marcha.

La Complutense ha cuantificado también los costes de personal, que alcanzan 4.743 euros. En consecuencia, el coste total asciende hasta los 113.509,32 euros. En concreto, se destinaron en el ámbito de la Intervención de la UCM se gastaron 1.283 euros, de la vicegerencia de contratación de la UCM 1.028 euros, en la escuela de Gobierno 1.650, poco más de 500 euros de los servicios informáticos y 278 euros respecto del ámbito de los servicios jurídicos, en el ámbito de los procesos de contratación administrativa.

La mujer del líder del PSOE está siendo investigada, entre otros delitos, por un presunto delito de apropiación indebida respecto al software vinculado a su cátedra. En concreto, se le acusa de este delito por haber registrado la marca de TSC Transformación Social Competitiva, que se usó también para la plataforma digital, a su nombre.

Entre las empresas que invirtieron en el desarrollo de la plataforma destaca Google, se comprometió al pago de un total de 110.00 euros. Indra con un presupuesto firmado por 128.442 euros para trabajos de diseño y desarrollo de módulos y Telefónica con 55.000 euros.

Además de las aportaciones privadas, cuyo dinero pasó a ser de propiedad pública y gestionado por la UCM, la universidad invirtió importantes cantidades para su desarrollo. En concreto, se pagó 75.499 euros a la empresa Deloite Consulting SLU a través de varios contratos.

El juez Peinado también investiga a Gómez por un delito de malversación por el uso de los servicios de su asesora como esposa del presidente, Cristina Álvarez, para su actividad privada. Varias de las empresas que trabajaron en el desarrollo del software sitúan a la empleada de Moncloa en varias reuniones, lo que afianza los indicios por malversación.